El rector declarará como investigado por un presunto delito de prevaricación administrativa

Una sentencia de lo contencioso administrativo ya consideró que la Universidad actuó con «desviación de poder» en la sustitución de la defensora universitaria

El rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, prueba uno de los cinco automóviles electricos que usarán profesores en un proyecto piloto
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El rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, deberá declararar en calidad de investigado, la antigua figura de imputado, por un presunto delito de prevaricación administrativa, y tendrá que hacerlo próximo 15 de octubre. Un caso en el que también deberán prestar declaración como investigados el vicerrector de Organización Académica, Juan José del Coz Díaz y la directora del Departamento de Derecho Público, Isabel García-Ovies Sarandeses. Los tres son objeto de una querella en la que se reclama que hubo irregularidades en la convocatoria de una plaza, sacada para sustituir a Paz Andrés cuando pasó a ser defensora universitaria y que se favoreció a una persona en detrimento de un candidato con más méritos.

El abogado Fernando Barutell explicó a La Voz de Asturias que tras una primera convocatoria para cubrir esa plaza vacante se suspendió, sin que se dieran todos los requisitos necesarios de plazos e información pública, y «entendemos que se hizo exclusivamente para favorecer la contratación» de una de los aspirantes a ese puesto. Barutell indicó además que, tal y como se refleja en el texto de la querella al que ha tenido acceso este diario, se aportan como pruebas diversos correos electrónicos que podrían poner de manifiesto que hubo una concertación de voluntades entre los investigados para perjudicar al querellante. En el texto se señala que «de manera arbitraria se le ha impedido acceder a un puesto de trabajo en la Universidad para el que tenía más méritos que los demás candidatos».

El abogado recordó además que, de forma paralela a este procedimiento por la vía penal, ya consta una sentencia, aunque no es firme, dictada el pasado mes de febrero en del juzgado de lo contencioso número cuatro de Oviedo y en la que se aprecia que la Universidad actuó con «desviación de poder» en la forma en la que se realizó la convoctaria de esa plaza y que se la forma en la que desarrollaron «los principios básicos del procedimiento administrativo« «han generado indefensión material».

En aquella sentencia, se condenó a la Universidad por «desviación de poder» y «vulneración del proceso de igualdad en el acceso al empleo público» en el procedimiento para cubrir la sustitución temporal de una plaza de profesor después de que se cubriera el puesto de Defensora Universitaria; que en esas fechas se incorporó como consejera del Banco de España. La sentencia de febrero aprecia que en el momento de cubrir esa sustitución se convocó un concurso para cubrirlo y, a continuación cuando ya se habían presentado los aspirantes, se suspendió de forma irregular sin dar traslado a uno de ellos mientras se prorrogaba el contrato de la otra candidata. Esta sentencia fue recurrida pero el recurso se ha paralizado a la espera de la resolución de la vía penal. 

La desviación de poder se define como el uso de las potestades en la administración pública para un propósito distinto del que se prevé amparándose en la legalidad formal del acto. En casos en los que la desviación de poder tiene consecuencias especialmente graves puede dar lugar a la comisión de un delito de prevaricación.

Barturell señaló que ahora se reclama la investigación de este delito sin perjuicio de que en el procedimiento puediera aparecer también el de tráfico de influencias.

Querella «infundada y temeraria»

Según recogió la agencia EFE, la Universidad de Oviedo ha emitido un comunicado en el que rechaza la comisión de cualquier ilícito penal y asegura que, para los querellados, la querella es «infundada y temeraria».

Según explica la institución académica, convocó la plaza temporal de profesor sustituto a la que se presentó una profesora que fue contratada para el curso 17/18 y volvió a convocarla a comienzos del curso 18/19 cuando procedía renovar el contrato de sustitución por un curso más.

La profesora que estaba contratada presentó un recurso pidiendo la anulación de la convocatoria y la universidad «para evitar posibles demandas judiciales por despido improcedente, o con pretensiones indemnizatorias», recalca, estimó el recurso y anuló la convocatoria antes de aprobarse la lista de admitidos y previo a la valoración de las solicitudes presentadas.

La universidad recuerda que la sentencia no es firme y está recurrida en apelación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). 

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