La fiscalía reclama 7 años de cárcel y 18 de inhabilitación y le acusa de un delito continuado de falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos
08 dic 2018 . Actualizado a las 13:01 h.La Fiscalía solicita 7 años y 6 meses de cárcel y 18 años de inhabilitación a un funcionario del Principado que será juzgado, junto a tres responsables de dos empresas de una UTE, por el sobrecoste de una obra en Siero, valorado en 149.332 euros, a los que se suman otros 10.250 euros por el incremento del tipo de IVA.
El Principado había suscrito un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Siero para la ejecución de las actuaciones incluidas en el Plan «Asturias», de fomento del empleo y mejora de las infraestructuras locales, y eran financiadas, en su mayor parte, con cargo a los presupuestos generales de la comunidad autónoma, según ha informado EFE.
En ejecución del convenio, en noviembre de 2009, la Oficina Técnica de Ingeniería del Ayuntamiento de Siero presentó una memoria para la construcción del Parque Periurbano de Bergueres (Pola de Siero), con un presupuesto de 774.686 euros, y, seis meses después, se emitió la propuesta de contratación.
El funcionario fue designado como director de la obra que se adjudicó a una UTE, en 2010, pero una vez iniciada la ejecución del contrato se hizo necesario redactar un primer modificado al proyecto, que fue elaborado por el acusado sin sobrecoste alguno.
Sin embargo, según la Fiscalía, el funcionario emitió dos certificaciones, en 2010 y 2011, por importe, respectivamente, de 276.562 euros y 54.267 euros, que fueron abonadas por el Principado a la UTE y que no se correspondían con las obras realmente ejecutadas.
Los otros tres acusados y la propia UTE efectuaron mediciones y los presupuestos que sirvieron de soporte a las certificaciones elaboradas por el funcionario por las que las empresas a las que representan obtuvieron beneficios por importe de 149.332 euros por las obras que no se hicieron.
La obra efectuada tuvo un coste real de 181.497 euros y el importe de la obra pendiente de ejecución ascendía a 403.174 euros, lo que suponía un incremento de 31.546 euros sobre el precio de adjudicación de las obras que era de 553.125 euros debido al incremento resultante en algunas unidades de obra del presupuesto.
La Fiscalía ha valorado el daño producido al Principado por el incremento habido en el tipo del IVA, que pasó del 18 al 21 por ciento, en la cantidad de 10.250 euros.
El funcionario, como director de obra, está acusado como autor de un delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos, mientras que los otros tres acusados están imputados como cooperadores necesarios.
La Fiscalía pide para la pena más elevada -7 años y 6 meses de prisión y 18 años de inhabilitación para cargo o empleo público- para el director de obra, al que aplica la circunstancia agravante de su condición de funcionario.
La acusación pública interesa una pena individual de 4 años de prisión y 9 años de inhabilitación a los otros tres acusados: el jefe de obra de una de las empresas que conformaban la UTE y a su representante, así como al representante legal de otra de las empresas.
Además, la Fiscalía solicita que los acusados indemnicen, conjunta y solidariamente, al Principado con 149.332 euros por el sobrecoste y con 10.250 euros por el incremento habido en el tipo del IVA, con la responsabilidad subsidiaria de la UTE.
El juicio se celebrará en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo el próximo día 18 de este mes, a las 10:30 horas.