La «revolución fiscal» de Casado generaría un agujero de 200 millones en las arcas asturianas
ASTURIAS
Tres de los tributos señalados por el líder del PP, Sucesiones, Patrimonio y el de Actos Jurídicos sirven para la recaudación de las comunidades
09 nov 2018 . Actualizado a las 05:00 h.El amago y retroceso por parte del Tribunal Supremo a la hora de decidir quién (si el banco o el cliente) tendría que pagar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados, sobre las hipotecas singularmente, desató un terremoto de reacciones primero en bolsa y después en el ámbito político con distintos posicionamientos. Si desde el Gobierno, los socialistas anunciaron reformas legales para evitar que la tasa recaiga en los clientes; el líder del PP, Pablo Caso aprovechó para desmarcarse con una «revolución fiscal» que incluyera, además de la supresión de ese tributo el de otros como Sucesiones y Patrimonio, y también una rebaja en el de Sociedades y el IRPF. Un total difícil de estimar pero que tendría un impacto relevante en las cuentas asturianas ya que rebajaría sustanciosamente sus ingresos.
Hay impuestos que son de competencia autonómica y otros del Estado pero cedidos a los territorios. Dentro de la propuesta de Casado, entran tres cuya recaudación es íntegra para las comunidades ya que los de actos jurídicos documentados, patrimonio y donaciones y sucesiones son tributos cedidos. Hay así una variedad de porcentajes de imposición que varían de una comunidad a otra y con ella su recaudación. En el caso del impuesto de Sucesiones y Donaciones, en Asturias están exentos de pagar el tributo los herederos directos que reciban hasta 300.000 euros. Son pocas las personas que llegan a pagar efectivamente el impuesto pero termina por recabar para las cuentas asturianas alrededor de 100 millones de euros al año. La cifra varía, en primer lugar porque no es posible prever cuánta gente morirá cada año y cuántos de ellos dejarán un legado suficiente para abonar la tasa. En el Principado varió entre los 106, los 121, y los 115. En el último año, según los datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) de 2017, por el impuesto de Sucesiones y Donaciones, el Principado recibió alrededor de 100 millones de euros.
El impuesto de Patrimonio logró recaudar 17 millones en Asturias el año pasado, es una cifra que también mantiene una tendencia estable a lo largo del último lustro. Así por Patrimonio el Principado obtiene cifras de de 18, 22 o 16 millones de euros desde 2012 a 2015. Por actos jurídicos documentados, el impuestos de las hipotecas que ha estado en cuestión estas semanas, Asturias recaudó 26 millones el año pasado. Y eso que en Asturias el impuesto es más alto; aquí, el AJD es del 1,2 por ciento, un tipo que es superior al que se aplica en Navarra (0,5) o Canarias (1), pero inferior al de Galicia o Cataluña (1,5).
De aplicarse la propuesta de Casado, sólo sumando estos impuestos en una estimación de cifras sobre la media de los últimos años, Asturias perdería de golpe casi 200 millones de euros. Para redondear o completar esta cifra estaría también el impacto de las rebajas de Sociedades y IRPF señaladas por el presidente del PP aunque no especificó ningún porcentaje ni variable.
Respecto a la recaudación en Asturias, el impuesto de sociedades está en retroceso ya que depende de las actividades de las empresas. En este sentido, según se recogió el pasado mes de abril, la recaudación por el impuesto de sociedades bajó el pasado año en Asturias un 11,3%, hasta 244 millones de euros;una tendencia inversa a la del conjunto del Estado ya que en España se incrementó hasta un 7%. Según los cálculos del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), tomando como estimación los 8.889 nuevos hipotecados de Asturias, los clientes del Principado se ahorrarían cada año más de 15,9 millones de euros, a una media de 1.793 euros de impuesto por hipoteca si se elimina.
Financiación autonómica
Todo ello se da en un contexto en el que aún no se ha terminado de definir el nuevo modelo de financiación autonómica y que resulta para Asturias una cuestión fundamental, ya que un elevado porcentaje de sus fondos proceden de los presupuestos generales del Estado.
En el debate sobre la financiación autonómica hay una fuerte división territorial en el que las comunidades del noroeste defienden que se tenga en cuenta estos criterios frente a los del número de habitantes dado que el coste de los servicios, desde la educación o la sanidad, es mucho más elevado en territorios con una población envejecida (lo que conlleva un mucho mayor gasto sanitario) o con núcleos muy dispersos (lo que requiere también mayor gasto para garantizar la misma oferta educativa). También se oponen al principio de ordinalidad (un límite a la solidaridad interterritorial) que postulan ahora las comunidades con mayor renta y también mayor capacidad de recaudación.
En diversas intervenciones el presidente asturiano, Javier Fernández insistió en que deben primar criterios de igualdad y en esa discusión, Asturias ha buscado una alianza con comunidades como Galicia o Castilla y León. A comienzos del verano, el presidente del Ejecutivo autonómico apremió al central a buscar una financiación que permita «ejercer la autonomía», y que, en su opinión, pasa por proporcionar la educación, la sanidad, los servicios sociales, la protección del medio ambiente o la cultura lo que requiere defender la equidad en la provisión de los servicios públicos. «De lo contrario, contribuiremos a agrandar las desigualdades, a construir, por la vía del dinero, un Estado competitivo y dual en lugar de uno cooperativo y solidario. A la diferencia que ya existe entre las comunidades forales y las demás, sumaríamos otra aún más cruda: la que separa a ricos de pobres».