«O estos señores de Azsa reanudan el protocolo médico o nos iremos muertos»

Tres de los intoxicados por mercurio en 2012 inician una huelga de hambre frente a la fábrica

Tres trabajadores en representación de los 49 que resultaron en 2012 intoxicados por mercurio en las instalaciones de la fábrica de Asturiana de Zinc (AZSA) han iniciado una huelga de hambre
Tres trabajadores en representación de los 49 que resultaron en 2012 intoxicados por mercurio en las instalaciones de la fábrica de Asturiana de Zinc (AZSA) han iniciado una huelga de hambre

Tres trabajadores en representación de los 49 que resultaron en 2012 intoxicados por mercurio en las instalaciones de la fábrica de Asturiana de Zinc (AZSA) han iniciado una huelga de hambre que no depondrán hasta que vean cumplida su reivindicación de recibir atención especializa. Uno de los tres trabajadores que protagonizan esta protesta, Víctor Calota, trata de contener la emoción a la hora explicar sus objetivos: «Para irnos de aquí hay dos opciones, o estos señores (Azsa) reanudan el protocolo firmado para la atención médica, o si no, nos iremos muertos».

Estos trabajadores de la empresa Ingeniería Montajes Norte (IMSA) realizaban en diciembre de 2012 tareas de mantenimiento en la planta de tostación de Azsa (Asturias) donde fueron expuestos a mercurio y otros metales pesados, que con el tiempo les ha ido acarreando graves dolencias. El propio Víctor Calota, que compartirá tienda de campaña frente a la fábrica en su huelga de hambre con Carlos Martínez y David Román, ha recibido hoy la certificación médica de tiene un discapacidad de un 91%.

Lo que piden es un equipo médico multidisciplinario especializado en intoxicaciones por mercurio, porque la situación empeora con el tiempo con la presencia de cinco casos de parkinson, pérdida de campo visual y de oído, polineuropatías, cefaleas, lumbalgias, depresiones crónicas o pérdida de memoria reciente, entre otras varias dolencias. Los trabajadores se quejan de que, desde hace dos años, ha habido un incumplimiento del protocolo firmado entre la empresa y cada uno de los trabajadores afectados para cubrir de por vida las atenciones médicas especializadas. «Nos han engañado, nos han hecho firmar este protocolo para que desistiéramos de acudir a la vía penal», ha declarado Calota, que ha actuado como portavoz del colectivo.

Algunos de los trabajadores han hecho otras analíticas particulares en Madrid, en las que, además de mercurio, han dado positivo «con niveles altísimos» en cobre, plomo, cadmio y arsénico, según aseguran.

David Román, que tiene dificultades para escuchar las preguntas que le formulan, enseña una bolsa llena de medicamentos que tiene que ingerir cada día y explica que cuando ocurrió el accidente tenía planes con su mujer pata tener un hijo, que se vieron frustrados por el peligro que conllevaba. «Pensábamos que era un momento idóneo para tener un hijo pero me recomendaron que parara de intentarlo por el tema de la intoxicación porque se puede contagiar al futuro hijo», explica David.

Uno de los carteles que cuelgan de la fachada de una caseta habilitada para la protesta está inspirado en «El grito» de Edvard Munch, porque «refleja el horror de haber recibido mercurio», explica Dorinda Acevedo, de la Asociación de Intoxicados por Mercurio y otros Metales Pesados.

La cualificación del accidente y su correspondiente multa todavía está pendiente de resolución del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, según los afectados, para rebajar el grado de grave (empezó siendo muy grave) a leve. Un caso judicial que todavía se va a complicar más porque los afectados anuncian una denuncia por incumplimiento de la Ley de Protección de datos al compartir sus informes con otros médicos consultados por la empresa.

Una de las primeras visitas de representantes políticos que se han acercado a mostrar su apoyo a los trabajadores ha sido la de la eurodiputada de Podemos Tania González, que ha destacado el hecho que se trata del accidente por intoxicación por mercurio más grave que ha ocurrido en Europa y que, sin embargo, «están sometidos a un abandono tremendo de las administraciones públicas que no se puede tolerar».

Los trabajadores también exigen a la Consejería de Sanidad y a la mutua Fremap el cumplimiento de sus obligaciones en cuanto a atención médica adecuada. Además, piden a la Consejería de Servicios y Derechos Sociales ayudas para aquellos que se encuentran en riesgo de exclusión social.

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