-Ya con perspectiva de los meses ¿qué balance hace de la marcha de Juan Vázquez al comienzo de la legislatura?
-Cada vez me reafirmo más en la impresión que viví durante aquellos días de que la decisión de Juan Vázquez tenía sobre todo un carácter personal. Es absolutamente respetable. Las personas tenemos una trayectoria profesional, como él dijo, y una trayectoria vital que configura nuestras expectativas y la manera de enfocar aquello a lo que dedicamos nuestro tiempo. Estoy convencida de que Juan Vázquez tomó esa decisión con un enfoque personal, la situación que habíamos conseguido en las urnas no cumplía sus expectativas, no iba a poder desarrollar el proyecto que él había pensado en el momento en el que dio el paso de entrar en política. Visto en perspectiva creo que el partido se comportó de la manera mejor que podía hacerlo, sobreponiéndonos a una circunstancia difícil en apenas tres días. Presentamos un grupo parlamentario reconfigurado y una portavoz, que era yo. Hicimos lo que había que hacer que era responder a las expectativas de nuestros votantes, que fueron casi 74.000, dar la cara y ponernos al frente de un proyecto sólido y que tiene ideas y alternativas para mejorar Asturias.
-El mandato comenzó con un escándalo sobre el asturiano, cuando Berta Piñán no lo pudo usar en la comisión de Cultura. Ciudadanos ha sido muy claro en su posicionamiento contra la oficialidad. Uno de sus argumentos es que perciben un de peligro imposición de una lengua, pero a quien se impuso hablar en castellano fue a Piñán.
-Pero no es una imposición de nadie hacia nadie. Si algo tenemos que hacer los parlamentario es respetar la ley, en esta cámara reside la soberanía del pueblo asturiano, es un honor y una responsabilidad que no podemos olvidar. Berta Piñán no es parlamentaria, no es diputada, es miembro del Ejecutivo, con unas potestades enormes pero también unas responsabilidades. La ley está por encima de todo, también por encima de los intereses de las personas, sin la supremacía del derecho está en peligro la propia democracia. Si las leyes no nos gustan lo que hay que hacer es cambiarlas, pero nunca dejar de cumplirlas. No es que nadie impida a una consejera hablar en una lengua, es que hay un reglamento, que tiene rango de ley básica y que dice que en aplicación de la Ley de Uso, podrán dirigirse a la cámara los diputados en la lengua asturiana si así lo desean. Pero aunque el reglamento dice eso, la Constitución dice que el derecho fundamental a participar en la vida pública y a entender la lengua en que te hablan está por encima de cualquier otra norma. Hay que intentar no confundir. Por un lado responsabilidad institucional, por otro lado cumplir las leyes, el reglamento. Aunque se cambie el reglamento y la señora Berta Piñán se pueda dirigir a la cámara en asturiano, en todo caso, siempre que haya un solo diputado que manifieste que no entiende la lengua, su derecho constitucional a participar en la vida pública, a representar a sus votantes y a entender la lengua en la que se le habla está por encima del derecho de la consejera o de cualquier diputado a expresarse en la lengua que él quiera, eso es así. Además la Ley de Uso no impone el asturiano sino que dice los cauces y las formas en los que se puede utilizar. Se puede cambiar el reglamento, un consejero o un diputado puede hablar en asturiano a la cámara y ha sucedido con naturalidad muchos años, pero en el momento en que haya un diputado que diga, y esto es lo que defendemos en Ciudadanos, que no entiende la lengua, que no la entiende correctamente habrá que facilitarse los recursos técnicos de traducción simultánea para poder seguir el funcionamiento de la sesión. Eso supone aumentar el presupuesto, habrá que contabilizar el coste de ese servicio de traducción simultánea y ponerlo en consideración de que el parlamento asturiano ya es uno de los más caros de España. También creo que hubo una sobreactuación por parte del Gobierno, dijimos que había sido un teatrín porque quince días antes, la señora Berta Piñán ya había preguntado a través de su gabinete de manera informal a todos los grupos diciendo que tenía interés en dirigirse a la comisión en asturiano. Nosotros no dijimos que no, pero sí que se siguiera la legislación vigente. Ha habido irresponsabilidad cuando la consejera dice que ha sido humillada, cuando se le ha pedido que cumpla la ley, son palabras muy grandes que se tienen que usar cuando tienen sentido. No es una humillación que unos diputados le pidan a la consejera que se dirija a ellos en la lengua oficial. Y también fue irresponsable que Barbón pusiera en twitter que se solidariza con una consejera que supuestamente ha sido maltratada en la cámara parlamentaria.
-Ciudadanos defiende que la Ley de Uso vigente ya es suficiente, pero esa ley dice que cualquier ciudadano tiene derecho a dirigirse a la administración en asturiano ¿deja de ser ciudadana Piñán cuando es consejera?
