La Fiscalía pide al Supremo que rechace el recurso de Villa

La Voz

ASTURIAS

El ex secretario general del SOMA-UGT José Ángel Fernández Villa (2i), a su llegada a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo para enfrentarse al juicio por un presunto delito de apropiación indebida de fondos del sindicato, por el que la Fiscalía pide una pena de cinco años de cárcel
El ex secretario general del SOMA-UGT José Ángel Fernández Villa (2i), a su llegada a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo para enfrentarse al juicio por un presunto delito de apropiación indebida de fondos del sindicato, por el que la Fiscalía pide una pena de cinco años de cárcel JLCereijido

El exsindicalista fue condenado a tres años de prisión por el desvío a su patrimonio persoal de 434.158 euros del SOMA

30 ene 2019 . Actualizado a las 20:23 h.

La Fiscalía ha remitido al Tribunal Supremo su escrito de impugnación por el que rechaza los doce motivos alegados por la defensa del exlíder sindical minero José Ángel Fernández Villa contra la condena de la Audiencia de Oviedo a tres años de prisión por el desvío a su patrimonio personal de 434.158 euros del sindicato SOMA-UGT.

La Audiencia declaró probado que Villa se apropió, entre los años 1989 y 2012, de 434.158 euros en perjuicio del SOMA-UGT, del que fue secretario regional durante 35 años, aprovechando su posición «jerárquica», y que cargó al sindicato, entre otros gastos, la adquisición de puros, flores, sombreros, productos dietéticos y farmacéuticos, ropa, perfumes y películas, informa EFE.

La fiscal descarta que Villa no tuviera un juicio justo y que el tribunal que le condenó no tuviera en cuenta la demencia sobrevenida que padece lo que, a juicio de la abogada defensora Ana García Boto, le impidió defenderse «en unas mínimas condiciones de lucidez».

La fiscal se apoya en que los magistrados apreciaron que Villa respondió «convenientemente y conforme a sus intereses y línea de defensa» a las preguntas que le formularon las partes e incluso ante las declaraciones de algunos testigos realizó comentarios espontáneos, concordes con lo escuchado«.

Para la acusación pública, la sentencia condenatoria contiene una decisión expresamente motivada y advierte que una cuestión distinta es que no sea »de la conveniencia« de Villa, según consta en el escrito de impugnación al que ha tenido acceso Efe.

También es motivo de rechazo por parte de la Fiscalía la alegación de la defensa de que no se adoptaron las medidas para garantizar la incomunicación de los testigos, al haber permitido el tribunal que el juicio se retransmitiera en directo.

García Boto alegó que mientras unos testigos declaraban, el resto, desde el pasillo, con sus móviles escuchaban lo que ocurría en la Sala, y añadió que el testigo José Antonio Postigo, expresidente del Montepío de la Minería e investigado con Villa en la »Operación Hulla«, avisó a la presidenta del tribunal de lo que estaba ocurriendo, sin que la magistrada adoptase medida alguna.

La Fiscalía alega que se trata de una queja »genérica« que no debe determinar la vulneración del derecho al proceso debido y tampoco al derecho de defensa del acusado, quien pudo alegar y contradecir todos los testimonios producidos en el plenario.

El quebrantamiento de forma, ante la denegación de pruebas o la retirada a la defensa del uso de la palabra en el informe final, también se rechazan al estimar la Fiscalía que están dentro de la facultad de dirección y moderación que corresponde a la presidencia del tribunal.

Las críticas de la defensa por un supuesto juicio paralelo también son impugnadas por la Fiscalía, al haber valorado el tribunal »de forma objetiva e imparcial, toda la prueba practicada«, señala en su escrito.

La Fiscalía recuerda que la propia sentencia recalcaba que los 434.158 euros desviados superaban »en más de ocho veces la prevista para la cuantificación«, en una conducta de infidelidad que se extiende a lo largo del tiempo, de 1989 al 2012, y ello por quien ostenta puestos »de singular importancia sindical y política«.

La Fiscalía también ha pedido al Supremo que desestime el recurso de casación interpuesto por el abogado Alfredo García López en representación de Pedro Castillejo, exsecretario general de la Fundación Infide, dependiente del SOMA-UGT y persona de confianza de Villa.

Castillejo fue condenado a dos años de prisión y al pago de 114.954 euros por delito continuado de apropiación, por lo que también recurrió al alto tribunal por infracción de ley y quebrantamiento de forma.

La fiscal, sin embargo, considera que el recurso de Castillejo tampoco debe ser admitido por no respetar las formalidades exigidas.