El pleno da luz verde a los presupuestos entre acusaciones de radicalidad de la oposición

Mientras la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, hacía una defensa del carácter social del presupuesto pactado entre PSOE, Podemos e IU para las cuentas asturianas de 2019, la oposición cargó contra el proyecto en el debate sobre las enmiendas a la totalidad, acusando al Ejecutivo socialista de ceder a una «alianza», impuesta a su juicio desde el Gobierno central y que «mete miedo a los asturianos».

Eran las palabras de la presidenta del PP, Mercedes Fernández, que en su intervención recogida por la agencia EFE, acusó al presidente asturiano, Javier Fernández, de haberse «doblegado» y de cumplir «de forma mecánica» la orden que le llegó desde su partido de que los presupuestos del Principado para 2019 sólo se pudieran pactar con Podemos. la presidenta del PP lamentó que los socialistas no hubieran querido repetir un acuerdo con su grupo, el único aprobado hasta ahora en la actual legislatura. Esta circunstancia se produjo, ha apuntado, pese a que el Principado ha podido superar, «gracias a las 'perversas' políticas del Gobierno de Mariano Rajoy», las penurias presupuestarias de años anteriores en los que el PP pactó dos veces las cuentas autonómicas.

Fernández ha recordado que la deuda asturiana se sitúa en una cuantía de 4.500 millones, prácticamente igual que el conjunto del presupuesto tras haberse incrementado notablemente en los últimos años, y ha cuestionado que el Gobierno regional pueda presumir de haber llevado a cabo una buena gestión en ese ámbito. Además, ha incidido en que, de la cuantía global del presupuesto pactado con Podemos e IU, sólo se destina un «raquítico» ocho por ciento a la inversión productiva lo que constata, a su juicio, que estas cuentas «no dan respuesta a las necesidades de Asturias». El Gobierno, ha apuntado, adopta estas políticas y sigue apostando por el «despilfarro» a la vez que mantiene unos impuestos «feroces» que son superiores a los que se pagan en otros comunidades autónomas y que ahora, tras su pacto con Podemos, empieza a gestar una alianza que «mete miedo» a los asturianos.

Todo ello, ha apuntado, en una Asturias que sufre una crisis «brutal» en el ámbito industrial «al que los socialistas no se pueden sustraer por que son en parte culpables», y en la que se cierran las minas, las centrales térmicas y está en riesgo la industria electrointensiva «y la respuesta son más impuestos».

En términos similares, el diputado de Foro, Pedro Leal, afirmó que, con el presupuesto del Principado para 2019, Podemos se une «al viaje a ninguna parte» emprendido hace años por los sucesivos gobiernos del PSOE que dejaron a Asturias «a la cola de España» con la colaboración de todos los grupos salvo el suyo. 

A su juicio, las previsiones de las cuentas de 2019 suponen «coger la pala y cavar aún más para hundir a Asturias en el pozo» en el que ya se encuentra una comunidad autónoma «que se aleja de España tanto en población como en crecimiento y en empleo» dado que «quien siempre hace lo mismo, llega siempre al mismo resultado».

Para Leal, un presupuesto «social» como el que asegura defender el Gobierno no consiste en incluir partidas destinadas a subvencionar sino que la opción más social que existe es crear empleo «y no basarse en una economía clientelar y subsidiada».

Un presupuesto que carece de medidas estructurales y que deja incluso la puerta abierta a deslocalizaciones empresariales no es el del «imprescindible» cambio que necesita una región que ha llegado a su actual coyuntura por la gestión de los sucesivos ejecutivos socialistas que la han gobernado desde 1983, ha apuntado.

En ese proceso, ha señalado, el PSOE «ha tenido colaboradores» habituales como IU, pero también el PP, que acordó las cuentas del Ejecutivo socialista en 2015 y 2017, y Ciudadanos, que hizo lo propio hace dos años como hace ahora también Podemos. «Todos los grupos han sido colaboradores excepto uno, Foro, porque hemos sido coherentes y no nos hemos vendido por cuatro prebendas», ha subrayado el ex presidente la formación forista.

En todo caso, la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, señaló que el acuerdo firmado entre los tres grupos era «el mejor posible», y en el que el gasto social «va primero» dado que constituye «el corazón» de las políticas del Gobierno autonómico. En su intervención ante el pleno de la Junta General para defender el texto aprobado por el Gobierno, Carcedo ha defendido que el 68 por ciento de la cuantía global de 4.524 millones se dedica «a inversión social, sí inversión social» pese a que el Ejecutivo no tienen «ninguna prevención» con el hecho de denominarlo gasto.

«Estamos hablando del corazón de nuestras políticas y no renunciamos a defender y conservar el Estado del Bienestar y ese gasto va primero porque queremos invertir en equidad social y en oportunidades», ha subrayado la titular de Hacienda.

El hecho de que las cuentas tengan garantizada su aprobación tras el acuerdo con Podemos e IU, el primero en materia presupuestaria de toda la legislatura, constituye «una buena noticia» dado que evitará una segunda prórroga consecutiva en un año electoral en el que sería difícil aprobar créditos extraordinarios para completarlo.

La consejera ha defendido además el presupuesto de una administración que cuenta con un 89,5 por ciento de ahorro corriente positivo lo que significa que dichos ingresos financian la totalidad del gasto corriente para sufragar el funcionamiento de la administración y hacerlo en parte con las inversiones previstas.

Dichas inversiones, que se elevan a 357 millones -17 menos que en el presupuesto rechazado en 2017-, se ven afectadas por las «estrictas» reglas fiscales aplicadas desde el Gobierno central y que el Ejecutivo autonómico «ha combatido» en las últimos años.

Para financiar la parte principal de esa inversión productiva, el Principado dedicará el próximo año 574 millones a endeudamiento bruto, que se reduce respecto a 2018 al igual que la cuantía para amortizar una deuda «que hoy por hoy no consume recursos» en una comunidad que se mantiene «entre las menos endeudadas del país».

Además, ha defendido la subida que se aplicará al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, cuyo gravamen pasará del 1,2 al 1,5 por ciento que ya aplican la mayoría de las comunidades autónomas, y que permitirá recaudar 3,6 millones más que, ha subrayado, serán sufragados por la banca sin gravar a los ciudadanos.

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