Varios casos que llegaron a los tribunales, terminaron con graves crisis en ayuntamientos de Asturias, aunque las sentencias fueran positivas para los acusados
04 feb 2019 . Actualizado a las 13:27 h.En los últimos años se vivieron momentos en los que la noticia de la apertura de un juicio contra un cargo municipal se volvió peligrosamente rutinaria. También en Asturias, pero la repercusión del inicio de un pleito no siempre se corresponde con el impacto de la sentencia, que a veces se demora durante meses o años. Los partidos tienen diversos estilos y normas estatutarias para requerir a sus cargos electos que renuncien si ven involucrados en un proceso; a veces defendiendo que baste la imputación, en función de qué delito se impute, y otras retrasando la exigencia de sanción hasta la apertura del juicio oral. En el Principado son varios los casos, singularmente en el ámbito municipal, se han desatado crisis locales con graves quebrantos para los partidos y las alianzas, y en ocasiones alcaldes que dejaron la política resultaron absueltos.
Rogelio Pando dejó la Alcaldía de Colunga en octubre tras quince años en el cargo; lo hizo para defenderse en los tribunales de una acusación por prevaricación que también llevó al banquillo a concejala de Urbanismo Patricia Vega. El origen de la causa era la instalación de una antena de telefonía móvil en La Isla denunciado por la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies. Sin embargo, en diciembre el Juzgado de lo Penal 1 de Gijón absolvió a ambos ediles y en la sentencia se señaló que en el proceder de Pando no había indicios de que se produjera una arbitrariedad en la resolución, ni tampoco el «menor vestigio» de que hubiera un «carácter espurio» en sus decisiones.
Apenas unas semanas antes, a mediados de noviembre, la Audiencia Provincial de Oviedo decretaba el archivo definitivo de la denuncia interpuesta contra el alcalde de Somiedo, el socialista Belarmino Fernández Fervienza, por los delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias por la adjudicación de unas licencias de pastos a cinco ganaderos en el año 2015. Fue la sentencia definitiva de la Audiencia, pero llegó sólo después de que los demandantes recurrieran la primera decisión del juzgado de instrucción 2 de Grado que archivó las diligencias. El auto firme descarta la prevaricación, que se valiera de su influencia y zanjó que las ayudas recibidas fueron conformes a la ley.
A comienzos de 2018, el alcalde socialista de Aller, David Moreno recibía la noticia de su absolución ante una acusación de prevaricación en el que estaba siendo juzgado por irregularidades en la concesión de subvenciones a la «Asociación para la Promoción y Enseñanza del Deporte de Aller». Sin embargo, aunque Moreno seguía siendo alcalde ya no pertenecía al grupo socialista. Su negativa a dimitir cuando se le abrió juicio oral, el requsito que exige el PSOE, provocó una crisis en la federación asturiana, que le expulsó y en el seno del ayuntamiento llegó a presentarse una moción de censura que no prosperó. Así Moreno se quedó como alcalde no adscrito.
En el concejo de Caso se dio una situación semejante aunque no hubo mociones de censura por medio. Quien fuera alcalde durante seis años, Tomás Cueria, renunciaba al cargo a mediados de 2017 tras tener que afrontar un juicio por un supuesto delito de prevaricación, acusado de cometer irregularidades por levantar los reparos de la intervención municipal al pago de facturas a varias empresas. Pero después de que su renuncia hubiera llevado a la alcaldía a otro compañero de grupo, Miguel Ángel Fernández, terminó por ser absuelto, primero por el Juzgado de lo Penal nº 1 de Langreo, y en abril del año pasado confirmado por la Audiencia Provincial.
Hay ocasiones en las que la absolución no resulta confirmada. Antonio de Luis Solar, terminó su carrera como alcalde Pravia por el denominado caso de los parquímetros. Fue acusado de intervinir en calidad de avalista como apoderado del Ayuntamiento de Pravia en el contrato de arrendamiento financiero entre las empresas Cast Info y Zaferco XXI, para la adquisición de unos parquímetros. Cuando el Ayuntamiento no pudo afrontar los pagos, Solar asumió como avalista asumió a título personal el pago de la deuda, con su propio dinero pero sin cumplir con los requistos de procedimiento, y se le acusó de prevaricación. Le absolvió el Juzgado de lo Penal nº 1 de Avilél y luego le condenó, tras un recurso de PP y Foro, la Audiencia Provincial.
La hoy diputada autonómica Dolores Álvarez Campillo fue perseguida a finales de año por los pasillos de la Junta General por un programa de investigación de un canal televisivo nacional en relación a su etapa como alcaldesa de Llanes y las irregularidades en la construcción del hotel Kaype. Pero lo cierto es que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) desestimó ya en noviembre de 2016 el último recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Llanes, con un gobierno de distinto color, contra el sobreseimiento de su causa y descartó la prevariación.
Con todo todavía el pasado mes de marzo, Campillo regresó a los tribunales por el mismo Kaype aunque en calidad de testigo ya que el juicio seguía contra el que fuera arquitecto municipal hasta que también resultó absuelto. Pero el hotel sí tuvo irregularidades, la ampliación del hotel fue rechazada por los tribunales y se terminó por exigir su derribo. Por todo ello el ayuntamiento tuvo que afrontar la petición de una indemnización de los propietarios.
Pese a todo, el recorrido judicial de Campillo se prolongó a finales de enero después de que el TSJA aceptara hacerse cargo unas diligencias incoadas contra la exalcaldesa de Llanes. Según informó Europa Press, la presunta prevaricación administrativa objeto de la instrucción de la que ahora se hace cargo el TSJA, estaría relacionada, según la denuncia, con la contratación por parte del Ayuntamiento llanisco de un arquitecto mediante contratos administrativos de servicios de corta duración que, según la denuncia, se habrían prolongado en el tiempo de 2006 a 2015.