El juicio del «caso Aquagest» se celebrá en Oviedo por falta de sitio en Avilés

Las sesiones comenzarán en el salón de plenos del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en octubre

Sede del TSJA
Sede del TSJA

Oviedo

El juicio contra once acusados de delitos de fraude, prevaricación administrativa, cohecho y falsedad en documento mercantil por la adjudicación de las piscinas de Corvera, en el «Caso Aquagest», se desarrollará entre el 14 de octubre y el 20 de diciembre, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

Entre los acusados, que afrontan penas de hasta siete años de cárcel, inhabilitación especial para ocupar cargo o empleo público de hasta diez años y multas de 500.000 euros, figuran el exalcalde de Corvera Belarmino Moro, dos exconcejales de Hacienda y Urbanismo, la cúpula de la extinta Agrupación Social Independiente de Avilés (ASIA) y cuatro directivos de Aquagest.

La acusación pública sostiene que, entre los años 2009 y 2011, el fundador y concejal de ASIA en el Ayuntamiento de Avilés, Miguel Ángel Villalba, ideó junto a su hermana, la exconcejal Elena Villalba, y otro directivo de Aquagest, un plan destinado a obtener fondos de la mercantil con los que satisfacer sus necesidades personales y financiar al partido.

Esta actuación se realizaba, con la participación de otros dos acusados, según la versión fiscal, a cambio de la concesión de ciertos beneficios en forma de contratos con distintas administraciones públicas. Para recibir los pagos, los hermanos constituyeron una comunidad de bienes, utilizando, según la Fiscalía, personas interpuestas para ocultar su identidad y confeccionaron facturas por cuenta de terceros por servicios no prestados o por importes superiores a los debidos, para justificar el dinero recibido y darle apariencia de licitud.

Los hermanos afrontan una petición fiscal cada uno de siete años de prisión y multa de 500.000 euros como presuntos autores de sendos delitos continuados de falsedad en documento mercantil, así como un delito continuado de cohecho, en el caso de Miguel Ángel Villalba, y su hermana Elena como cooperadora necesaria en este último delito.

La madre de ambos, María Elena Menéndez, está acusada de un delito continuado de falsedad en documento mercantil y como cooperadora necesaria de un delito continuado de cohecho, mientras que a un exnovio de su hija le acusa de participar en el entramado de las empresas de los hermanos Villalba.

La Fiscalía imputa igualmente al exalcalde de Corvera, Belarmino Moro, de Unión Social y Progresista de Corvera (USPC), al exedil de Urbanismo y expresidente local del Partido Popular (PP) Luis Solares, y a la exteniente de alcalde y exconcejal de Hacienda, Ana Belén Toro, de USPC, por la adjudicación a Aquagest del contrato de gestión de las piscinas de Corvera. Estos tres acusados afrontan una pena individual de tres años de prisión e inhabilitación especial durante diez años como presuntos autores de un delito de fraude en concurso con delito de prevaricación administrativa.

Según la Fiscalía, esta adjudicación se hizo por razones o contraprestaciones que no constan y sin tener en cuenta el posible perjuicio económico para el municipio, al rechazar otras ofertas. La Fiscalía también dirige la acusación contra el exdirector para la zona norte de Aquagest, Henry Liaño, por firmar el contrato presuntamente «a sabiendas de las irregularidades cometidas», y en calidad de cooperador necesario de un delito de fraude en concurso medial con prevaricación administrativa le pide tres años de cárcel y diez años de inhabilitación. Otros tres directivos de la empresa afrontan peticiones de cuatro años de cárcel, inhabilitación para ocupar cargos o empleos públicos durante nueve años y 500.000 euros de multa.

La Fiscalía también imputa a la propia empresa Aquagest, a la que pide el abono de medio millón de euros de multa por un delito continuado de cohecho. Las sesiones se desarrollarán en el salón de plenos del TSJA, situado en el Palacio de Valdecarzana de Oviedo, que será habilitado para acoger el juicio, ante la imposibilidad material de celebrar la vista en Avilés, por la falta de salas amplias para una vista de estas características, tal y como había comunicado la juez de lo Penal 1 de Avilés.

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