El Gobierno debe deshacer el entuerto de los elevados costes eléctricos para atraer a posibles compradores
23 ene 2019 . Actualizado a las 15:21 h.Han ganado una batalla, pero no la guerra. Y están decididos a no perderla. Los trabajadores de Alcoa han conseguido aplazar a julio la reestructuración de las fábricas de A Coruña y de Avilés. Ahora van a luchar para que las plantas de aluminio primario sigan abiertas más allá del verano, y solo puede salvarlas otro inversor. Aquí entra en escena el Ministerio de Industria, que se ha comprometido a encontrar al sucesor de Alcoa. Algo que no ha de ser sencillo porque los inversores no salen de debajo de las piedras y menos cuando las plantas tienen problemas, que el Gobierno ha prometido resolver antes de julio. Si no lo hace, difícilmente se venderán como fábricas de aluminio primario.
La losa más pesada que ahoga a estas instalaciones es el precio de la energía. La obtención de aluminio primario a partir de la alúmina necesita como detonante la electricidad. No hay más. Por eso el consumo de Alcoa es desorbitado. Los costes energéticos representan el 40 % de todos los gastos de explotación, y en el 2017 pagó 400 millones por la luz de las tres plantas (las ya mencionadas más la de San Cibrao).
El problema se agrava si se tiene en cuenta que la electricidad en España no es precisamente barata en comparación con la del resto de países europeos -en el 2018 fue casi un 25 % más cara que en Alemania, por ejemplo-. Nada de esto es nuevo. Es un problema histórico que afecta especialmente a las industrias que como Alcoa consumen gran cantidad de energía.
Tan antiguos como estas losas son los incentivos públicos para el consumo eléctrico de estas empresas. Aquí, en España, y también en el resto de países. Las medidas de apoyo por el coste de la energía en aras de la competitividad y el empleo son habituales en toda Europa.
Pero, a diferencia de lo que ocurre en el resto de países competidores, aquí reina el caos. El mecanismo que utiliza el Gobierno para adjudicar esos incentivos son subastas competitivas, en las que recursos y vigencia son cada vez más cortos. En diciembre se celebró la última, y repartió 101 millones (un 36 % menos que la anterior) entre un centenar de compañías para los primeros seis de este año. La antelación es mínima y las empresas no pueden hacer planes más allá del corto plazo. Sin hablar de que los incentivos ya no son suficientes para equiparar el precio de la electricidad que paga la industria con el de la media europea, denuncia la patronal del sector.
Este mecanismo hace aguas por todas partes. El Gobierno prometió diseñar un marco retributivo estable y predecible y en diciembre pasado aprobó para ello un real decreto que hay que desarrollar aún. El Ejecutivo se dio primero seis meses, pero con la crisis de Alcoa prometió pisar el acelerador y hacerlo en tres. Y este es ahora el empeño principal de los trabajadores.
Esa regulación eléctrica especial para las industrias electrointensivas será vital para convencer a cualquier inversor de que se haga cargo de las fábricas de aluminio.
Los trabajadores, molestos con Maroto por atribuirse el retraso en los despidos
«Fomos nós os que conseguimos que a empresa se sentara a negociar, foi a presión dos traballadores a que foi aplazando o expediente, non foi o Goberno». Así de molesto estaba ayer el presidente del comité de empresa de Alcoa en A Coruña, Juan Carlos López Corbacho, con la ministra de Industria. Reyes Maroto, en distintas entrevistas en radio y televisión, se atribuyó el éxito del acuerdo entre sindicatos y Alcoa para aplazar el cierre parcial de las instalaciones y los despidos.
Corbacho instó a la ministra a regular ya un marco energético estable para las industrias electrointensivas. Algo que también reclamó el conselleiro de Industria, Francisco Conde.
El comité de A Coruña ha convocado para mañana jueves una concentración ante la Delegación del Gobierno en la ciudad herculina para exigir precisamente una regulación urgente para el sector, y facilitar así la venta de las plantas.
Apagado de cubas, en febrero
Tras el sí abrumador de las plantillas de A Coruña y Avilés al preacuerdo, Alcoa da por hecho el pacto. De esta manera, la primera medida que pondrá en marcha será el apagado de las cubas de electrolisis, a lo largo de febrero.
La multinacional estadounidense se compromete a mantener el 100 % del empleo hasta el 30 de junio. A partir de ahí, si no hay comprador, despedirá al 43 % del personal y se quedará solo con las fundiciones.
