El Principado ultima un decreto en el que se facilita el acceso a este servicio y se regula un turno específico para las víctimas de tratas de seres humanos y terrorismo. Actualiza las tarifas
05 sep 2019 . Actualizado a las 22:03 h.Hace justo un año, en septiembre de 2018, el decano del colegio de abogados de Gijón, Sergio Herrero le pedía a la entonces directora general de Justicia, hoy flamante viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente, la necesidad urgente de la reforma del reglamento de asistencia jurídica gratuita. En febrero, tanto el colegio de Gijón como el de Oviedo acordaron con el Gobierno del Principado un documento, después de meses de negociación. Seis meses después el reglamento está listo y estará a exposición pública hasta el próximo, 1 de octubre. Este reglamento da respuesta al reto tecnológico, actualiza los miembros que integran la comisión de asistencia gratuita, establece un procedimiento concreto y algunas especialidades en la que se nombrará obligatoriamente abogado y regula un turno específico para las víctimas de trata de seres humanos y terrorismo.
El Principado reconoce que han pasado más de 10 años desde que entrara en vigor el decreto 273/2007, de 28 de noviembre, que regula la asistencia jurídica gratuita, de la que forma parte el turno de oficio, y que es necesario una actualización para atender a los nuevos retos y para adaptarlo a las novedades legislativas aprobadas en todo este tiempo. De ahí nace este documento que ya está firmado por la nueva consejera de Presidencia, Rita Camblor, que es el área que gestionará la Justicia.
Uno de los puntos importantes es la composición y el funcionamiento de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, que es el órgano que regula el reconocimiento de este derecho. Lo que ha hecho el Principado ha sido actualizar el número de miembros y abrir la posibilidad de crear una o varias delegaciones si el volumen de asuntos es tan alto que se hace necesario. Le dota incluso de más competencias, al permitir que realice averiguaciones adicionales a las de los colegios de abogados para determinar la situación patrimonial y económica de los posibles beneficiarios. Se han creado unos baremos que establecen las tarifas por la asistencia a reuniones de sus miembros. En concreto, tendrá cuatro miembros: un letrado del Principado, un miembro de signado por los colegios de abogados de Oviedo y Gijón, otro nombrado por los colegios de procuradores de Oviedo y Gijón y un representante de la Administración.
Supuestos especiales
En el caso de la violencia de género o de terrorismo que soliciten la asistencia jurídica gratuita para algún proceso tendrán derecho a la designación provisional de un letrado y de un procurador aún cuando no sea preceptiva, en su caso, la intervención de estos profesionales. La idea es, por tanto, darles la máxima cobertura posible. Existe una serie de supuestos en los que aunque la persona no inicie los trámites para solicitar un abogado del turno de oficio, el letrado asignado podría hacerlo a iniciativa propia si considera que es posible que se den las circunstancias para que sea beneficiario. Eso pasará en el caso de violencia de género, terrorismo, trata de seres humanos, menores de edad o personas con discapacidad intelectual o enfermedad que puedan haber sufrido algún abuso o maltrato.
Se introducee un mecanismo que garantiza la reitribución de los abogados del turno de oficio en defensa de personas jurídicas materialmente insolventes, pero para cuya defensa resulte obligada su designación, ya sea como responsable civil o como responsable penal, por resolución judicial.
El Principado explica que esto se ha pensado porque en muchas ocasiones, los ciudadanos que podrían beneficiarse ni siquiera cumplimentan el formulario de solicitud y resulta imposible realizar una investigación real sobre su situación patrimonial para ver si encajan en el perfil al que se dirige este servicio. Para todo el resto de los supuestos, la averiguación de la situación económica del solicitante sí que es un requisito indispensable. El reglamento, de hecho, trata de establecer un sistema que otorgue a los colegios de abogados margen suficiente para recabar todos los datos de manera eficaz. Así la información que llega a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita será la más fiable.
Cada colegio de abogados tendrá una o varias guardias de disponibilidad con letrados especializados en la orientación jurídica, defensa y asistencia de las víctimas de violencia de género, terrorismo y de trata de seres humanos, así como a los menores de edad y las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental cuando sean víctimas de situaciones de abuso o maltrato. Estos turnos tendrá un número de integrantes y una periodicidad que cada colegio tendrá que determinar en función de una serie de factores, como son la litigiosidad, la distancia de los centros de detención o las características geográficas de la zona.
El baremo económico ha sido actualizado y el Principado se compromete a que las cuantías se revaloricen automáticamente cada año, de acuerdo con el porcentaje de incremento de los salarios de los funcionarios del propio Principado. Aunque sea automático y no sea necesaria una negociación, la consejería tendrá que publicar una resolución.
Los precios base del año 2007 se actualizan en todos los campos. La asistencia a un detenido se pagaba a 85 euros hace 12 años. Pasa a valorarse en 93 euros. Una guardia de 24 horas con un detenido en un caso de enjuiciamiento rápido pasa de 154 a 168. La guardia de 24 horas con la asistencia a un detenido en un procedimiento general responde a las mimas tarifas. Las guardias de 24 horas en el turno de asistencia a la mujer que es víctima de violencia de género en las que no hay ningún caso pasa de 85 a 95 euros. Por cada asistencia y asesoramiento, se cobrará 172 euros. Esta es una de las tarifas con mayor subida junto con el procedimiento de tribunal del jurado que sube de 450 euros a 900 y los procedimientos de especial complejidad que registran exactamente el mismo incrementos. El kilometraje por desplazamiento en distancia de menos de 5 kilómetros pasa de 12 a 13 euros; de 25 a 50 kilómetros, pasada a 30; y en más de 50 kilómetros alcanza los 55 euros.