El sector electrointensivo clama por unos precios eléctricos iguales a los europeos para poder competir en los mercados, donde los incentivos están a la orden del día
27 jun 2019 . Actualizado a las 20:02 h.¿Quién no querría pagar menos por la factura eléctrica? Todos levantarán la mano, claro. Los que más, los dueños de las industrias electrointensivas, aquellas cuyos procesos productivos se ejecutan con la electricidad como materia prima principal. Es, por ejemplo, el caso de las fábricas de aluminio primario, metal que se sintetiza gracias al proceso de electrolisis; y de las de silicio, en las que la energía se usa para fundir la piedra de cuarzo. En ambas, el gasto en luz se come el 40 % de los costes totales de producción. Por eso es tan importante para estas plantas que la electricidad esté lo más barata posible, o al menos al mismo nivel que en los países con los que compiten.
Y esto no está ocurriendo. Según la patronal de la industria electrointensiva, aquí pagan entre 20 y 25 euros más por megavatio que las mismas industrias en Francia y Alemania, «donde sí cuentan con una política industrial eficaz». Tirón de orejas al Gobierno, que no es nuevo, pero sí suena cada año más desesperado, a medida que más industrias entran en barrena ahogadas por la falta de competitividad derivada de la caída progresiva de los incentivos eléctricos. Solo los que reparte la subasta de interrumpibilidad han bajado este año un 40 % en comparación con el 2018.
Alcoa se quita de encima las fábricas de Avilés y A Coruña tras perder con ellas casi 100 millones de euros en los dos últimos años, no solo por el elevado coste eléctrico, pero también por él. Tras venderlas se quedará solo con el complejo de San Cibrao, compuesto por una fábrica de alúmina -que va de cine- y otra de aluminio, que también está perdiendo dinero. De hecho, la multinacional estadounidense ya lanzó una primera advertencia sobre San Cibrao: también está en peligro.
También el que se perfila como nuevo dueño de las plantas Avilés y A Coruña, el fondo suizo Parter Capital, avisa de que, de momento, se olvida de reactivar las electrolisis que Alcoa deja en hibernación y, por tanto, de recuperar la producción de aluminio primario, hasta que el megavatio hora no baje de los 40 euros. El precio medio de mercado este año ronda los 52.
El Gobierno le entregó una carta a Parter en la que le promete medidas que abaratarán la tarifa entre 12 y 15 euros. No detalla cuáles son. Tampoco la ministra de Industria en funciones, Reyes Maroto, quiso ahondar en la cuestión, informa Efe. Sí aprovechó la pregunta para alardear del compromiso del Gobierno con la industria electrointensiva, porque, añadió, este año ha movilizado 175 millones en subvenciones para compensación de costes de CO2 y 200 millones en las subastas de interrumpibilidad. Y así es, pero el sector lo que demanda es estabilidad regulatoria para saber a qué atenerse cada año. Las compensaciones por CO2 citadas por Maroto son extraordinarias, o sea, no hay una partida estable; y los incentivos de la subasta varían de una para otra, y siempre a la baja.
Cuando a finales del 2018 estalló la crisis de Alcoa -que sacó a relucir los problemas de competitividad de todo el sector electrointensivo-, el Ministerio de Industria -no el de Transición Ecológica, que es el competente en política energética- anunció un estatuto especial para ese tipo de consumidores, con medidas de apoyo estables y predecibles, que se sigue echando de menos.
Europa apoya a sus industrias
Cuando la patronal del sector electrointensiva habla de que, a diferencia de España, en Francia y Alemania cuentan con una política industria eficaz, ¿a qué se refiere? Ni más ni menos que a las medidas de apoyo a la industria instauradas por los socios comunitarios para que su economía no palidezca ante los precios eléctricos. Porque las hay, y el sector nacional quiere las mismas. Nada raro.
Así, según un informe elaborado por la consultora Deloitte, los Gobiernos de Alemania, Francia, Bélgica, Holanda y el Reino Unido, por ejemplo, miman a sus industrias con una exención total del impuesto de electricidad y parcial de costes del sistema eléctrico; también están instauradas las compensaciones por emisiones indirectas de CO2, cuando en España se abonan de forma esporádica. Además, en todos esos países se aplica un mecanismo de gestión de la demanda (interrumpibilidad); en Francia las subastas son por un período de seis años y en Alemania, de dos. También cuentan con descuentos de los cargos para financiar las renovables. En Francia, por ejemplo, la principal compañía eléctrica, EDF, es estatal, y ofrece precios especiales para los grandes consumidores eléctricos.
En España, las herramientas de apoyo son la subasta, la exención parcial del impuesto de electricidad y este año las compensaciones de CO2.
En definitiva: el precio de la electricidad fue de 36 euros en Alemania el año pasado; 39 en Francia, y 60 en España. La competitividad, regular.