La Unión de Consumidores de Asturias iniciará una campaña para prohibir las ventas a domicilio a personas mayores
04 ene 2019 . Actualizado a las 17:41 h.El presidente de la Unión de Consumidores de Asturias (UCE), Dacio Alonso, ha hecho un balance sobre el 2018. En este resumen del año ha indicado que los bancos son el sector que más reclamaciones ha tenido junto con las compañías eléctricas, situándose por encima de la telefonía.
En lo referido a los bancos, Alonso ha explicado que han logrado por una vía extrajudicial eliminar la clausula suelo, recuperando así muchas familias el dinero desde que formalizaron el préstamo. En este sentido, Banco Popular, Caja Santander, Caja Rural de Gijón y Liberbank «se manifiestan reiteradamente en rebeldía» y la UCE ha tenido que representar al cliente en el juzgado, consiguiendo más de 450 sentencias firmes contra los mismos. En estas sentencias se les condena a eliminar la clausula suelo y a devolver una media de 8.500 euros, así como la condena por temeridad y mala fe, según informa Europa Press.
Por otro lado, han obtenido más de 120 sentencias contra emisores de tarjetas de crédito como Cofidis, Citybank o Liberbank por un interés de usura que llega hasta el 20%. Gracias a estas sentencias han obtenido la nulidad de los contratos que afectan en Asturias a más de 25.000 familias. También ha destacado que «han sido la primera organización del país en conseguir una sentencia de la Audiencia Provincial de España, anulando los contratos de compra de acciones del Banco Popular en la ampliación de capital de 2016 por falsear cuentas».
En cuanto a las compañías eléctricas, con la campaña desarrollada por la UCE para informar y asesorar sobre el Bono Social Eléctrico, afirma haber ayudado a casi 3.000 familias. Además, asegura que han conseguido que las eléctricas diferencien con claridad las facturaciones entre distribuidora y comercializadora cuando se trata de las mismas.
En este sentido, la UCE desarrollará «una campaña especial» para que todo el mundo pueda pedir a su compañía eléctrica su contrato para verificar si se encuentra en el mercado regulado o en el libre. La obligación de la eléctrica es remitir una copia para ver si el cliente firmó el cambio de uno a otro. «En el caso de EDP, la compañía ha cambiado el contrato al 70% de sus clientes sin consentimiento», ha explicado Alonso.
La recomendación que hace va dirigida a reducir el precio de la tarifa eléctrica, volviendo al mercado regulado y contratando la tarifa de discriminación horaria sería la mejor opción para abaratar como mínimo de 100 a 150 euros al año. Finalmente, han conseguido prohibir la comercialización de contratos eléctricos puerta a puerta y en esta línea, van a fomentar una campaña para prohibir las ventas a domicilio a personas mayores por la empresa Mentsana.
Un tema que preocupa a la UCE y que está relacionado con las tres operadoras de telefonía dominantes en España, Movistar, Orange y Vodafone, es que están metiendo de forma ilegal a la gente en registros de morosos por conflictos de cuantía pequeñas. Este hecho provoca daño en las personas, de modo que no pueden solicitar un crédito al aparecer en el registro de morosos. Las sentencias del Tribunal Supremo manifiestan que «incorporar a una persona a un registro de este tipo sin estar justificado implica una indemnización de hasta 10.000 euros».
Para concluir su intervención, Alonso ha denunciado la «pasividad de la Administración local y estatal» y ha hecho referencia a su propuesta de actuación para este año. En ella se incluye una campaña de devolución de los gastos hipotecarios como son la comisión de apertura e intereses desde su pago, notario, registro, tasación y gestoría. También desarrollarán campañas para la nulidad de las acciones del Banco Popular-Santander y devolución de comisiones ilegales de las entidades bancarias desde los últimos 15 años.