El Principado fue la cuarta comunidad menos endeudada en 2018. Cárcaba tiende la mano a la izquierda en los presupuestos
23 sep 2019 . Actualizado a las 11:04 h.El Principado de Asturias está trabajando para llevar a cabo una emisión de deuda pública, a fin de dar «un paso más» que permita adquirir una ventaja financiera «a medio y largo plazo», dada la «gestión responsable de la deuda» del Gobierno en los últimos años.
La consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, ha realizado este anuncio durante la comparecencia en la que ha explicado las líneas estratégicas de su departamento para la legislatura. A raíz de la gestión de la deuda, Asturias cuenta con una calificación crediticia de Baa1, con perspectiva estable y Prime-2 para la deuda a corto plazo. «Esto favorece el interés de los inversores en nuestro territorio y nos permite beneficiarnos de tipos de interés más favorables», ha explicado.
Ha agregado en este sentido que según los últimos datos del Banco de España, Asturias fue la cuarta comunidad autónoma del régimen común menos endeudada a cierre de 2018, con un porcentaje de deuda del 18,4 del PIB frente a la media del 24,3%. Todos estos datos, ha subrayado Cárcaba, «invitan» al Ejecutivo a pensar que «2020 puede ser el momento idóneo» para emitir deuda pública.
«Creemos firmemente que el futuro de nuestra financiación pasa por acudir a los mercadosÌ, ha añadido, aunque ello no implica que el Principado abandone otros métodos de financiación como los mecanismos que ha puesto el Estado al servicio de las CCAA.
Mano tendida a la izquierda
Por otro lado, y según recogió Europa Press, Cárcaba, tenderá la mano en primer lugar a los grupos de izquierdas en la Junta General del Principado de Asturias para sacar adelante los Presupuestos Generales asturianos para el año 2020, aunque pretende aglutinar «el máximo consenso posible» en la Cámara asturiana.
Así lo ha anunciado durante su primera comparecencia como responsable de Hacienda, en la que ha fijado como el reto más «inmediato» la elaboración de las cuentas autonómicas, ligado a la obtención de un nuevo modelo de financiación autonómica.
Este proyecto presupuestario, del que todavía no se conocen cifras, recogerá «las necesidades de todos los asturianos», y con él se pretende sortear la prórroga presupuestaria. «Ya hemos visto de qué manera ha afectado a las cuentas autonómicas el hecho de que en el Estado no tengamos Presupuestos Generales», ha añadido, para señalar después que «no es lo mismo contar con el máximo de recursos posibles que padecer los rigores de una prórroga».
La Consejería de Hacienda ya publicó la pasada semana las normas para la elaboración de los Presupuestos, aunque la falta de previsión de ingresos y otras informaciones procedentes de Madrid hace "difícil" predecir los plazos. No obstante, Cárcaba ha asegurado que su departamento tratará de agilizar el procedimiento «lo máximo posible».
Una vez aprobado, ha agregado, su departamento se compromete a llevarlo a la práctica a través de una gestión presupuestaria «rigurosa, eficaz y realista».
Consenso en financiación
Durante su intervención la consejera de Hacienda ha pedido al resto de grupos con representación en la Junta General consenso para lograr una posición común respecto al nuevo modelo de financiación autonómica. Asturias, ha dicho, debe ir a negociar a Madrid «unida».
«Poco podremos defender en Madrid si vamos separados y cada uno de nosotros hace la guerra por su cuenta», ha apostillado. Así, ha asegurado que su voluntad es propiciar «el mayor entendimiento» con los grupos de la Junta General para lograr un amplio acuerdo social, así como mantener y reforzar las alianzas alcanzadas durante la anterior legislatura con otras CCAA.
Teniendo en cuenta que más del 75 por ciento de los ingresos asturianos proceden de los modelos de financiación autonómica y provincial, Cárcaba considera necesario fomentar el «diálogo» y la «responsabilidad» para la reforma del modelo.
A su juicio, el punto de partida del futuro modelo deberá ser un sistema centrado en las necesidades de gasto y el coste efectivo de los servicios, y no enfocado en base a la «capacidad fiscal» de cada territorio. El Ejecutivo defenderá así un modelo que garantice la equidad y la solidaridad, donde se tengan en cuenta aspectos que condicionan «de forma decisiva» el coste de prestación de servicios, tales como el envejecimiento, la dispersión o la orografía.