El Congreso tramitará la ley del PP para que Hacienda liquide a las comunidades todo el IVA del 2017

Solo PSOE y PNV votaron en contra de una medida que logró el respaldo del PDECat y de Ciudadanos


redacción / La Voz

Comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos están más cerca de recibir los cerca de 2.800 millones de euros por retenciones del IVA correspondientes a noviembre del 2017 que desde hace meses reclaman con insistencia a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para cuadrar sus presupuestos en pleno año electoral. Y es que el Pleno del Congreso decidió ayer dar luz verde a la tramitación de una ley presentada por el PP para que el Gobierno desbloquee el pago de una liquidación que se había retrasado por la entrada en vigor del nuevo sistema de gestión del impuesto.

Los populares lograron que la iniciativa se admita a trámite gracias al respaldo de sus socios tradicionales de UPN y Foro Asturias, pero también de Ciudadanos y de los independentistas del PDECat. Unidos Podemos y sus confluencias, Esquerra Republicana y Bildu se abstuvieron y solo el PSOE, sus socios de Nueva Canarias y PNV votaron en contra.

El origen de la polémica está en la entrada en vigor, en verano del año pasado, del nuevo sistema de gestión del IVA, que aprobó el Gobierno del PP con Cristóbal Montoro al frente del departamento de Hacienda. Ese suministro inmediato de información (SII), que hace que las grandes empresas declaren en tiempo casi real sus facturas, trajo consigo una ampliación de la fecha límite para presentar las declaraciones mensuales del impuesto (del día 20 al 30), lo que supuso que estas, en vez de al mes siguiente, se contabilicen con un desfase de dos meses. En el caso del ejercicio 2017, esto provocó que solo se contabilizaran once meses de ingresos para las empresas acogidas a este sistema, ya que los de noviembre (que antes entraban en el ejercicio) se imputaron a enero del 2018.

Ante esa situación, el Ejecutivo pretendía liquidar a las comunidades la parte que les correspondía de las once mensualidades que se imputaron contablemente al 2017 y aplazar el importe del mes de noviembre al siguiente ejercicio. Algo a lo que se negaron autonomías como Galicia, que acusó al Gobierno de querer sisarle 198 millones de euros de esa mensualidad, pero también regiones gobernadas por el PSOE, como Asturias, que argumentaban que el retraso provocaba un desequilibrio presupuestario que afectaba a servicios esenciales. Algo difícil de digerir en un año de autonómicas y municipales.

Con este trámite, los populares quieren añadir una disposición adicional a la ley de financiación autonómica en la que establezca que todas las cantidades ingresadas en un año deben liquidarse en ese ejercicio, con independencia de cuándo se imputen a efectos contables. El PNV justificó su negativa en que la medida producirá un aumento del déficit, mientras que desde el PSOE recordaron que el Gobierno prevé corregir el desfase en los Presupuestos del 2019, a través de un préstamo sin intereses, y criticaron que el PP quiera «enmendar con otra chapuza» un problema que ellos crearon, ya que una ley orgánica solo puede modificarla otra ley del mismo rango.

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