Varios países de la UE tienen participación pública en empresas (y no son comunistas)

Luis Ordóñez
L. Ordóñez REDACCIÓN

ASTURIAS

Alemania y Francia mantiene propiedad estatal parcial de sectores estratégicos como el eléctrico y el automovilístico

09 dic 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

A medida que se agravaba la crisis desatada por Alcoa al anunciar unilateralmente el cierre de sus plantas en Avilés y A Coruña, los trabajadores, pero también agentes sociales y partidos políticos reclamaron que la intervención de los poderes públicos llegara no sólo a la mediación con la compañía, si no también más allá. Dado que la empresa es la única productora de aluminio del Estado, los empleados señalaron que podría considerarse un monopolio y en el caso de que no cediera en su decisión de clausurar las factorías sugirieron que se nacionalizara si no se encontraba un comprador. Pero la medida fue descartada por la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, quien indicó que España no es una economía estatalizada. «¿Cómo intervención? No estamos en un régimen comunista», afirmó la ministra en un acto celebrado en Santiago de Compostela, el pasado mes de noviembre, a preguntas de la prensa.

Pero lo cierto es que la participación del sector público en empresas estratégicas no es algo anormal en el entorno europeo. En Francia, el Estado tiene participación en 81 compañías, entre ellas, France Telecom, que es el principal operador del país; Renault, que una de las empresas más destacadas en la producción de automóviles; también tiene parte en Air France, la compañía aérea; y en la principal compañía eléctrica del país, Electricité de France.

En Alemania, la participación del Estado llega también al principal productor de automóviles, el Grupo Volkswagen; de nuevo en las comunicaciones, al igual que en el país galo, con parte de accionariado de Deutsche Telekom; también en RWE, el segundo productor de energía del país; y en Salzgitter, un conglomerado dedicado a la industria siderúrgica. Dentro de la UE es Polonia el país que tiene un mayor índice de propiedad estatal de empresas, seguidos de Rumanía, Suecia, Lituania, Francia o Irlanda. Hay que descender, sin embargo, hasta el puesto 31 para encontrar a España, que afrontó un intenso proceso de privatizaciones en la década de los 90 a finales del siglo pasado.