La Iglesia encarga a un obispo asturiano investigar la pederastia en España

Juan Antonio Menéndez presidirá una comisión reservada que actualizará los protocolos y prevendrá las agresiones sexuales de menores

El obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, durante la rueda de prensa sobre el caso del sacerdote suspendido por el Vaticano
El obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, durante la rueda de prensa sobre el caso del sacerdote suspendido por el Vaticano

Redacción

Un obispo asturiano será el encargado de investigar la existencia de casos de pederastia entre el clero en España, de actualizar los protocolos de actuación en casos de abuso y de poner en marcha una normativa para evitar nuevas agresiones. La persona elegida por la Conferencia Episcopal para esta labor es el obispo de Astorga Juan Antonio Menéndez, natural de Grado y que ostentó el cargo de vicario general de la Diócesis de Oviedo. Menéndez tiene experiencia previa, ya que fue el encargado de instruir el caso de La Bañeza.

La Conferencia Episcopal explica que el Papa Francisco ha convocado a los presidentes de las diferentes conferencia a una reunión en febrero de 2019, para hablar de los casos de abusos en una reunión privada. Con el objetivo de preparar ese encuentro la Iglesia española ha creado la comisión y al frente ha colocado a Menéndez.  El cardenal Ricardo Blázquez ha dejado claras sus funciones. Explica que tenga «un cariz fundamentalmente jurídico». Junto al obispo asturiano habrá juristas de la Junta de la Episcopal de Asuntos Jurídicos; del Servicio Jurídico Civil; del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica; del Servicio Jurídico de CONFER; y de la Vicesecretaría para Asuntos Generales.

Hasta febrero, este equipo de trabajo tendrá que actualizar los protocolos de actuación de la Iglesia española, que están sirviendo hasta ahora, para tratar los casos de abusos a menores desde el punto de vista jurídico y canónico. Posteriormente, trabajará en la redacción de una nueva normativa de la CEE para la prevención y protección de abusos sexuales a menores. Esa normativa tendrá que, a su vez, amoldarse a  la redactada por la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, para «ayudar a las Conferencias Episcopales y a las Congregaciones religiosas a desarrollar e implementar políticas y procedimientos para la protección de menores y adultos vulnerables contra el abuso sexual, para responder a los abusos en la Iglesia y para demostrar integridad en este trabajo».

La Conferencia Episcopal Española explica que cuenta desde junio de 2010 con dos protocolos de actuación. «Ambos son una ayuda a los obispos, sacerdotes, religiosos e instituciones eclesiásticas sobre la forma de proceder en caso de agresiones o abusos sexuales a menores, o posesión de pornografía infantil, entre otros supuestos», detalla. La Conferencia insiste en que la Iglesia católica «asume el compromiso de: cuidar y educar, con respeto y ejerciendo su ministerio; proteger a todos menores y adultos vulnerables; crear comunidades seguras y solidarias que ofrezcan un entorno de amor donde haya una vigilancia informada sobre los peligros del abuso. Y lo hará: seleccionando y formando cuidadosamente a todos aquellos con alguna responsabilidad en la Iglesia; respondiendo a cada queja de abuso contra el personal de la Iglesia;  procurando ofrecer un ministerio apropiado de cuidado pastoral a aquellos que han sufrido abuso; y procurando ofrecer asistencia y apoyo pastoral, incluyendo supervisión y remisión a las autoridades apropiadas, a cualquier miembro de la comunidad eclesiástica, que se sabe que ha cometido un delito contra un menor, joven o adulto vulnerable».

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