Alcoa insiste en que el cierre de las plantas de A Coruña y Avilés no tiene vuelta atrás

No retirará los 700 despidos pese a las medidas de apoyo a la industria aprobadas por el Gobierno


la voz

Segunda reunión entre sindicatos y dirección de Alcoa para pactar los casi 700 despidos de las fábricas de aluminio de A Coruña y de Avilés. Aunque de pacto, nada de nada. Más bien al contrario. De hecho ni siquiera se llegó a entrar en materia, esto es, a hablar qué indemnizaciones prevé dar la empresa o si habrá traslados a la planta española que permanecerá abierta, la de San Cibrao (Cervo). Buena parte de las cinco horas de reunión las emplearon los representantes sindicales en tratar de convencer a la multinacional de que retire el expediente extintivo. Otra vez. Y, de nuevo, la compañía se negó en redondo, cual don erre que erre. 

Aunque en esta ocasión, los sindicatos manejaban nuevos argumentos que bien podrían haber convencido a la empresa, pero no fue así. José Manuel de la Uz, presidente del comité de empresa avilesino, explicó que le plantearon que el escenario para las industrias con elevado consumo energético, como Alcoa, había cambiado y para bien, después de que el Consejo de Ministros del viernes pasado aprobase un real decreto que prevé la creación de varios mecanismos que abaratarán los costes de este sector. Pero el Ejecutivo se dio seis meses para ello. Y a esto se agarró el grupo para negarse a retirar los despidos. Porque, de esas medidas ahora mismo no hay nada, vinieron a decir los directivos de la empresa, según De la Uz. Lo que sí hay en la actualidad, añadieron, es una subasta de incentivos eléctricos para los primeros seis meses del próximo año en la que todas las empresas concursantes están saliendo mal paradas. Es decir, que para Alcoa el panorama es negro.

La multinacional estadounidense se ha fijado el 15 de enero como fecha tope para finalizar las negociaciones con los sindicatos.

La estrategia de actuación del Gobierno central, apoyado por los de las comunidades de Galicia y Asturias, los ayuntamientos y los sindicatos, pasa por establecer una marco regulatorio más estable que el actual para la industria electrointensiva. Estas empresas precisan incentivos para abaratar sus elevados costes energéticos y ser así competitivos. En la actualidad, estas ayudas se reparten mediante subastas. 

La multinacional argumenta que el coste eléctrico ya no es el principal motivo para que quiera cerrar A Coruña y Avilés, sino un factor más, lo cual complica la búsqueda de una solución por esa vía. También se está intentando buscar un comprador para las fábricas. Al menos eso se ha propuesto el Ministerio de Industria para garantizar que siga la actividad en las instalaciones. Esa fue la solución para la fábrica de Vestas en León, adquirida por el grupo español Nwtwork Steel, después de que la multinacional danesa anunciase el cierre.

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