El juez ordena localizar a la joven que denunció coacciones para casarse o ser encerrada «sin trabajar ni estudiar»
26 sep 2019 . Actualizado a las 13:35 h.Un juez ha suspendido este jueves el juicio contra una pareja rumana acusada de coaccionar a su hija de 17 años para que se casase con otro menor de su misma nacionalidad ante la incomparecencia de la víctima, que ahora es mayor de edad.
El titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Oviedo ha pedido que se oficie a la Policía Judicial para que averigue dónde se encuentra la joven para que comparezca en la vista oral, cuya fecha se determinará una vez que se tenga constancia oficial de que ha sido localizada.
La medida ha sido adoptada a petición de la Fiscalía después de que la acusada A.G. y su pareja sentimental N.G. anunciaran que desconocían dónde se encontraba actualmente la joven.
La madre y su pareja han comentado, fuera de la sala de vistas a los periodistas, que la joven «se lo inventó todo» porque, según su versión, «quería independizarse» y han negado que la coaccionaran.
La Fiscalía solicita una medida de alejamiento y el pago de una multa de 3.240 euros para a pareja.
El Ministerio Fiscal sostiene que la madre de la menor y su padrastro, que convivía con la joven desde pequeña, le insistieron en el mes de septiembre de 2018 para que formalizara un matrimonio de conveniencia con un menor de nacionalidad rumana.
La pareja, según el relato fiscal, amenazaba a la menor diciéndole que si no accedía a su petición la enviarían a Rumanía y la encerrarían en casa sin dejarla salir, ni trabajar ni estudiar.
La acusación pública asegura que la menor vivía en una presión constante de amenazas y coacciones para que accediera a las pretensiones de los acusados.
El 3 de octubre de 2018, el padrastro reiteró la amenaza advirtiendo a la adolescente que si no se casaba al día siguiente le compraría un billete y la mandaría a Rumanía, momento en que la madre, sin llegar a agredirla, le quitó el móvil de manera violenta y lo tiró al suelo, circunstancia que la hija aprovechó para marcharse del domicilio familiar, sin ninguna pertenencia.
A continuación, la menor se trasladó a casa de una amiga y dos días después acudió a comisaría para denunciar su situación.
Desde el 5 de octubre de 2018, la joven está bajo custodia de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado de Asturias.
La Fiscalía imputa a los acusados un delito de coacciones para contraer matrimonio y solicita una medida de alejamiento de la menor, su residencia, lugar de trabajo y estudios a menos de 500 metros durante cinco años, en los que no podrán comunicarse con ella por medio alguno.
La abogada de la defensa, Alejandra Arenas, interesa la libre absolución al negar los hechos imputados a sus representados; informó EFE.
