El tono cordial predominó en un encuentro marcado por la rigidez y el gran número de contendientes
21 may 2019 . Actualizado a las 12:46 h.El primer debate de la historia entre candidatos a la presidencia de Asturias, retransmitido por la televisión pública asturiana, se saldó con un tono general cortés, aunque con algunas puyas destacadas, en parte por la predisposición de los siete contendientes, pero sobre todo porque el formato, muy ceñido a los bloques y tiempos marcados para cada uno de ellos no alentaba los choques personales. En una larga serie de exposiciones personales fueron los impuestos y la oficialidad del asturiano los asuntos que marcaron más división, tanto entre candidatos como entre bloques ideológicos.
Grabado por la mañana para ser emitido por la noche (algo que se encargó de recordar, ya en su primera intervención, la candidata popular Teresa Mallada), el debate, moderado por el periodista Nacho Monserrat, se estructuró en un minuto previo para cada contendiente en el que se le invitaba a explicar su primera medida si lograra el gobierno, cinco bloques temáticos (sobre política industrial, área metropolitana e infraestructuras, crisis demográfica,cultura, y servicios sociales) con tres minutos por persona que cada cual podía administrarse; y un minuto final de apelación directa al votante. En todos ellos hubo choques y divergencias evidentes entre todos los partidos pero en perspectiva fueron dos los que más polarizaron: la fiscalidad y el reconocimiento pleno de la lengua asturiana en una futura reforma del estatuto de autonomía.
A grandes rasgos pero con diferencias intensas de grado, desde Vox a Ciudadanos pasando por Foro y Partido Popular, el eje principal de sus propuestas económicas pasa por intensas rebajas de impuestos que, a su juicio, ayudarán a dinamizar la economía y presentar a Asturias como un lugar atractivo para las inversiones. Lo hicieron Mallada (PP) y Vázquez (Ciudadanos) tanto como Moriyón (Foro) quien además lo quiso presentar como su aval de gestión al frente del ayuntamiento de Gijón. Blanco (Vox) fue más allá al proponer como su principal propuesta en política industrial el desmantelamiento de todo tipo y en todo nivel de regulación medioambiental del mismo modo que para el medio rural sus iniciativas pasan por un «laissez faire» absoluto que podría traducirse por «dexar facer» si su oposición al asturiano no fuera radical y furibunda. Sin embargo, en el otro lado del espectro, la defensa de que debe garantizarse la financiación de los servicios públicos con tributos fue más o menos explícita pero compartida por Adrián Barbón, del PSOE que además destacó los sistemas sanitarios y educativos públicos como «joyas de la corona» de la autonomía asturiana; también Lorena Gil (Podemos) que reclamó progresividad en los tributos; y Ángela Vallina (IU) que fue quien lo hizo más directamente al señalar que las bajadas de impuestos también son «de ingresos» para la administración y que afeó al PP que, en los momentos más duros de la crisis, «donde con más fuerza metió el hacha» fuera en sanidad y escuela pública.
Pero quizá fue en el bloque de cultura cuando el tono del debate subió algo más de volumen, sobre todo a la hora de abordar la pertinencia o no de avanzar en la oficialidad de la lengua asturiana. La rechazó de plano Ignacio Blanco asegurando que supondría una «imposición» que obligaría a usarla como lengua vehicular en las escuelas y como requisito para los funcionarios. De hecho, negó que existiera tal idioma «una llingua inventada por cuatro» y lamentó que sus hijos llegaran del colegio «y me vienen hablando de los trasgos, qué pérdida de tiempo». También la rechazaron sin esa virulencia, Juan Vázquez quien reivindicó «un país en el que las lenguas no sean obstáculo para que encuentre trabajo un médico»; Moriyón que indicó que el mismo debate sobre la oficialidad había provocado «un enfrentamiento en la sociedad» y Teresa Mallada quien retó a Barbón a que aclarara si lo llevaría en su programa o no y lo calificó de «frivolidad» por parte de la nueva dirección socialista frente a la anterior. Hizo algo parecido desde el otro lado Lorena Gil, que también urgió a Barbón a que dejara clara su posición al respecto, aunque el socialista respondió sólo a la candidata popular, señalando que la apuesta por la oficialidad había sido aprobada por la militancia del partido en su último congreso «pero no lo entiende porque usted es candidata por el dedazo del señor Casado». Por su parte Ángela Vallina recordó que su coalición siempre había defendido la oficialidad y resaltó (también lo hizo Barbón) que el último fin de semana había estado defendiendo en la Universidad de Oviedo la faceta como inversión y ventaja económica de la oficialidad del gallego el exconselleiro con Fraga, Víctor Manuel Vázquez Portomeñe. Lorena Gil apuntó que «quienes cuestionan la oficialidad son los mismos que cuestionaron el matrimonio homosexual y otros derechos».
Quizá el asunto que hizo coincidir más los ataques de los contendientes sobre el favorito en las elecciones fue el de la política industrial. A Barbón se le reprochó desde casi todas las formaciones el retraso en la presentación de un estatuto para las electrointensivas que se había prometido para antes de las elecciones generales pero que fue echado atrás por un informe de la CNMC. También fue una crítica común, con severas advertencias sobre su impacto en la economía asturiana, que la ministra Teresa Ribera quisiera adelantar los plazos de la descarbonización.
Otros de los asuntos que más sacaron a relucir los candidatos fueron la falta de conexiones aéreas internacionales y coincidieron todos en reclamar que se ponga punto y final definitivo a la apertura de los túneles de la Variante de Pajares.