Las cifras las carga el diablo. La portavoz del PP en la Junta, Teresa Mallada, echó mano de la calculadora y sacó a relucir el dinero que, en su opinión, debía haber destinado el Estado en ayudas a las empresas por la recaudación de derechos de CO2: hasta 326 millones, dijo. Para Mallada, el Gobierno destina «una cantidad muy por debajo de la que recomienda la Unión Europea». O sea, un fracaso gubernamental. La visión del Ejecutivo asturiano, es otra, muy diferente. Fuentes del Principado sostienen que Mallada ignora que el aumento hasta un total de 180 millones de euros en ayudas que Adrián Barbón anunció el pasado miércoles en la Junta es el máximo legal, que no son posibles una intensidad de ayuda superior. Es decir, que suponen un tope máximo en las compensaciones por emisión de CO2 y que ese importante detalle lo desconoce la jefa de la oposición. «Lamentamos la falta de seriedad de Teresa Mallada en un asunto de tanta importancia», recalcaron dichas fuentes. ¿Tenía pilas la calculadora de Mallada? El Principado cree que no.