Riopedre pide el indulto por razones humanitarias

El exconsejero socialista esgrime su estado de salud y su avanzada edad. Aduce problemas coronarios y que próximamente va a cumplir 80 años

El exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre (d), acompañado de su abogado, a su salida de la Audiencia Provincial de Oviedo
El exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre (d), acompañado de su abogado, a su salida de la Audiencia Provincial de Oviedo

El exconsejero socialista de Educación del Gobierno asturiano José Luis Iglesias Riopedre ha solicitado el indulto por razones humanitarias dado su estado de salud y su avanzada edad, así como la suspensión de la condena a cinco años de cárcel que le ha sido impuesta por el caso Marea para eludir el ingreso en prisión que se hará efectivo el próximo lunes.

Riopedre ha decidido cambiar de abogado defensor en las últimas 48 horas coincidiendo con la ejecución de la sentencia del caso Marea -la mayor causa de corrupción juzgada en Asturias hasta la fecha- y su anterior letrado, Sergio Herrero, que le ha representado en los últimos ocho años, ha concedido la venia a la letrada Anabel Prieto Torices, por su especialidad en derecho penitenciario.

La letrada, según ha señalado a Efe, ha descartado recurrir la condena al Tribunal Constitucional y ya ha solicitado la suspensión de la condena al tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia de Oviedo, que impuso a Riopedre una pena de seis años de cárcel, posteriormente rebajada por el Tribunal Supremo a cinco años de prisión.

De forma simultánea, la letrada ha presentado la solicitud de indulto, que ya ha entregado, alegando «razones humanitarias», ante las variadas patologías que presenta Riopedre -entre otras de tipo coronario- y su avanzada edad.

El exconsejero socialista, que está a punto de cumplir 80 años, ingresó el 25 de enero de 2011 en la cárcel de Asturias como preventivo y abandonó la prisión cuarenta días después tras abonar una fianza de cien mil euros que reunió a través de una plataforma de amigos.

Por su parte, su ex directora general de Planificación, Centros e Infraestructura, María Jesús Otero, pasó seis meses en el centro penitenciario, del que salió tras abonar una fianza de 200.000 euros y, de momento, su abogada Ana María Muñiz, sigue sopesando si recurrirá al Constitucional los cinco años y cinco meses de condena.

El abogado Javier Díaz Dapena también ha presentado una petición de indulto a favor del empresario Alfonso Carlos Sánchez, propietario de Almacenes Pumarín, a quien el Tribunal Supremo ha rebajado de seis años y seis meses a dos años y ocho meses de cárcel, y ha anunciado que recurrirá ante el Constitucional.

El abogado Miguel Valdés-Hevia ha señalado a Efe que no va a solicitar el indulto para el empresario Víctor Manuel Muñiz, propietario de Igrafo y condenado a cinco años y dos meses de cárcel, al estimar que, tras la última reforma legislativa, este tipo de delitos de corrupción quedarían fuera de este ámbito.

Valdés-Hevia ha explicado que su representado ha asumido que el día 7 ingresará en prisión y ha señalado que, al tener una fecha ya fija, termina «con la incertidumbre en la que ha vivido todo este tiempo”.

El letrado ya ha anunciado que recurrirá al Constitucional por vulneración de derechos fundamentales, de los artículos 14 a 24 de la Constitución, por las intervenciones telefónicas y las dilaciones indebidas.

Entre los condenados por el 'caso Marea' que deberán ingresar en prisión el próximo lunes figura también la exfuncionaria Marta Renedo, condenada a nueve años de cárcel, también estuvo ingresada en prisión, de la que salió en agosto de 2011 tras pagar 200.000 euros, después de que se le rebajara la fianza inicial de 500.000 euros.

El Supremo ha declarado probado que en el caso Marea, el procedimiento de adjudicación de contratos de suministro y obras en cuatro consejerías del Principado quedó “sustancialmente corrompido”.

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