El bloqueo político le cuesta 200 millones a la financiación asturiana

El Gobierno en funciones no puede hacer efectiva la deuda acumulada por mensualidades del IVA y entregas a cuenta

Sánchez iniciará una ronda de contactos con agentes sociales para presentar un acuerdo a Podemos. El objetivo es sacar adelante la investidura sin que la formación morada entre en el Gobierno
Sánchez iniciará una ronda de contactos con agentes sociales para presentar un acuerdo a Podemos. El objetivo es sacar adelante la investidura sin que la formación morada entre en el Gobierno

La congelación de fondos pendientes por parte del Estado a Asturias tiene dos episodios fundamentales que se cuentan por prórrogas presupuestarias y que se han agravado con la falta de acuerdo para la investidura después de las últimas elecciones generales. En el camino, la cifra ha crecido hasta rondar los 200 millones de euros y es por eso por lo que el presidente asturiano, Adrián Barbón, alertó la semana pasada en el acto socialista de La Camperona de que «tener un gobierno en funciones nos debilita como comunidad autónoma y nos impide mirar al futuro con ilusión», y apuntó además que se puede cuantificar lo que Asturias pierde por la ausencia de Gobierno, dado que el Ministerio de Hacienda no puede actualizar las entregas de la financiación autonómica. En sus declaraciones, Barbón remarcó su temor a que también puedan verse afectadas las cuentas regionales del próximo año si persiste el bloqueo a un Gobierno presidido por Pedro Sánchez del que culpó a Ciudadanos y a Podemos. ¿En qué cantidad se cuantifica? Barbón no lo expresó en La Camperona pero la cifra se conoce desde que comenzaran las demandas de esa deuda por parte del Principado a finales del último mandato de Rajoy: suman alrededor de 200 millones de euros, de los que unos 75 corresponden a las mensualidades atrasadas del IVA y el resto (algo más de 120 millones de euros) a la parálisis de las entregas a cuenta.

No llegaron ya en 2018 por el, denunciado entonces, como «tijeretazo de Montoro», cuando el ministro de Hacienda popular afrontó la prórroga de los presupuestos generales del Estado y optó por vincular esta situación a las entregas a cuenta a las comunidades. Las cuentas de territorios como Asturias dependen en buena medida de fondos estatales y los socialistas entonces denunciaron la injusticia de que los fondos destinados a financiar tanto la educación como la sanidad (que son competencia autonómica) que daran al albur de una una decisión política estatal en la que no tenían parte y señalaron que  «la prórroga de los presupuestos del Estado no pueden ser una prórroga añadida a las comunidades autónomas o una asignación de menos recursos».

Tras la moción de censura, la nueva ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, preparó la entrega de esas cantidades, los alrededor de 200 millones pendientes en Asturias, en el proyecto de nuevos presupuestos generales del Estado, pero la iniciativa no salió adelante por la falta de apoyo de los nacionalistas catalanes lo que abocó a unos comicios adelantados.

Y aquí surgió un nuevo problema. Incluso con los presupuestos generales del Estado prorrogados, el Ejecutivo de Pedro Sánchez hubiera tenido la capacidad de hacer efectiva la entrega de esos fondos al Principado, y de hecho se preparó el Real Decreto para llevarlo a cabo. Pero con la disolución de las cámaras para afrontar las elecciones generales de abril, el gobierno entró en funciones, vio limitadas sus competencias y la Abogacía del Estado advirtió de que ya no era posible hacerlo. No mientras el gobierno estuviera en funciones.

La administración asturiana, que comparte color político con el Ejecutivo de Sánchez, se ha cuidado de no hacer «casus belli» con por este asunto y ha dirigido sus dardos hacia los grupos de Ciudadanos y Podemos señalando que su renuencia, en distintos grados y por diferentes motivos, para no facilitar la investidudura de Pedro Sánchez y poner en marcha la legislatura, es la responsabilidad última de un bloqueo que puede terminar por impactar de forma importante a las cuentas de la comunidad. En todo caso, las quejas se han dejado notar y no ha sido el único territorio que lo ha hecho.

Desde Galicia, se reclaman 530 millones por esas entregas (que junto a otros 170 millones pendientes alcanzan 700 que se piden a Madrid), pero también se han topado con la misma respuesta de Hacienda que aduce que al estar en funciones y con el presupuesto prorrogado, no puede actualizar los fondos. Desde Cantabria, su presidente el regionalista Miguel Ángel Revilla señaló este fin de semana que en su comunidad «son 135 millones lo que hemos dejado de ingresar a día de hoy y repercute mucho en la gente porque no es dinero para hacer puentes ni polideportivos. Es dinero para la gente que más lo necesita». Y añadió que no descarta tener que acometer «recortes» si no hay presupuestos del Estado.

Este mismo martes, la ministra de Industria Reyes Maroto, de visita en Asturias señaló que el hecho de que el gobierno se encuentre en funciones les impide poner en marcha de forma definitiva el Estatuto de la Industria Electrointensiva, destinado a rebajar el precio de la energía para las industrias, como en ocurre en muchas de la comunidad, para las que el precio de la electricidad supone uno de los principales costes de producción. Maroto explicó que el borrrador del texto está ultimado a la espera de que pudiera recibir aportaciones de otros agentes implicados «porque todo es susceptible de mejorar» pero que el único impedimiento para su aprobación era que el Ejecutivo tuviera plenas competencias y dejara de estar en funciones.

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