Alcoa recibe un torrente de críticas (y sospechas) por su gestión de la venta

Políticos, sindicatos y trabajadores califican de bochornosa e impresentable la actitud de la multinacional, a la que acusan de cambiar las reglas del juego a última hora

Trabajadores de Alcoa concentrados en la plaza de España de la Avilés, para pedir la intervención del Estado en las fábricas de Alcoa local y de A Coruña
Trabajadores de Alcoa concentrados en la plaza de España de la Avilés, para pedir la intervención del Estado en las fábricas de Alcoa local y de A Coruña

Volverán a verse las caras mañana, lunes, a las once de la mañana. Quizá en ese momento se despeje la nube negra que ha vuelto a formarse sobre la venta de las fábricas de Alcoa de A Coruña y Avilés a la compañía Parter. Los trabajadores nunca se han llegado a fiar del todo. Siempre habían mostrado sus recelos con la operación. El tiempo parece que ha terminado dándoles las razón. Las críticas del comité de empresa han obtenido un gran eco entre sindicatos, partidos e, incluso, políticos, después que Alcoa suspendiera por sorpresa la venta y el Ministerio de Industria tuviera que mediar para conseguir una prórroga de una semana. La fecha tope dada inicialmente para despejar el horizonte expira esta medianoche. Ahora, se alargará hasta el próximo 8 de julio.

La responsabilidad es de lo más diversa, en función de quién hable. Para unos la única culpable de que las conversaciones hayan encallado de manera sorpresiva es Alcoa y el último balón de oxígeno lo ha conseguido Industria. Para otros el ministerio tiene exactamente la misma responsabilidad que la compañía. Independientemente del grado de implicación, lo cierto es que todos reclaman la máxima transparencia y garantías de futuro. Asegurar el trabajo de centenares de profesionales es la prioridad. Los recelos han crecido en las últimas horas y eso genera más intranquilidad si cabe.

El comité de empresa se ha negado «en rotundo» a firmar un escrito de conformidad con el proceso y llegó a abandonar la mesa «en algún momento». La asamblea de Avilés votó en contra de dar el visto bueno a la operación, tal y como exigía Alcoa. Incluso se sintió presionada y denunció una especie de chantaje.

Lo que es una incógnita es la razón por la que la empresa duda ahora de Parter Capital cuando siempre ha dicho que cumplía con los requisitos exigidos. Es más, Alcoa rechazó a Quantum, la empresa preferida tanto por el Gobierno del Principado y por la plantilla avilesina, porque decía precisamente que no ofrecía suficientes garantías, algo que no pasaba con Parter. Los trabajadores, en cambio, alegaban justo lo contrario. En un giro inesperado de thriller, todo cambió la tardel del viernes.

En principio, la oferta del fondo de inversión suizo Parter Capital, la única aceptada inicialmente, garantiza la continuidad de 250 trabajadores en cada una de las fábricas -frente a los 317 con que cuenta la planta avilesina y los 369 de la coruñesa-, cantidad que podría incrementarse en caso de que se arranquen las series de electrólisis. 

La empresa despechada

Quantum no se ha quedado callada. La compañía que había sido desechada por Alcoa mantiene su oferta para hacerse con ambas factorías «con un sólido proyecto industrial y todas las garantías financieras», han subrayado a Efe fuentes del fondo alemán. Quantum ha subrayado que dichas garantías financieras, «con el soporte de entidades internacionales de reconocido prestigio y de su propio grupo de compañías» dentro del sector del aluminio «suponen una cobertura financiera suficiente para todas las necesidades planteadas para ambos proyectos».

El fondo alemán ha reiterado su interés por la adquisición de ambas plantas a dos días de que finalice el plazo para la venta, y ante las dudas surgidas en torno a las garantías financieras de Parter, el fondo suizo seleccionado por Alcoa como comprador.

