El interventor del Montepío de la Minería omitió mencionar su cargo en su testimonio ante la UCO

El Observatoriu Ciudadano Anticorrupción considera la actitud de Fernández Natal como ejemplo del «filibusterismo judicial» del que acusa al SOMA-UGT y a la mutualidad minera

Residencia del Montepío
Residencia del Montepío

El interventor del Montepío de la Minería y exsecretario de Organización del SOMA, Armando Fernández Natal omitió mencionar su actual cargo en la mutualidad minera al repasar su currículo en su declaración del pasado 26 de septiembre ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Fernández Natal fue interrogado por agentes de la UCO como testigo de la investigación que instruye el Juzgado nº 3 de Oviedo en torno al ‘caso Hulla’, en el que se investiga el presunto desvío de fondos públicos durante la construcción del geriátrico de Felechosa.

En su declaración, a la que ha tenido acceso La Voz de Asturias, y a preguntas de los agentes «para que diga los estudios que posee y por la actividad profesional que ejerce actualmente, así como desde cuándo la realiza»,  Fernández Natal enumera su diplomatura en Ingeniería Técnica de Minas, su trabajo «en el sector de la construcción», su incorporación a Hunosa entre 1983 y 1986 y el desempeño como secretario de Organización del sindicato minero entre 2002 y 2010. No menciona, por el contrario, ni en esta pregunta ni en los seis folios de la declaración su condición de interventor en el Montepío y Mutualidad de la Minería Asturiana, cargo al que se incorporó en julio de 2016 y que desempeña en la actualidad. 

Fragmento de la declaración de Armando Fernández Natal ante la UCO
Fragmento de la declaración de Armando Fernández Natal ante la UCO

Esta omisión ha sido considerada por el Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción d’Asturies (OCAN)  como un «ejemplo» del «filibusterismo judicial» del que acusa al SOMA-UGT y al Montepío. Con ese término, la organización vinculada a Podemos -que se persona también como acusación popular en el ‘caso Musel’- alude en un comunicado a lo que considera como una estrategia de «piratería judicial».

Para OCAN, ambas entidades estarían intentando «hacerse pasar por víctima cuando se puede ser culpable» al personarse como acusación en el caso, y por otra parte «empeñándose en desmontar las acusaciones y defender los mismos argumentos que los investigados». OCAN considera precisamente ejemplo de esta última actitud «la testifical del octubre Armando Fernández Natal “olvidó” que es el actual interventor de la mutualidad obrera». En ella, todas sus declaraciones se refieren a su cargo como secretario de Organización en la Ejecutiva del SOMA o a su presencia en la Mesa de la Minería.

En su comunicado, OCAN celebra, por otra parte, el «impulso» que ha imprimido a la investigación la UCO, con interrotagorios a una treintena de testigos, incluyendo algunos de los investigados; pero también advierte de que el Montepío y el SOMA-UGT estarían buscando «centrar» exclusivamente en el exsecretario general del sindicato y principal imputado, José Ángel Fernández Villa, «una mancha de corrupción que se extiende inevitablemente» a la mutua y al organización sindical, según OCAN.

La organización ciudadana evoca la actitud del PP respecto al 'caso Gürtel': «El PP se personó en la Gürtel y el Montepío y el SOMA hacen lo propio en el caso Hulla. Esto es piratería judicial: hacerse pasar por víctima cuando se puede ser culpable», argumenta presidente de OCAN, José Ángel Gayol, que señala que el sindicato «no ha presentado ni un solo escrito salvo para personarse».

En la «Operación Hulla» están siendo investigados, entre otros, el expresidente del Montepío José Antonio Postigo y Fernández Villa por su presunta autoría en los delitos de blanqueo de capitales, fraude de subvenciones, falsedad de documento oficial y mercantil, tráfico de influencias, apropiación indebida, contra la hacienda pública, malversación, cohecho y prevaricación, recuerda EFE. Según consta en la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción, el Montepío simuló contar con los requisitos necesarios para obtener la subvención pública de 31 millones con la que construyó la residencia.

Anticorrupción inició esta investigación después de que Villa y Postigo se acogieran a la amnistía fiscal de 2012 para regularizar 1,2 millones y 436.000 euros, respectivamente, fondos que sospecha que pudieron derivar de la obra del geriátrico. 

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