Los ocho roces entre Asturias y el Gobierno de Pedro Sánchez

El Principado y el Estado han tropezado en múltiples escollos en menos de cuatro meses desde la vuelta del PSOE a La Moncloa. Las secuelas del desgarro interno en el partido se filtran a las relaciones personales e institucionales

El presidente del gobierno Pedro Sánchez, durante una reunión en el Palacio de La Moncloa con el Presidente del principado Asturias, Javier Fernández
El presidente del gobierno Pedro Sánchez, durante una reunión en el Palacio de La Moncloa con el Presidente del principado Asturias, Javier Fernández

Redacción

La cordialidad está excluida del trato entre Javier Fernández y Pedro Sánchez. Las secuelas de los enrevesados juegos de poder en el PSOE y del ciclo de ascenso, caída y retorno del secretario general pusieron demasiada distancia y algunos agravios personales entre ambos. Se nota en las relaciones institucionales entre las presidencias del Gobierno y de Asturias, que con la llegada de Sánchez a La Moncloa no partían de cero, sino de menos diez. Fernández y los consejeros de su gabinete autonómico no se privan de enunciar en público sus decepciones y sus discrepancias con el Ejecutivo central y con las decisiones de algunos ministros. Aunque hasta ahora ninguna de las dos partes ha olvidado la pertenencia a un mismo partido y las discrepancias se expresan de manera contenida, sin excesos verbales que enconen los enfrentamientos, en menos de cuatro meses ha quedado clara la existencia de toda una serie de diferencias en los enfoques y falta de acuerdos de fondo en cuestiones esenciales para Asturias.

Futuro del carbón. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, firme partidaria de una descarbonización acelerada de la economía española, desafía los planteamientos tradicionales del PSOE asturiano cada vez que expone sus objetivos. La sensación (casi la certeza, aunque en política nunca se puedan descartar giros de último minutos en los acontecimientos) de que el Gobierno no moverá un dedo para evitar el cierre de los últimos pozos activos de Hunosa al acabar el año subvierte el discurso y el compromiso del PSOE con las cuencas mineras, uno de sus reductos en Asturias. Incluso la nueva dirección de la Federación Socialista Asturiana, ajena al 'javierismo', ve con inquietud esa decisión.

Cierre de las térmicas. Otra política derivada de la descarbonización y defendida por la ministra Ribera que choca con el planteamiento del Principado, que apuesta por alargar la vida de las instalaciones para preservar los empleos y la quema de carbón autóctono, así como para garantizar el suministro eléctrico a la industria asturiana que depende de él para funcionar. Ribera, sin embargo, quiere que ya en el 2020 todas las centrales que no hayan hecho inversiones en tecnología para reducir sus emisiones de CO2 dejen de funcionar.

Céntimo verde y peajes de acceso eléctrico. La fiscalidad de la electricidad y la fijación de sus precios enfrentan también a Asturias con las decisiones del Gobierno central. El portavoz del Ejecutivo regional, Guillermo Martínez, ha dejado claro esta semana el disgusto por la retirada del céntimo verde que gravaba y encarecía el precio del gas para estimular el uso de esa fuente de energía frente a los hidrocarburos como el carbón, para los que el impuesto se mantiene. Tanto Martínez como el propio presidente Fernández han alertado de la pérdida de competitividad del carbón para conseguir consumidores industriales. Asturias, además, considera que las justificaciones para el cambio contenidas en el Real Decreto que lo consagra están equivocadas y pone en duda su eficacia.

El consejero de Industria, Isaac Pola, ya ha anunciado que planteará esas objeciones la próxima semana en una reunión ya prevista con el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal. A los reproches podrá añadir otra medida recién aprobada que el Principado también considera discriminatoria para Asturias: la revisión de los peaje de acceso a la red eléctrica (que integran los costes de transporte y distribución de la electricidad, entre otros conceptos, y suponen algo más del 40% del importe de la factura). El Gobierno los ha revisado a la baja para los tramos de potencia más empleados por la industria vasca, que no coinciden con los instalados en Asturias, en lo que muchos observadores consideran un pago por el apoyo del PNV a la moción de censura contra Mariano Rajoy. El Gobierno asturiano no ha usado ese argumento, pero sí se queja de que esa decisión equivale a permitir una rebaja de costes para las industrias con base en el País Vasco, mientras que la gran industria asturiana, muy dependiente de la electricidad para sus procesos, sigue estancada en tarifas más altas.

