¿Qué puede esperar el Principado en cuanto a financiación autonómica?

Salvo Vox, que apunta a la reunificación del Estado suprimiendo de raiz el problema, el resto de partidos ven necesarios pactos para reequilibrar las desigualdades financieras entre comunidades


La cuestión de la equidad financiera entre territorios no forma parte solo del discurso de la derecha más crítica con los nacionalismos o con determinados desequilibrios del Estado de las autonomías. En Asturias, el propio presidente del Principado, el socialista Javier Fernández, se ha convertido en uno de los portavoces institucionales más activos en una cuestión de la que ha hecho bandera a menudo, incluso ante su propio partido. Con Pedro Sánchez recién llegado a la Moncloa, el jefe del Ejecutivo asturiano pedía a su homólogo en el Gobierno de la nación «encauzar» la reforma del sistema de financiación autonómica para nivelar las desigualdades entre autonomías y urgir a al Consejo de Política Fiscal y Financiera; una postura nada de extrañar en una comunidad como la asturiana, afectada comparativamente mucho más que otras por el envejecimiento de la población, la despoblación y el aislamiento. ¿Qué soluciones aportan los programas de los partidos al respecto de cara a la nueva legislatura?

PSOE

El PSOE, en una medida que sin duda aprueba el presidente asturiano, propone fijar los acuerdos sobre financiación interterritorial en el más estable de los textos legales: la Constitución. Su programa, previo pacto de Estado, insta a la creación de un «sistema de financiación regido según pevisión constitucional de principios con participación de los territorios» porque -recuerdan los socialistas- «la Constitución no contiene ninguna regla mínimamente precisa que permita decidir cómo deben financiarse». De este modo la Carta Magna daría estabilidad a «las decisiones fundamentales sobre el reparto de competencias financieras y distribución de recursos» y se solucionarían los inconvenientes de  «singularidad, inestabilidad e insatisfacción» que el PSOE detecta en la mayor parte de las comunidades autónomas. La consolidación de estos mecanismos de nivelación y solidaridad territorial exige también reconfigurar el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Partido Popular

En un tono más beligerante, el PP se propone «impulsar la vertebración territorial de España frente a egoísmos identitarios y desigualdades competenciales» porque las autonomías -afirman los populares- existen «para servir mejor a lo común», no para «descomponer lo común para que sólo sea de unos cuantos». El programa urge a la reforma, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, del sistema de financiación autonómica «basado en los principios de igualdad, equidad, transparencia y corresponsabilidad fiscal».

Unidas Podemos

El diálogo entre comunidades autónomas es las base de la propuesta en este terreno de Unidas Podemos, que el programa morado vincula a una reforma fiscal y a la «solución del problema de las deudas autonómicas producidas por la infrafinanciación». El objetivo es garanti­zar que se alcancen, al menos, tres condiciones: la sustitución del «techo de gasto» por un un «suelo de ingresos», que permitirá financiar «servicios públicos dignos»; el aumento de la financiación para cada comunidad, y la reducción de la desigualdad territorial en cuanto a financiación.

Ciudadanos

«Una financiación autonómica más justa y transparente»: ese es el eje de las propuestas electorales de Ciudadanos en cuanto a una financiación autonómica que el partido naraja promete reformar, acometiendo la tarea «pendiente desde 2014», para conseguir un modelo «que garantice la igualdad de todos los españoles en el acceso a los servicios públicos». Mención específica merece la supresión del «actual cálculo arbitrario e insolidario del cupo vasco» y de la situación navarra para asegurar la contribución del País Vasco a la solidaridad territorial en las mismas condiciones que el resto de Comunidades.

 Vox

La cuestión de la igualdad financiera de las autonomías no tiene sentido en el programa de Vox, que se propone «transformar el Estado autonómico en un Estado de Derecho unitario que promueva la igualdad y la solidaridad en vez de los privilegios y la división»; es decir: «Un solo gobierno y un solo parlamento para toda España». Mientras eso llega, la primera medida será la «devolución inmediata al Estado de las competencias de Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia limitando en todo lo posible la capacidad legislativa autonómica», además de suprimir el concierto vasco y el convenio navarro, trasvasando sus Diputaciones Forales al régimen común.

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