La Fiscalía pide para ella 9 años de inhabilitación para empleo o cargo público
20 nov 2018 . Actualizado a las 16:43 h.Una exconcejala del Ayuntamiento de Llanes y una trabajadora social afrontan sendas peticiones de la Fiscalía de 9 años de inhabilitación para empleo o cargo público por la concesión de una ayuda municipal a un condenado por violencia de género para pagar la multa que eludía la prisión, según informa EFE.
La Fiscalía considera que ambas acusadas cometieron sendos delitos de prevaricación en concurso medial con malversación de caudales públicos y pide que indemnicen, solidariamente, al Ayuntamiento de Llanes, con 1.500 euros. La acusación pública sostiene que, el 1 de abril de 2014, un hombre solicitó al Ayuntamiento de Llanes la prestación de una ayuda de 1.500 euros para «pago de una multa urgente y no ir a prisión», que le fue cumplimentada «de puño y letra» por la concejal de Asuntos Sociales e integrante de la Comisión de Violencia de Género.
La concejal, a su vez, aprobó su concesión previa valoración favorable de la trabajadora social, y ello, según la Fiscalía, pese a que no se cumplían los requisitos necesarios para su otorgamiento puesto que no respondía a la finalidad para la que se habían establecido tales ayudas. La acusación pública mantiene que la ayuda solicitada por el hombre tampoco se trataba de ninguna emergencia social con ocasión de alguna calamidad acontecida o por necesidad sobrevenida.
El solicitante de la ayuda había sido condenado, por un juzgado de Llanes, en 2012, por un delito de quebrantamiento de las penas de prohibición de aproximación y comunicación con su compañera sentimental impuestas, siete años antes, por un juzgado de Oviedo por dos delitos de lesiones.
En la sentencia se le impuso una pena de 200 días de prisión que le fue sustituida por 200 días de multa con cuota diaria de 5 euros, concediéndosele el pago fraccionado en 24 plazos mensuales. Sin embargo, el hombre dejó de abonar los plazos a los que se había comprometido, por lo que, en 2014, se acordó el cumplimiento de la pena privativa de libertad.
Para evitar su ingreso en prisión, el acusado refirió en el Juzgado que ingresaría «voluntariamente» el dinero y afirmó que su abogado había solicitado su sustitución por trabajos en beneficio de la comunidad, si bien acudió a solicitar la ayuda al Ayuntamiento de Llanes, donde había trabajado en diferentes periodos.
La entonces concejal delegada de Asuntos Sociales resolvió conceder 1.500 euros, como ayuda económica «de carácter social y urgente», para el pago de la multa y evitar la cárcel al solicitante, a ingresar en la cuenta asignada al juzgado «con compromiso de devolución y con cargo a Emergencia Social 2014», según la Fiscalía.
A través de una transferencia, se consignó el dinero, por lo que los fondos públicos fueron destinados, «sin justificación alguna, a que un ciudadano eludiera su responsabilidad personal derivada de la comisión de un hecho delictivo», vulnerando la Ley del Principado de Asturias de Servicios Sociales de 2003, afirma la Fiscalía.
El presidente de la Mancomunidad de Concejos Llanes-Ribadedeva inició, en 2015, un expediente de Declaración de Lesividad del acto por el que se concedía la ayuda, y el Juzgado Contencioso-Administrativo 1 de Oviedo, en 2016, acordó su anulación, confirmando el acuerdo que determinaba la declaración de lesividad. El juicio se celebrará mañana, miércoles, a las 10:00 horas, en el Juzgado de lo Penal 2 de Oviedo.