Reclaman al Gobierno un nuevo sistema de evaluación y acreditación del profesorado
06 dic 2018 . Actualizado a las 12:10 h.Docentes asturianos se han unido al movimiento contra lo que denominan el Anecazo y reclaman un nuevo sistema de evaluación y acreditación del profesorado que responda a criterios coherentes, equitativos y justos. Una de las portavoces de este movimiento, aglutinado en el colectivo UniDigna, es Aquilina Fueyo, exdecana de Formación del Profesorado y actual directora del Área de Innovación Docente, del Vicerrectorado de Recursos Materiales y Tecnológicos en la Universidad de Oviedo. Fueyo fue una de las representantes que se entrevistó hace unos días con el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, para exponerle sus planteamientos y para invitarle a unas jornadas que están organizando para abril, bajo el título Por una Universidad al Servicio del Bien Común y comprometida socialmente.
El colectivo UniDigna trasladó a Pingarrón la situación de inestabilidad y la falta de expectativas de promoción generadas a causa del endurecimiento de los criterios de acreditación y evaluación en el real decreto 415/2015. Comentó que esos criterios han precarizado la situación de una parte del profesorado, «que ha sufrido durante el periodo de la crisis unas condiciones de trabajo inaceptables y que ahora ve frustradas sus justas expectativas de estabilización y promoción». Por eso, considera imprescindible abrir «un debate público acerca de los problemas que se derivan de haber consolidado un modelo de evaluación de la carrera profesional que da prioridad a una actividad investigadora de corte productivista y credencialista que relega otros criterios relacionados con la relevancia social y académica de lo que se publica». Lo que subyace, a su juicio, es «la desconsideración de la actividad docente y de otras funciones de extensión universitaria que acaban por ser marginales en la valoración del trabajo profesional».
Otro de los aspectos que el colectivo cuestiona es el papel que están jugando las administraciones públicas, «al cooperar vía financiación con un sistema que legitima el monopolio de la evaluación científica por parte de multinacionales privadas del conocimiento, utilizando para ello indicadores de calidad vinculados únicamente al factor de impacto de las revistas en las que se publica y no de los artículos o las investigaciones de las que estos se derivan».
Frente a estos planteamientos, el secretario General planteó algunas opciones. Su primero paso será reunirse con el director de la Aneca, para proponerle desarrollar unos criterios de acreditación del profesorado universitario que sean «claros, transparentes, conocidos y consensuados, a fin de evitar una serie de anomalías detectadas en los procesos de evaluación».
Pingarrón también mostró las acciones estratégicas que el Ministerio de Educación va a impulsar en la mesa de trabajo del Estatuto del Personal Docente Investigador (PDI) para conseguir una carrera profesional que garantice las condiciones de acceso, estabilidad y de promoción del profesorado universitario. Ese modelo, que habría que consensuar, pretende acabar con la precariedad asociada al uso excesivo de figuras contractuales como la de los profesores asociados. Así, la idea inicial, es que haya una primera fase de seis años, cuyo requisito previo sería el de ser doctor. Estaría sometida a una evaluación docente e investigadora desarrollada de manera autónoma por, a los tres y a los seis años. La movilidad sería un mérito a tener en cuenta. Posteriormente, sería la Aneca la que tendría que establecer un proceso de evaluación para acreditar al profesorado a figuras contractuales estables, como contratado doctor y titular de universidad. Habría un sistema de promoción automática a la figura de catedrático. Todos los criterios sería transparentes y conocidos.
Los portavoces de UniDigna explican que secretario señaló algunas cuestiones respecto a los modelos de ciencia basados en la publicación en abierto, el conocido como Open Access.