En España, la ley solo obliga a contratarlo a los dueños de perros potencialmente peligrosos
06 sep 2019 . Actualizado a las 22:24 h.Aunque los colectivos animalistas llevan años pidiendo la prohibición de la compra-venta de animales domésticos como principal arma de prevención contra el abandono, la realidad es que el mercado parece que no tiene techo y, año tras año, sigue creciendo. Solo en Asturias hay más de 163.000 perros registrados por el Colegio de Veterinarios. Y es que según los datos del Euromonitor International, la industria de los animales domésticos mueve solo en España alrededor de 1.000 millones de euros entre venta de ejemplares, de alimentos, de servicios veterinarios y, cada vez más, de seguros.
En vista de la mejora de los servicios veterinarios y de la bajada de precios también de los seguros, cada vez son más las personas que se deciden a contratar una póliza para sus compañeros de otras especies. El 80 % de los servicios que contratan los usuarios son de responsabilidad civil, para hacer frente a los daños ocasionados a terceros; de defensa jurídica, para la representación en procesos judiciales; de gastos veterinarios por accidente; y de estancia en residencia canina, en el caso de que el propietario del animal esté hospitalizado.
Según la legislación española, el único caso en el que es obligatoria la contratación de un seguro de responsabilidad civil es en el de los dueños de perros potencialmente peligrosos (PPP). Dicha póliza debe cubrir daños a terceros con una indemnización de por lo menos 120.000 euros.
Pero, ¿qué es un perro potencialmente peligroso? Pues aunque la ley del año 2002 lo especifica en una pequeña lista, la elección de las razas que ahí aparecen es criticada desde entonces por los colectivos animalistas. El motivo de las quejas es que la entidad que asesoró al Gobierno de Aznar para la elaboración de esa lista fue la Real Sociedad Canina de España, cuyo director era Manuel Martín, que compaginaba esta función con la de presidente del Real Club Español del Perro de Pastor Alemán. Esto podría explicar que la legislación española, a diferencia de algunas de sus homólogas europeas, no considere al pastor alemán como un PPP. Más aún cuando es una de las razas que más muertes ha causado en Europa desde que se tienen datos.
Controversias aparte, con arreglo al tipo de raza -peligrosas o no- y de cobertura, el coste de las tarifas por año puede oscilar entre los 47 euros para el seguro de responsabilidad civil más sencillo y los 400 euros para el más completo con coberturas para accidentes, robo, servicios veterinarios, servicios funerarios e indemnizaciones.
Algunos colectivos animalistas y otras muchas protectoras hace tiempo que pusieron sobre la mesa la idea de crear una suerte de «Seguridad Social para perros» que pudiese cubrir los gastos veterinarios de los animales que, en muchos casos, «se escapan de los bolsillos de la gente humilde» y que, en ocasiones, son causa de abandono.
Por ley en Madrid y País Vasco
En Madrid y el País Vasco, los dueños de perros, independientemente de su raza, están obligados por ley a contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra los posibles daños a terceras personas. En ambas comunidades, los perros potencialmente peligrosos son los canes más abandonados y los menos adoptados, ocupando casi el 90 % de las jaulas que, desde que se implantó la «ley de sacrificios cero», ocuparán, con toda probabilidad, durante el resto de su vida.
Una legislación inexacta
Las protectoras están de acuerdo en criticar la ley que desde el 2002 regula las categorías con las que se diferencian las razas peligrosas de las que no lo son. El problema es la situación incierta de los mestizos, que suele resolverse por jurisprudencia.