Una psiquiatra recibió 39.000 euros en un trienio de un laboratorio farmacéutico

Podemos impulsa con una enmienda a la Ley de Salud que el Sespa pida a los profesionales de la sanidad una declaración de conflictos de intereses para dar transparencia a unos datos «disponibles pero no accesibles» sobre los pagos que reciben de empresas farmacológicas


No se puede generalizar, pero hay una estimación de que en torno a un uno por ciento de los profesionales sanitarios del Sespa «hace negocio propio para beneficio de la industria farmacéutica y no en beneficio del sistema público». Esta consideración la hace el Grupo Parlamentario de Podemos Asturias, en concreto, el diputado y médico de la formación morada Andrés Fernández Vilanova, quien esta semana anunciaba que presentarán una enmienda a la Ley de Salud con el objetivo de que el Sespa pida a los profesionales de la sanidad una declaración de conflictos de intereses para dar transparencia a los datos sobre los pagos que algunos de esos profesionales reciben de la industria farmacéutica, unos datos que en la actualidad están «disponibles pero no accesibles» en las webs de los propios laboratorios. Anualmente son los propios laboratorios los que publican un informe de transferencias de valor y en ellas aparecen todos los profesionales con los que han tenido una relación contractual por participar, por ejemplo, en seminarios o congresos.

Vilanova explica que bucear en esos datos es muy complejo y por eso pide «transparencia» y que se requiera «a todos los profesionales de la sanidad una declaración de conflictos de intereses y que ésta sea pública», una declaración en la que además de las cifras puedas explicar a qué destinaron esas partidas y así se sepa si se dedicaron a investigación o a realizar estudios. Sobre todo, considera fundamental que se de a conocer la de quienes están «en puestos de decisión» o tienen cargos relevantes «porque hay una parte pequeña de médicos que campan a sus anchas».

Casi 40.000 euros en tres años

Como ejemplo pone el diputado de Podemos el caso de una psiquiatra que del mismo laboratorio farmacéutico, Janssen concretamente, recibió en un trienio casi 40.000 euros. Según concreta, por los datos que él mismo ha encontrado en los informes de transferencia de valor de esa empresa, esa profesional recibió en 2015 12.245 euros en concepto de inscripción a congresos, alojamiento congresos, y otros gastos; en 2016 por los mismos conceptos percibió 16.781 euros; y en 2017 la cifra fue de 9.997 euros. En total, 39.023 euros.

El diputado de la formación morada señala que hay conflictos de intereses que se pueden considerar «moderados», pero que también hay casos que son «una barbaridad». Un área que en su opinión es «alarmante» es justamente el de psiquiatría, aunque también señala que de las casas de productos de tecnología (prótesis, implantes, válvulas…) también reciben pagos, aunque en este caso es más complicado acceder a los datos. «Por eso es necesario un reglamento, para que se definan los conflictos de intereses», comenta Andrés Fernández Vilanova, que considera que los pacientes tienen derecho a saber si el médico cuando les receta un medicamento está recibiendo dinero de esa farmacéutica. En su opinión, es una forma de dar garantías al paciente de que si se lo prescriben es porque considera que es lo mejor para tratarle y no porque están influenciados. «Si un fármaco lo recomienda un médico que no tiene conflictos de intereses declarados y no le paga ninguna farmacéutica pues supone una cuestión de seguridad para los pacientes. Habrá casos en los que la prescripción esté justificada, pero en otros casos, cuando se prescribe durante años…», manifiesta dejando en el aire la cuestión.

A la memoria le viene al representante de Podemos la pregunta que hace ahora dos años planteó a la Mesa de la Junta General del Principado sobre si existía justificación para un gasto de un millón de euros anuales en el Hospital San Agustín de Avilés en los productos Novabone y Cerasorb cuando dichos productos apenas se empleaban en el resto de áreas sanitarias, sumando todas las demás un gasto en ellos de unos 30.000 euros.

Fernández Vilanova considera que estás cuestiones «hay que discutirlas socialmente» dejando claro que «los conflictos de intereses con impacto negativo no son la mayoría de los profesionales y que no son una cosa generalizada, pero si no se regula hay una parte pequeña que campa a sus anchas», manifiesta el diputado de Podemos, que defiende que el Sespa ponga esa información sobre los profesionales de la sanidad en su portal de transparencia, sobre todo, y como señalan en la enmienda, las de los jefes de servicio, de áreas o especialidades. Sobre esta petición que hace Podemos no se ha querido pronunciar, por el momento, el Colegio Oficial de Médicos de Asturias, desde donde han declinado hacer manifestaciones.

Falta de inversión en formación en el sistema público

Andrés Fernández Vilanova añade que hay casos en los que los profesionales de la sanidad destinan esas retribuciones a investigación y a realizar estudios, lo cual dice sería necesario y oportuno explicar en esa declaración que los facultativos tendrían que hacer si se aceptara la enmienda de su formación de que el Sespa requiera los conflictos de intereses. También comenta que es mucha la gente que opta por abonarse ella misma el coste de los congresos porque reconoce que «el sistema público no invierte en formación continuada y el personal lo necesita», porque las circunstancias en medicina son cambiantes. Aprovecha para reivindicar «más inversión en formación de verdad, en formación académica continuada aprovechando los recursos de gente que tenemos». Así, concluye que «cuantos más recursos públicos tengan, menos van a depender de las farmacéuticas».

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