Penas de entre seis meses y seis años para una red que traficaba con cocaína
10 nov 2018 . Actualizado a las 18:02 h.Cuando la Audiencia Nacional juzgó a principios de siglo la operación Temple, el decomiso de catorce toneladas de cocaína en el buque Tammsaare y en una vivienda de A Pobra, los magistrados fueron inmisericordes con Ana Garrido Álvarez, a la que impusieron entonces más de treinta años prisión, una sentencia que posteriormente modificaría parcialmente el Supremo. Ahora la asturiana conocida como la Reina del Norte ha sido nuevamente condena por su participación en un entramado organizado que estaba tratando de introducir cocaína procedente de Sudamérica en territorio nacional, principalmente, a través de los puertos de Marín y de Vigo.
Sin embargo, a diferencia de lo que había ocurrido con el alijo del Tammsaare, el papel de Ana Garrido en este nuevo organigrama estaría muy alejado de lo que sería un rol prominente, ya que los magistrados la consideraron apenas conspiradora de un delito contra la salud pública con la agravante, eso sí, de reincidencia. La pena, tres años de prisión que la asturiana puede recurrir.
De este modo, la Audiencia Nacional impone penas que se mueven entre los seis meses y los seis años a los once acusados en el marco de esta investigación. La misma tuvo su origen en una serie de seguimientos a la Reina del Norte, lo que permitió al Greco de Pontevedra recabar indicios sobre «la comisión de un posible delito de tráfico de drogas, al existir datos de que entre las ciudades de Madrid, Málaga y Pontevedra se están realizando por una red de personas una operación de transporte de cocaína con destino al territorio español».
La Audiencia Nacional, de hecho, avala que los agentes pontevedreses hubieran colocado un dispositivo de geolocalización en el vehículo que habitualmente conducía Ana Garrido. De igual modo, se ratificó la legalidad de las escuchas telefónicas.
Los magistrados relatan que las pesquisas de los agentes de la Policía Nacional fructificaron en agosto de hace dos años cuando se autorizó la entrada y registro de una finca en la localidad madrileña de El Vellón en la que se ubicaba una vivienda cuyo salón se había transformado en un laboratorio para la elaboración de la sustancia estupefaciente.