Redacción

Finalmente, a falta sólo de seis meses para la convocatoria de las elecciones autonómicas de mayo del año próximo, Asturias contará, por primera vez en toda la legislatura, con unos presupuestos apoyados por las tres fuerzas progresistas con representación en la cámara regional: PSOE, Podemos e Izquierda Unida. El segundo y último mandato de Javier Fernández ha estado marcado por las prórrogas presupuestarias con un único acuerdo cerrado, con el PP, en el ecuador del ejercicio. La tónica hasta los últimos días de noviembre de 2018 ha sido que los tres partidos se miraran de reojo la mayor parte del tiempo y todos coinciden, en mayor o menor medida, que el hecho crucial que permitió el último y definitivo acercamiento fue a nivel estatal, ya con el PSOE en el Gobierno después de la moción de censura, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias hubieran pactado un anteproyecto para las cuentas del país que sirvió de mimbre para armar el cesto en el Principado. La paradoja es que quizá los presupuestos generales nunca lleguen a aprobarse mientras que los asturianos saldrán adelante en esta ocasión.

«Han sido semanas de encuentros, desencuentros y reencuentros» explicaba en la presentación de los números la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, antes de agradecer a las tres fuerzas en liza que se hubiera llegado finalmente a un acuerdo a pesar de todos los obstáculos. Carcedo también destacó que, una vez presentado el anteproyecto para ser sometido a la cámara autonómica «este presupuesto es el del Gobierno, lo asumo como mío y es una buena noticia que lo haya». 

Sólo unas semanas atrás, con la celebración del Debate de Orientación Política (el conocido como debate sobre el estado de la región) las expectativas de que pudiera llegarse a un acuerdo aún al final de la legislatura parecían bien pocas. La primera sesión del pleno estuvo marcada por un duro enfrentamiento, con ásperos reproches mutuos entre el presidente Javier Fernández y el portavoz de Podemos, Enrique López. Con todo, en ese mismo cruce de réplicas Fernández y López coincidieron en disentir (y fue una primera coincidencia) sobre que el año pasado se estancó el acuerdo cuando se bloquearon las posturas sobre la escuela de 0 a 3 años y ambos se retaron a asumir el entendimiento nacional entre socialistas y morados sobre este asunto como base para el pacto en Asturias.

Hubo que digerirlo en varias reuniones, pero el acuerdo llegó en esa materia al igual que en las otras dos que había marcado Podemos como pilares de la negociación; un plan contra las listas de espera sanitarias y una rebaja sustancial de las tasas universitarias. Con Izquierda Unida, como ha sido a lo largo de la legislatura, los acuerdos fueron más sencillos y fue la coalición la que puso sobre la mesa una demanda en materia fiscal: en el proyecto de presupuestos se incluye un aumento del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (el tributo que desató una enorme polémica en el Tribunal Supremo cuando tuvo que decidir si en los procesos de hipotecas debía abonarlo la banca o el cliente) y que pasará del 1,2% al 1,5%. Fue además por decreto del Gobierno central que se fijara que finalmente lo pagarán las entidades financieras. Este incremento supondría una subida en la recaudación del Principado de 3,6 millones de euros sobre los 29,9 millones presupuestados como ingresos para este año para dicho tributo.

Si bien es cierto que, una vez abierta la negociación, la disposición de Podemos a que por fin se culminara el pacto parecía más cercana que nunca, también hubo varios altibajos. El último de ellos casi en la víspera de que sonara la campana, pasado fin de semana cuando ante el bloqueo en el diálogo, el secretario general de los morados, Daniel Ripa, reclamó que fuera Adrián Barbón, su homólogo en la FSA, el que participara directamente en las conversaciones. Para los socialistas esta demanda se percibió como una provocación y un intento de 'puentear' a un Javier Fernández que ya está de salida.

En cierto modo cada partido implicado tendrá que elaborar y reconstruir el 'relato' de por qué se ha llegado ahora a un pacto que se negó con vehemencia en el pasado. En el primer año de la legislatura, el presupuesto coincidió con las elecciones generales y Podemos anunció su enmienda a la totalidad una vez que ha se había hecho el recuento de las urnas a pesar de haber dicho que aclararía su posicionamiento antes de los comicios. El segundo año coincidió con la asunción por parte de Javier Fernández de la presidencia de la gestora del PSOE y la investidura de Rajoy con una abstención socialista, lo que hacía que tanto morados como IU huyeran de su compañía (aunque el rechazo explícito de la coalición a las cuentas se llevó de mala gana al parlamento, forzados por la dirección después de haber trabajado en varios de los puntos de las cuentas). En el tercer año, cerrado ya el acuerdo con IU, Podemos se desmarcó en el último momento con la petición de que se subvencionara íntegramente la matrícula de la escuela de 0 a 3 pero sólo para las familias ya inscritas y rechazó la rebaja del 50% que luego aceptó para aprobar el crédito extraordinario.

Si IU quiere llegar a las elecciones con el mensaje de que ha sido una fuerza «constructiva» a lo largo de los últimos cuatro años, Podemos juega a poder compaginar que ha sido exigente hasta el desgaste absoluto no con el PSOE, sino con el PSOE de Javier Fernández, y que se prepara para, en un futuro, llegar incluso a la colaboración gubernamental con el de Adrián Barbón. El propio secretario general de la FSA trató de presentarse el año pasado como un asidero para el acuerdo que hasta entonces se había negado pero también recibió el rechazo morado en la primera ocasión. En la segunda no y cerrado ya pacto pudo firmar, primero con Podemos y luego con IU, el acuerdo político con el que se garantizan las cuentas para los últimos seis meses de esta legislatura pero sobre todo, y por encima de todo, para los primeros seis meses de la próxima.

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Un presupuesto cocido a fuego lento