¿Debe un Gobierno en funciones firmar un convenio a 4 años con un centro educativo privado?

Polémica por la decisión de la Consejería de Educación por el acuerdo con la Facultad padre Ossó, dependiente de la Iglesia

De izquierda a derecha: El decano de la Facultad Padre Ossó, José Prieto; el consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso; y el director general de Ordenación Académica e Innovación Educativa, Francisco Laviana
De izquierda a derecha: El decano de la Facultad Padre Ossó, José Prieto; el consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso; y el director general de Ordenación Académica e Innovación Educativa, Francisco Laviana

«Impulsar medidas que fomenten la equidad, la inclusión y la diversidad en el sistema educativo.». Ese es el objetivo principal esgrimido para que la Consejería de Educación del Principado alcanzase un convenio de colaboración, con una vigencia de cuatro años, con la Facultad Padre Ossó, un centro privado con titulaciones adscritas a la Universidad de Oviedo. La rúbrica de este acuerdo tuvo lugar a comienzos de esta semana, en concreto, el pasado 17 de junio. El Gobierno asturiano lo colocó en su agenda oficial y explicó que era un acuerdo para desarrollar actividades educativas de atención a la diversidad en centros docentes financiados con fondos públicos. De hecho, allí estuvo el titular de la cartera, Genaro Alonso, estampando su firma. Lo que no pasó de ser un acto protocolario ha terminado degenerando en una árida polémica impulsada por los defensores de la escuela pública, que acusan a la administración de amparar a un centro privado vinculado a la Iglesia, aprovechando el parón Parlamentario tras las elecciones y con un Ejecutivo que está en funciones. En estos términos se ha expresado la número 1 de IU, Ángela Vallina, sindicatos como Suatea, colectivos laicistas como Asturias Laica y el Movimiento Social por la Escuela Pública.  

Contrarios

Vallina ha acusado a Genaro Alonso de firmar un acuerdo con la Facultad Padre Ossó que permitirá la entrada de personal de esta entidad en la escuela pública. «Es una vergüenza, primero por el momento que se ha elegido pero, sobre todo, por el fondo del asunto. No es aceptable que cuestiones de tal trascendencia como la lucha contra el acoso escolar se fíe a entidades ajenas al propio sistema público», ha señalado. La líder de la coalición cree que se está produciendo una gran contradicción ya que es «la administración la que, en todo momento, tiene que planificar, programar, garantizar y asegurar tanto la formación de su personal como el del sector privado».

IU cree que este convenio con un centro privado «choca con lo que debe ser una sistema educativo público, de calidad y laico». Cree que lo que tendría que hacer la Consejería de Educación es confiar la lucha contra el acoso escolar, la violencia de género o la exclusión a personal del sistema público especializado. 

La denuncia de los colectivos docentes y laicistas va por derroteros muy similares. SUATEA, Asturias Laica y el Movimiento Social por la Escuela Pública hablan del «oscurantismo y la desinformación» con el que se ha gestionado este convenio, y califican de «osadía» que un consejero en funciones apruebe un acuerdo por cuatro años que tendrá que administrar su sucesor. Señala que el convenio supone que una institución educativa privada pondrá a disposición de los centros educativos públicos y concertados un terapeuta ocupacional y un educador social a partir del próximo curso y por un periodo de cuatro años. Aseguran que estas nuevas figuras se ocuparán de problemas fundamentales del alumnado de Infantil y Primaria en todo lo relacionado con acoso escolar, bullying, conductas racistas, inclusión de alumnado con discapacidad,...

Estos colectivos no entienden la necesidad de recurrir a una acuerdo con unaa entidad privada y vinculada a la Iglesia cuando «en la enseñanza pública hay profesorado formado y experto, algunos de ellos referentes a nivel de todo el Estado, en el tratamiento de este tipo de problemáticas, especialmente en igualdad de género, xenofobia, homofobia, etc. y son profesionales de la educación que trabajan a diario con todo tipo de alumnado y colaborando codo a codo con los equipos docentes y equipos directivos». Es más, indican que si la consejería considera necesario que los centros cuenten con Terapeutas Ocupacionales y Educadores Sociales, «debería crear estas plazas y sacarlas a oposición».

Su queja va un paso más allá. Estos colectivos denuncian que la Administración educativa asturiana llevan 10 años desmantelando los Centros de Formación del Profesorado (CPRs) y ahora recurra a la Facultad Padre Ossó. Explica que solo quedan abiertos cuatro CPRs, en Oviedo, Gijón, Avilés y Cuencas, tras haber cerrado los periféricos, Llanes, Luarca, Cangas de Narcea,... Esto ha obligado a los docentes a realizar grandes desplazamientos y fuera de su horario para poder actualizarse.

La Facultad

El decano de la Facultad Padre Ossó, José Antonio Prieto, destacó durante la firma del convenio la importante labor de la Facultad en materia de formación permanente durante 50 años. Agradeció la colaboración de la Consejería de Educación y Cultura, para de manera conjunta «poder dar respuesta a un contexto educativo que está evolucionando rápidamente y para el cual se necesita nuevo personal que acompañe la labor del profesorado».

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