Un acuerdo con Hunosa deja viva la minería

Los sindicatos arrancan un compromiso a la hullera pública que salva el pozo Nicolasa y promete carga de trabajo a las subcontratas


El temido plazo para el fin de las ayudas públicas a la minería del carbón ya está encima y el Gobierno de Pedro Sánchez sigue sin hacer públicas sus intenciones para el futuro de Hunosa. Si lo tiene, porque los sindicatos mineros no son los únicos en temer el completo desmantelamiento y el cierre definitivo de la hullera estatal en no demasiado tiempo. El ocaso de la actividad extractiva no se debe solo al movimiento de rotación de las políticas de la Comisión Europea, sino también al movimiento de traslación del debate público hacia la descarbonización, la transición energética y la lucha contra la contaminación y la contribución de los combustibles fósiles al cambio climático que impulsa desde Madrid la ministra Teresa Ribera, cuyo paso por el cargo no le está granjeando amigos ni muchos defensores en Asturias.

La incertidumbre mantiene expectantes, paralizadas e intranquilas a las familias que dependen del carbón para su subsistencia. Aunque en octubre se alcanzaron acuerdos de transición para prolongar hasta 2027 las ayudas públicas a los trabajadores y a las comarcas mineras (prejubilaciones y ayudas a nuevas empresas, entre otras) en tanto se aclara su futuro, quedan zonas de sombra. La situación de los empleados de las subcontratas y la extensión al sector privado de las condiciones para la minería pública han provocado protestas, marchas hacia Oviedo desde el Suroccidente y movilizaciones en el último tramo del año.

Ocho años después

La falta de claridad del Gobierno acerca de sus intenciones para Hunosa tiene a los sindicatos en alerta. La tan citada Instrucción 787 de la Unión Europea se aprobó en 2010 y fijó desde el principio en el último día de 2018 la fecha inaplazable e innegociable para el cierre de todos los pozos que no fueran rentables, pero el carbón ha salvado tantos ultimátums desde finales de los años 80 que probablemente dio la impresión de que ese momento nunca llegaría. Las centrales, sin embargo, tienen la impresión de que el retraso en el plan de empresa responde a otra causa más inmediata: la estrategia de la ministra Ribera, enérgica defensora de una descarbonización rápida, del veto al diesel y de la prohibición de los centros urbanos a los coches, para acelerar el proceso de transición energética. Ha causado mucho revuelo su borrador de ley verde, un proyecto que propone que el Estado no participe en ninguna empresa cuya actividad consista en la explotación, la extracción, el refinado o el procesado de combustibles fósiles, un propósito que los sindicatos consideran una declaración de intenciones para poner fin a la hullera pública.

Mientras Langreo estrenaba diciembre con un apagón simbólico del comercio para demostrar los efectos en cadena que causaría el cese de la actividad minera en unas comarcas donde los sueldos de los trabajadores de los pozos son aún el lubricante que mantiene engrasado el motor de la economía ante el fracaso de todas las políticas diversificadoras ensayadas desde 1990, UGT y CCOO perfilaban la lista de compromisos que solicitan del Estado: prioridad absoluta al mantenimiento del empleo; una transición energética justa que abarque a todos los trabajadores, los fijos del grupo Hunosa (que incluye Sadim y Fusba) y los de las subcontratas de interior y exterior; continuar con la extracción de carbón, en tanto y cuanto no haya otro empleo alternativo; autoabastecer la térmica de La Pereda; un plan industrial para que la empresa siga en el sector energético. Al nuevo presidente, Gregorio Rabanal, nombrado tras el cambio de Gobierno, según cuáles sean las decisiones, le corresponderá ser o el iniciador de un nuevo rumbo o el último responsable del grupo.

           

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