Financiación autonómica. En agosto, al Principado le sentó muy mal que, como muestra de normalización y distensión de las relaciones con Cataluña, el Gobierno aceptara un encuentro bilateral con la Generalitat para preparar el debate inminente del nuevo modelo de financiación autonómica. Para Asturias, como para todas y cada una del resto de las comunidades, es fundamental que el nuevo marco se adapte a sus necesidades y sus características, y la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, no tardó en oponerse firmemente a la exploración de cualquier avance a dos bandas. El Principado, por el contrario, defiende una negociación multilateral, clara y sin secretos en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano reúne al Gobierno central y a todas la comunidades.

Liquidación del IVA. Por las mismas fechas, a Carcedo le correspondió poner voz y cara a otra diferencia relevante con el Gobierno central. El nuevo equipo del Ministerio de Hacienda asumió una reforma puesta en marcha por el PP antes de la moción de censura y decidió mantener un cambio en la liquidación del impuesto que retrasa el momento en que las comunidades autónomas lo perciben. De esa manera, el importe de diciembre no se abona hasta enero, lo que genera desequilibrios en las cuentas autonómicas. En el 2017, ese desfase costó a Asturias entre 70 y 75 millones de euros y al Principado no le hizo ninguna gracia la sugerencia de Hacienda de que pidiera un préstamo por esa cantidad mientras se solucionaba el problema. Carcedo señaló que esa supuesta solución no era aceptable porque llegaría a costa de empeorar el endeudamiento autonómico.

Ministro elusivo. En la sede del Principado no se comprenden las ausencias del ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, en un momento de continuo debate sobre obras y proyectos la región. El número tres del partido se desenganchó de un acto previsto para el 18 de septiembre en Gijón y envió en su lugar al secretario general de Infraestructuras, José Javier Izquierdo. El disgusto empeoró la semana pasada, cuando Ábalos visitó Galicia y Cantabria en una gira por el noroeste de España que, sin embargo, se saltó a Asturias. Siguen pendientes la finalización de la variante de Pajares o la plasmación del plan para invertir 500 millones de euros en las cercanías ferroviarias que había anticipado Jesús de la Serna antes de caer con el resto del gabinete del PP. Hay también otros asuntos pendientes que el consejero Fernando Lastra ha pedido tratar en una reunión próxima para compensar esa omisión de Asturias en el viaje ministerial: la recuperación de la autopista del mar, la revisión del peaje del Huerna o la situación de un aeropuerto que se ha quedado sin vuelos internacionales y sometido a unas tarifas insoportables para las conexiones nacionales.

Peaje del Huerna. La respuesta de Izquierdo a las reclamaciones de Castilla y León y Asturias para que se incluya la A-66 entre las autopistas cuyos peajes rescatará el Estado antes de la fecha de caducidad de las concesiones a sus adjudicatarios privados no sentó bien. El alto cargo del ministerio considera que, dado el tiempo que queda hasta la expiración de ese contrato en el 2050. el precio es inasumible, aunque abrió la puerta a estudiarlo si las dos comunidades autónomas se brindaran a cofinanciar ese gasto. Lastra le ha recordado que los conductores asturianos que se dirigen a Madrid pagan también otro peaje en el túnel del Guadarrama y ha señalado la imposibilidad de deslindar ambos asuntos. 

Gestión del aeropuerto. La última china en el zapato es la terminal asturiana. En la misma semana que la aerolínea portuguesa TAP ha anunciado su marcha, lo que deja a la comunidad autónoma sin una sola conexión aérea internacional y sumida en quejas por su aislamiento, y las tarifas para los vuelos de ida y vuelta a Madrid han alcanzado niveles mareantes, superiores a los mil euros por pasajero, el Principado ha desviado la críticas por su gestión. El portavoz del Ejecutivo regional, Guillermo Martínez, recordó el miércoles que sus competencias se limitan a la firma de acuerdos de promoción turística que pueden incentivar a alguna compañía para incluir Asturias en su oferta de destinos, pero minimizó el impacto de lo que puede lograrse gracias a ese herramienta y recordó que las grandes decisiones y la gestión global del aeropuerto están en manos del Gobierno central que lo gestiona, como el resto de las terminales españolas, a través de la empresa pública Aena.

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