El Gobierno quiere hacer una excepción para que Alcoa vaya a la subasta eléctrica

Las fábricas de Avilés y A Coruña quedarían fuera de la puja de incentivos de junio, pero el Ejecutivo puede decidir meterlas

Trabajadores de Alcoa concentrados en la plaza de España de la Avilés, para pedir la intervención del Estado en las fábricas de Alcoa local y de A Coruña
Trabajadores de Alcoa concentrados en la plaza de España de la Avilés, para pedir la intervención del Estado en las fábricas de Alcoa local y de A Coruña

Alcoa da por iniciado el trascendente período de negociaciones con las nueve partes interesadas que hay en comprar las fábricas de aluminio primario de Avilés y A Coruña, ahora en estado de hibernación, y salvarlas así del cierre parcial. Si las conversaciones llegan a buen puerto, el inversor, o inversores, que se queden con las plantas serán los encargados de volver a poner en funcionamiento las cubas de electrolisis a partir de julio. Si así ocurre, no habrá despidos y las plantillas se conservarán intactas. De lo contrario, se irán a la calle el 43 % de los trabajadores.

La multinacional inicia contactos con los nueve inversores interesados en comprar las plantas Pero la misión pende de un hilo, pues está fuertemente condicionada por factores externos fundamentales, como el precio final que tendrá la energía que consumen estas fábricas, y también el resto de industrias electrointensivas. Un inversor serio no querrá unas plantas que no sean competitivas y menos aún si pierden dinero, como les pasa a las de A Coruña y Avilés, según Alcoa, que incluso hace extensivo el problema de falta de rentabilidad a la fábrica de San Cibrao.

Para dibujar ese marco retributivo estable entra en escena la política. El Gobierno acelera para aprobar antes de las elecciones generales del 28 de abril el estatuto del consumidor electrointensivo, un documento con medidas de compensación para abaratar costes que, de momento, no gusta a nadie.

El Ejecutivo maniobra también para intentar asegurarse de que Alcoa, en representación del futuro dueño de las fábricas en peligro de cierre parcial, pueda concurrir en junio a la próxima subasta de interrumpibilidad, un mecanismo complementario de las medidas incluidas en el estatuto. Las empresas participantes reciben incentivos para abaratar sus costes energéticos a cambio de estar disponibles para reducir consumo cuando el sistema eléctrico lo precise.

Según la normativa en vigor, ambas plantas quedarían fuera de esa nueva subasta para el segundo semestre del año. No podrían optar a las bonificaciones porque la multinacional que las gestiona ha renunciado a las que logró en la puja de diciembre para estos primeros meses del 2019. Con el apagado de las electrolisis en febrero, Alcoa no presta el servicio de interrumpibilidad y, por tanto, tampoco recibe los incentivos compensatorios.

Así lo recoge la orden de 31 de octubre del 2013 que se regula el mecanismo competitivo de asignación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Y así lo recordó el jueves el director general de operación de Red Eléctrica de España (REE), Miguel Duvison, quien fue claro al explicar que una empresa que renuncia no puede volver a presentarse a la subasta inmediatamente posterior a la del desistimiento. Sí podrá concurrir a partir del 2020.

Es decir, las fábricas en venta se quedarían sin incentivos a partir de julio, justo en el momento en que el comprador, si lo hay, tendría que hacerse cargo de ellas. O sea, un varapalo más para la operación salvar Alcoa.

El Ministerio de Industria (que no el de Transición Ecológica, que es el competente en política energética, subasta de interrumpibilidad incluida) se apresuró a desmentir a REE al asegurar que Alcoa sí podría concurrir a la puja de junio. El operador del sistema organiza las subastas, aunque las normas las dicta el Gobierno.  

Todo se queda en deseo

Pero ¿quién tiene la razón en este aparente rifirrafe? Los dos. Porque la misma orden del 2013 dice que «la Dirección General de Política Energética podrá autorizar la participación [...] en las subastas [...] cuando el desestimiento se hubiese producido por motivos excepcionales debidamente justificados». O sea, el Gobierno quiere hacer una excepción con Alcoa. Pero ni siquiera sabe si lo podrá hacer. Porque nadie sabe quién ocupará la Moncloa a partir del 28 de abril, y la subasta será en junio.

Un seguro de incendios del sistema  

«Es como tener un seguro de incendios en tu casa, ¿queremos dejar de tenerlo?». De ese modo describió, y defendió, el mecanismo de interrumpibilidad el consejero delegado de Red Eléctrica de España (REE), Juan Lasala, durante un encuentro reciente con periodistas con motivo de la junta general de accionistas. Los incentivos públicos que se reparten en subasta a cambio de prestar el servicio son cuestionados por la Comisión Europea, que sospecha que se trata de una ayuda de Estado. En parte por esa especie de provisionalidad, las subastas se celebran cada seis meses, aunque comenzaron con una periodicidad anual. Está por ver si se mantendrán y convivirán con los otros mecanismos de apoyo a la industria incluidos en el estatuto del consumidor electrointensivo. Sobre la que previsiblemente se celebrará en junio, el director general de Operación de Red Eléctrica, Miguel Duvison, explicó que será similar a la última de diciembre, porque «no hay tiempo para cambiar drásticamente la metodología». Sin embargo, avanzó que «las subastas evolucionarán a un mecanismo electrónico más eficaz y menos costoso».

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