¿Sobre qué reclaman los asturianos al Consejo de Transparencia?

El organismo estatal recibe las peticiones de ciudadanos que han obtenido silencio o información insuficiente del Principado o los ayuntamientos


Redaccion

La Ley de Transparencia y Buen Gobierno, aprobada a mediados del pasado mes de septiembre, se convirtió en la principal norma legislativa aprobada por el parlamento asturiano en esta legislatura, con un amplio respaldo de la cámara (recibió el voto afirmativo de todos los grupos salvo Podemos, que se abstuvo) y con el propósito de convertirse en una herramienta esencial para la lucha contra la corrupción y también para garantizar el acceso de la ciudadanía a la información pública que pueda requerir a la administración. Pero antes de que se aprobara la ley, Asturias ya era una de las ocho comunidades autónomas que había firmado un convenio con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el organismo que a nivel estatal se encarga de velar por el cumplimiento de la normativa de información accesible y también de mediar si las administraciones regionales no han hecho caso a las reclamaciones de los ciudadanos. El consejo hace públicas además sus estadísticas sobre la demandas que reciben, y que, en el caso de Asturias, sumaron más de un centenar a fecha de septiembre de este año entre las presentadas ya desde enero y las acumuladas desde 2016.

¿Sobre qué asuntos llegan las reclamaciones asturianas al consejo? Sobre materias muy variadas y con muy diversa fortuna. En el caso concreto de 2018, el consejo recibió 43 reclamaciones (suman 105 en el acumulado desde 2016) la mayoría de ellas iniciadas después de haber recibido el silencio como respuesta de la administración regional como de ayuntamientos; aunque también se han dado casos en los que el demandante no había quedado conforme con la información ofrecida y por eso apeló al consejo estatal. Hay preguntas sobre medioambiente, con reclamaciones respecto a vertidos de la papelera Ence, necropsias a los osos aparecidos en Cangas del Narcea, vertederos varios, el uso del glifosato y también información sobre playas y derrumbes en el monte. Todas ellas fueron inadmitidas o desestimadas, en muchas ocasiones por quedar fuera del ámbito de la legislación de transparencia.

Pero hay algunas que sí fueron estimadas por el consejo. Una de un ciudadano que reclamó información sobre las rutas de transporte de su hija y que había recibido el silencio de la administración del Principado; hay también dos reclamaciones aceptadas que atañen a entidades municipales en los que en un caso el ciudadano solicitó las tarifas de auto-taxi (en Oviedo) y en otro las actas de las comisiones municipales de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2017 (en Siero). En ambos casos los consistorios habían dado el silencio como respuesta. Se estimó sólo parcialmente una reclamación ante la comunidad autónoma sobre información de talas efectuadas en los montes; y varias más fueron archivadas. 

En números absolutos, la comunidad de Madrid (que tiene mucha más población) es la que más reclamaciones suma ante el consejo, hasta 455. Le siguen Castilla-La Mancha, con 220; Cantabria con 156; Extremadura, con 126; las 105 que corresponden a Asturias; y son 26 en el caso de La Rioja, además de las 51 registradas desde Ceuta y 11 más en Melilla. 

Los datos globales para el conjunto del Estado revelan que el consejo recibió en 2018 hasta 413 reclamaciones respecto a administraciones territoriales, tanto comunidades autónomas como entidades locales y 553 que se dirigían a la administración estatal. En la estadística de actividda del consejo se detalla que en la mitad de los casos se atiende a reclamaciones de ciudadanos, y un gran bloque (hasta el 39% del total acumulado) se refiere a peticiones de información. Las denuncias y quejas son más minoritarias.

Respecto al sentido de la resolución, respecto a las peticiones acumuladas entre 2015 y el presente año, el consejo estimó la mayoría (un 58%) y desestimó un 39%. Pero hay diferencias respecto a los casos de reclamaciones al estado o ante las comunidades y ayuntamientos. El consejo fue más favorable para los ciudadanos en las demandas a administarciones locales y regionales, estimando el 70% de las reclamaciones. Ante el estado ese sentido favorable de la resolución cae hasta el 53%.

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