-Hay jurisprudencia. Aquí Berta Piñán no es Berta la escritora, aquí es la consejera de Cultura y cumplir las normas es muy importante en democracia. Es como si alguien dijera ¿por qué tengo que ir a 120 kilómetros por hora si tengo un coche de 300 caballos por qué no puedo ir a 140? No es ¿por qué no puedo hablar en asturiano si quiero? Es que aquí está hablando a los representantes del pueblo asturiano, en el marco de la comisión de cultura y haciendo lo que establece el reglamento de la cámara. Creo que no hay ningún problema con la llingua más que los que algunas personas quieren escenificar para sacar de ello un rédito electoral. En esta cámara han hablado en asturiano muchas veces muchas personas y no ha pasado nada.
-Es cierto que se ha usado en muchas ocasiones y nunca ha pasado nada, si en esta legislatura alguien pide un traductor ¿quién rompe esa naturalidad, el que lo pide o el que lo usa como se ha venido haciendo hasta ahora sin problema?
-Lo que rompe la naturalidad es la agenda oculta del partido socialista con el asturiano. El PSOE ha dicho que la oficialidad está dentro de su agenda política en esta legislatura, ¿qué factor disruptivo ha hecho que cambie la postura de algunos partidos? Desde nuestro punto de vista esa agenda del partido socialista de introducir un debate innecesario y que no tiene ningún respaldo social de la cooficialidad de la llingua asturiana.
-Pero lo llevaban en el programa electoral.
-Sí, pero que lo traigan por los cauces que establece la ley. Que lo traigan a la cámara, que no intenten hacerlo de esa manera teatralizada y subversiva que quizá hasta puede ser una excusa para no llevarlo a cabo. Me parece que no tienen nada claro lo que van a hacer con esa promesa. Eso es lo que tensa la situación y los partidos que no estamos a favor de la oficialidad, como nosotros, lo que hacemos es posicionarnos y situarnos al amparo de la ley que es donde tenemos que estar. El factor disruptivo es que el partido socialista lleva en su agenda la oficialidad.
-¿Concibe que Ciudadanos, el PP, cualquier otro partido, en cualquier parlamento autonómico con una lengua oficial pidiera a un miembro del gobierno que se expresa en castellano apelando a este derecho constitucional que cita?
-Pero es que en Asturias la lengua no es oficial, ese es el factor clave. Lo que no queremos que ocurra en Asturias es que la lengua se convierta en un factor de ruptura social y en un factor de diferenciación. Usar la lengua, en vez de como patrimonio y como riqueza cultural, como herramienta para hacer política es algo que da muy malos resultados. Eso también explica por qué estamos en contra de la cooficialidad porque en Ciudadanos sabemos, mejor que sabe ningún otro partido, que en el tren de la oficialidad montan muchas personas que tienen unas expectativas que no tienen nada que ver con proteger la lengua y la cultura que es algo con lo que nosotros estamos de acuerdo. Con lo que no estamos de acuerdo es con usarla como herramienta política, como factor de diferenciación y de barreras entre asturiano y entre asturianos y españoles. No hay cooficialidad amable porque no hay nacionalismo amable.
-Hay un nacionalismo español. A Vox se le puede considerar un partido que tiene un concepto identitario de la nación española.
-Yo no me voy a poner a definir el programa de Vox ni su ideario político. Nosotros lo que defendemos es el patriotismo, que tiene un matiz distinto. El nacionalismo se basa en las diferencias entre las personas por el lugar en que han nacido, algo alejado del pensamiento racional, europeísta y progresista que nosotros defendemos. El nacionalismo parte de la idea de que por nacer en un lugar u otro tienes privilegios y derechos que otros no tienen, hechos diferenciales y barreras que nosotros nunca vamos a permitir que se reproduzcan en Asturias.
-Una urgencia económica de Asturias es la política industrial. Entre el Brexit, las deslocalizaciones y la parálisis en la administración central ¿qué cree que se puede hacer a nivel autonómico?
-Nosotros reconocemos que la capacidad que tiene un pequeño parlamento de una pequeña comunidad es limitada. Pero por nuestra parte no va a faltar para sumar fuerzas ayudar a una estrategia que se debe poner en marcha en Asturias para retener a las industrias que quedan, impedir nuevas amenazas de deslocalización y tratar de atraer inversiones. Asturias tiene el conocimiento, el tejido y la experiencia necesaria para ser una región en la que la industria puede mantenerse y también llegar nueva industria. Hay que potenciar ese perfil industrial de Asturias con políticas de atracción de inversiones y de retención de la que ya hay en la comunidad. Nosotros apoyaremos al gobierno del Principado en las medidas que lleve a cabo pero le vamos a reclamar también ser proactivo y tratar de anticiparse a los retos. La política industrial del partido socialista en estos últimos años adolece de falta de iniciativa y de falta de previsión. No es tan difícil ponerse en contacto con las industrias y preguntarles qué necesitan para permanecer en Asturias y el ejemplo claro es Arcelor. Ha invertido en Asturias pero también hay factores que no podemos controlar como la competencia desleal en el acero que procede de fuera de la UE o como el incremento de los costes de la descarbonización pero sí hay factores de proximidad en los que pueden intervenir los gobiernos autonómicos. Y vamos a exigir siempre una política industrial clara, que le proporcione estabilidad institucional y que tenga una actitud proactiva.
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