El propio comité

El propio comité de empresa de Alcoa ha afeado a la multinacional estadounidense que «boicotee» el proceso de venta de la compañía. «Durante toda la tarde y parte de la noche se ha discutido con la empresa al entender que estaba boicoteando, una vez más, el proceso de venta cambiando las condiciones al inversor en el último momento y exigiendo unas condiciones que eran casi imposible cumplir en 24 horas», añade el comité. Parte de esa discusión ha versado sobre la ratificación que exige Alcoa sobre el proceso de venta, un paso que no se ha consumado. Al final del encuentro, Alcoa ha firmado el acta con el aplazamiento del proceso del ERE hasta el 8 de julio, manteniendo las condiciones actuales.

La alcaldesa de Avilés

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, ha calificado de «impresentable» la actitud de la multinacional del aluminio Alcoa al plantear exigencias de última hora en la negociación. Según Monteserín, la empresa ha actuado de forma «desleal» tanto con los gobiernos central y autonómico como con los trabajadores «al anunciar un cambio en las reglas de juego antes de finalizar el partido» dado que la fecha límite para la venta de ambas plantas se había fijado para hoy.

A su juicio, sólo la «oportuna» intervención del Ministerio de Industria y de los trabajadores ha permitido obtener una prórroga de ocho días «para clarificar las dudas que existen», una actitud «muy impresentable» por parte de Alcoa tras un proceso «largo, tortuoso y difícil especialmente para los trabajadores que no se merecen esto».

 Comisiones Obreras

La Federación de Industria de CCOO de Asturias ha criticado tanto el papel de las administraciones central como el de la autonómica en la venta. El sindicato señala que lo ocurrido en la reunión mantenida el viernes, que se alargó hasta la madrugada, sobre el «supuesto» proceso de venta ha supuesto «un espectáculo bochornoso» en el que los representantes políticos «han superado el limite razonable para poder seguir manteniéndose en el ejercicio de sus responsabilidades».

Para CCOO, es «insólito» que después de que el Ministerio de Industria afirmara que el proyecto de Parter Capital cumplía todas las garantías exigibles y que lo había revisado junto a Alcoa, el Gobierno se entere ahora «que la realidad era otra, como de forma insistente han venido diciendo los representantes de los trabajadores». Así, el sindicato reclama una petición de disculpas pública a los trabajadores por parte del ministerio y que se depuren las responsabilidades tras «hostigar» a los empleados «siguiendo el juego» a la empresa para que dieran su apoyo a una operación que no veían clara e intentando atribuirles la responsabilidad de lo que pudiese suceder con sus empleos si no respaldaban la venta. Además, la Federación de Industria de CCOO cree «singularmente doloroso» el papel del Gobierno asturiano «confundiendo la lealtad institucional con la sumisión y haciendo una dejación de funciones absoluta a la hora de defender los intereses».

Unidas Podemos

Al torrente de críticas también se ha sumado la diputada de Unidas Podemos por Asturias, Sofía Castañón, que ha exigido la intervención del Gobierno para paralizar el expediente de regulación de empleo en ambas plantas «hasta que exista una solución para las plantas y los trabajadores». Para Castañón, la prórroga de ocho días para el proceso de venta de las factorías de Avilés y A Coruña «es tiempo más que suficiente para que el Gobierno actúe, porque tiene la capacidad y la responsabilidad, y porque nuestra propia Constitución lo obliga».

Además, ha reivindicado la soberanía del Estado en la producción del aluminio primario a la que no se debe renunciar porque una empresa en Estados Unidos esté intentando «por el interés de su propio monopolio de producción, destrozar la vida de tantísimas personas y las posibilidades de desarrollo de dos ciudades».

Esto mismo defiende la marca política en Galicia, En Común-Unidas Podemos. Esta formación pedirá al Gobierno central la paralización del expediente de despidos de trabajadores de las fábricas hasta que no haya una solución sobre un comprador. Así lo anunció hoy la diputada Yolanda Díaz en una conferencia de prensa en A Coruña, según un comunicado divulgado por esa formación política. «Hay que paralizar o ERE hasta que exista una solución para las plantas y los trabajadores» de la multinacional estadounidense, comentó Díaz, y expresó la solidaridad de su formación política con los trabajadores de esas fábricas.

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