«El nuevo Gobierno de Asturias debe abordar políticas para desarrollar la economía social»

Ruperto Iglesias, presidente de la Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado y Economía Social (ASATA),

Ruperto Iglesias, presidente de ASATA
Ruperto Iglesias, presidente de ASATA

¿Qué haría si fuese presidente de Asturias? Responder a esta pregunta que me formula La Voz de Asturias es harto compleja, sobre todo si pensamos en la pluralidad de realidades y la complejidad de los problemas a los que se enfrenta nuestra comunidad autónoma.

Ante tal reto, van a permitirme proponer intervenciones e ideas en la materia que modestamente conozco, por experiencia vital, laboral y por la responsabilidad institucional que me toca ostentar como presidente de la Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado y Economía Social.

Para comenzar, me parece oportuno fijar el marco idóneo de acción política, y a mi entender se encuadra en una administración pública asturiana que oriente sus esfuerzos a potenciar valores de solidaridad, igualdad, cooperación y cohesión social, que sean garantes de un desarrollo económico sostenible y de una sociedad equilibrada que no deje a nadie atrás.  En ese escenario, tiene mucho que aportar la economía social, un fenómeno global que supone el 7% del PIB y del empleo a nivel mundial y que en la Unión Europea cuenta con más de 2,8 millones de empresas que producen el 8% del PIB. En España existen más de 43.000 empresas y entidades de economía social, que dan empleo a más de 2.300.000 personas y suponen un 10% del PIB español. Si nos acercamos a Asturias, contamos con 524 empresas, de las cuales 197 son cooperativas y 327 sociedades laborales, y generan más 5.300 empleos.

De todos esos datos emana mi primera propuesta. Es necesario incrementar las políticas públicas de apoyo y promoción de este modelo de empresa, de forma que se produzca una convergencia de los datos asturianos con los del resto de territorios de la Unión Europea.

Creo que uno de los principales compromisos que debería de adquirir el nuevo Gobierno de Asturias es abordar políticas de desarrollo, capacitación y visibilización de la economía social a través del apoyo a la formación permanente, la incorporación del modelo de empresa en el currículo escolar, así como en otros espacios y programas de promoción del emprendimiento, poniendo especial énfasis en el impulso al liderazgo y al empleo femenino, a la integración de colectivos en riesgo de exclusión social y al emprendimiento en economía social como elemento de desarrollo en áreas rurales y territorios desfavorecidos de Asturias.

Entre otras cuestiones que deberían desarrollarse en el inicio de la legislatura, creo necesario situar la reforma de la Ley Asturiana de Cooperativas, que necesita una adaptación al nuevo escenario socioeconómico y, además, modificar su articulado para dar cabida a la figura de la microcooperativa y eliminar algunas de las trabas burocráticas que minoran el desarrollo del movimiento cooperativista asturiano.

En ese contexto legislativo, no podemos olvidar las opciones que ofrece la Ley de Contratos del Sector público, que habilita ventajas para la economía social que aún no se han implementado de forma óptima. En Asturias, esta norma ha de convertirse en un instrumento eficaz de política económica que abra la gestión de servicios y recursos públicos, mediante porcentajes de reserva de contratos, a empresas de inserción, centros especiales de empleo, y empresas propiedad de los trabajadores, por lo menos, en igual medida que lo está haciendo la administración estatal. 

Continuo con las propuestas. En un contexto en el que los cambios tecnológicos, demográficos, de transición energética, medio ambiente, economía del conocimiento, deslocalización, están impactando velozmente en Asturias, en su mundo empresarial y en las relaciones laborales, creo necesario y urgente recuperar, e incrementar, las dotaciones presupuestarias necesarias para apoyar la consolidación empresarial del sector, para así poder articular nuevos programas que planteen acciones de tutorización, innovación, investigación, mejora de gestión, y digitalización de la actividad, para que las empresas de economía social crezcan en tamaño y volumen de negocio.

Ante esta situación, se hace imprescindible habilitar líneas de asistencia técnica, inversión y ayuda tanto para el fomento del empleo, como para la mejora de la competitividad en cooperativas y sociedades laborales. En ese marco, es vital facilitar a esas figuras empresariales, y a los emprendedores sociales, fórmulas de apoyo financiero a través de la Sociedad de Garantía Recíproca de Asturias, mediante la cual se podrán disponer de fuentes de financiación alternativas en las mejores condiciones posibles, y con apoyos directos al coste del aval.

Los trabajadores de la empresa pueden jugar un papel fundamental a la hora de garantizar la supervivencia de empresas en crisis o de propiciar el relevo generacional en las organizaciones empresariales. Ante tal premisa, dicha participación debe ser contemplada como una posibilidad específica y diferenciada en los protocolos de recuperación y relevo empresarial para garantizar la continuidad mediante la transformación de las empresas de capital en cooperativas o sociedades laborales. Entre otras medidas posibles a esos efectos, y tal y como se ha desarrollado en otras comunidades autónomas, creo que es conveniente introducir modificaciones en materia tributaria para favorecer la inversión empresarial a través de la participación de los trabajadores en la propiedad de las empresas. A ese respecto, la Norma Foral 6/2016 de Gipuzkoa es una buena referencia para profundizar en los incentivos y en la eliminación de obstáculos para el acceso a la propiedad de la empresa por parte de los trabajadores.

En Asturias, el cooperativismo ha sido una herramienta para dar respuesta a diversos colectivos con problemas de acceso a la vivienda, principalmente jóvenes. Actualmente, y atendiendo a la configuración social y a las nuevas necesidades de convivencia, entiendo que es necesario apostar por el desarrollo de viviendas colaborativas y autogestionadas, en donde comunidades de adultos mayores o jóvenes decidan unirse para compartir y disfrutar de espacios comunes manteniendo la independencia en sus propias viviendas. Este fenómeno, conocido como covivienda o cohousing, posibilita la racionalización y mejor organización de recursos públicos, como sanidad, suministros o servicios sociales

No puedo olvidar plantear al menos una propuesta encaminada a paliar la bomba demográfica asturiana, una realidad que puede dejar desiertos multitud de territorios.  El origen de este problema se sitúa en la falta de empleo y de oportunidades que hace que los habitantes de entornos rurales opten por emigrar hacia núcleos urbanos. Ante esta realidad, la puesta en marcha de las líneas de estudio y búsqueda de nuevos nichos de mercado, así como el desarrollo de programas de fomento del emprendimiento en economía social en las zonas rurales, pueden ser formas de contribuir al arraigo de población y actividad económica en lugares que, de otra forma, podrían estar condenados en un corto espacio de tiempo.  

Por último, de cara a garantizar la aplicación transversal y la dotación presupuestaria de las propuestas anteriormente presentadas, Asturias debe dotarse de un Plan Director de Economía Social que plasme el compromiso del Gobierno y de las instituciones asturianas con el sector y que, además,  se alinee y coordine con la Estrategia Española del sector y las directivas europeas, para revertir más recursos a nuestra comunidad autónoma y generar sinergias que redunden en que entidades y empresas de economía social, sean más fuertes y generen más empleo y dinamismo económico.

Nada más. Solo me queda agradecer a La Voz de Asturias esta tribuna que me facilita para dar visibilidad a las reivindicaciones de nuestro sector. Esperamos que, aunque yo no vaya a ser el presidente electo de los asturianos y asturianas, las propuestas aquí reflejadas lleguen a ser una realidad.

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