Asturias sale a la calle contra «la vergonzosa» sentencia del Supremo sobre las hipotecas
ASTURIAS
La Unión de Consumidores y la Federación de Vecinos convocan manifestaciones en Oviedo y Gijón
08 nov 2018 . Actualizado a las 15:24 h.A medida que van pasando las horas, las medidas de protesta se multiplican por el mapa español y Asturias no se ha quedado al margen. Asturias saldrá a la calle contra «la vergonzosa» sentencia del Tribunal Supremo que carga el gravamen de las hipotecas a los ciudadanos y no a los bancos. «Sin justicia independiente, no hay democracia» ese es el lema con el que La Unión de Consumidores de Asturias (Uce-Asturias) y la Federación de Vecinos de Gijón llaman a manifestarse este sábado, 10 de noviembre. La hora es a las doce y media. En Oviedo será en la plaza de Porlier, ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). En Gijón, en la Plaza del Parchís.
«En la historia reciente de la democracia española nunca la ciudadanía había cuestionado de una forma tan tajante las bases sobre las que se asienta la independencia del poder judicial como en las últimas tres semanas, a raíz de los cambios de criterio que el Tribunal Supremo ha realizado», señala el comunicado conjunto con el que ambas organizaciones tratan de movilizar a la ciudadanía.
Califica de «sorprendente maratón judicial» las sesiones y no da crédito al resultado final. «La imagen que ha dado el Supremo, máximo órgano jurisdiccional del estado Español dista de ser una imagen de eficiencia, seriedad y rigor sino todo lo contrario», argumenta. Lo peor, a su juicio, es la desconfianza que han generado, junto con la «alarmante inseguridad jurídica». Asegura que se ha producido una pérdida de prestigio que comenzó en mayo de 2013, con las cláusulas suelo, cuando determinó que no podía tener efecto retroactivo.
El presidente de UCE, Dacio Alonso, llama a todos sus socios, simpatizantes y a los consumidores en general a mostrar «su profundo rechazo a esta situación». Está convencido de que ha llegado el momento de «exigir un poder judicial independiente y una reforma de la Ley Hipotecaria que amplíe la protección al consumidor, como desde Europa se ha previsto hace ya cuatro años en una directiva que aún no se ha traspuesto al ordenamiento jurídico español».