Bruselas admite que hay margen de maniobra para que España aumente las compensaciones a las industrias

La plantilla de la aluminera pide el amparo de la Comisión para no cerrar

Una multitudinaria manifestación recorre las calles de Avilés para exigir a la continuidad de una fábrica de Alcoa
Una multitudinaria manifestación recorre las calles de Avilés para exigir a la continuidad de una fábrica de Alcoa

Bruselas

Trabajadores de Alcoa se desplazaron ayer a Bruselas para pedir amparo a las autoridades europeas. Denuncian las «negativas sistemáticas» de la Xunta y el Gobierno español a atender sus demandas a pocos días para que expire el plazo fijado por la multinacional estadounidense para bajar la persiana a las plantas de A Coruña y Avilés. Una clausura que dejaría en la calle a sus cerca de 700 empleados. El tiempo apremia y los afectados se aferran a las promesas de colaboración del comisario europeo de Energía, Miguel Ángel Arias Cañete. Es la última bala en la recámara. Han llamado a todas las puertas, sin éxito.

«Es escandaloso e insólito que sea el comisario europeo el primero en recibir a los trabajadores de Alcoa», lamentó el secretario de la CIG, Paulo Carril. Arias Cañete tomó nota de sus planes para reflotar las plantas. La plantilla exige que se diseñe una tarifa eléctrica especial para la industria electrointensiva, sin pagar peajes. Un coste que debería ser absorbido, según sus portavoces, por los Presupuestos Generales del Estado a cambio de obligar a las empresas beneficiarias a hacer inversiones productivas y compromisos para mantener el empleo y las condiciones laborales. Dentro de esa hoja de ruta se propone también que se abarate el precio general de la energía. Nadie comprende que el alto precio de la electricidad obligue a cerrar industrias en una región que produce más de lo que consume, como Asturias.

Otros incentivos

Otra de las demandas que lanzaron con el aval de Bruselas es la de aumentar las compensaciones por CO2. Carril reprocha al Ejecutivo español su dejadez y falta de interés en proteger a la industria frente a sus competidoras de otros países, donde no son penalizadas por contaminar. Los porcentajes de retribución españoles (1,6 %) son «ridículos», según el portavoz del sindicato, quien apunta que en países como Alemania alcanzan el 38 %. Bruselas respalda sus tesis. «Hay margen de maniobra dentro de los mecanismos de compensaciones del sistema de emisiones, pero depende del Gobierno español […]. Ellos deciden si utilizar el dinero de los Presupuestos para el sistema de comercio de emisiones o utilizarlo para compensar más a los consumidores de energía», reconocen fuentes comunitarias.

A la espera de que el Ministerio de Transición Energética y el Ministerio de Industria muevan ficha, los trabajadores de Alcoa ya han reclamado a Bruselas que le otorgue al aluminio el mismo estatus que el acero, sector estratégico de la UE sometido a protección. «Tiene que ser así por el nivel de ocupación y riqueza que produce en el país», sostuvo Carril, quien descarta que las investigaciones de la Comisión en torno a la incompatibilidad de las ayudas españolas a la interrumpibilidad vayan a repercutir negativamente en la plantilla, a pesar de que el dosier podría culminar con el reembolso de ayudas millonarias por parte de las beneficiarias como Alcoa.

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