El tribunal investiga presuntos delitos de prevaricación, cohecho y falsedad documental en la adjudicación de las piscinas de Corvera
15 oct 2019 . Actualizado a las 12:14 h.La jueza ha acordado el inicio del juicio del caso Aquagest el próximo día 24 de octubre, en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), una vez que el principal acusado, Miguel Ángel Villalba, ha comparecido este martes en una vista con su nueva representante legal tras la renuncia de su anterior defensa.
La titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Avilés ha dado de plazo a su nueva letrada hasta el próximo lunes, día 21, para que comunique oficialmente si puede hacerse cargo definitivamente de su defensa, dada la complejidad de la causa por la que se juzgará a once personas, que afrontan penas de hasta siete años de cárcel, por irregularidades en la adjudicación de las piscinas de Corvera.
La renuncia de la abogada, comunicada el pasado viernes aduciendo problemas de salud a tres días del señalamiento del juicio, obligó a la juez a aplazar hasta este martes la decisión de iniciar la vista oral o acordar su suspensión.
El nuevo calendario del juzgado, que celebrará las 30 vistas señaladas en la sede del TSJA por falta de espacio en el edificio de Avilés, reserva los días 24 y 25 de octubre para la celebración de las cuestiones previas y los días 28 al 31 de octubre para la declaración de los acusados.
La Fiscalía imputa a los acusados, bien en calidad de autores o como cooperadores necesarios, delitos de prevaricación administrativa, cohecho y falsedad en documento mercantil.
Entre los once acusados figuran el exalcalde de Corvera, Belarmino Moro, de Unión Social y Progresista de Corvera (USPC), el exedil de Urbanismo y expresidente local del Partido Popular (PP), Luis Solares, la exteniente alcalde y exconcejal de Hacienda, Ana Belén Toro, de USPC, la cúpula de la extinta Agrupación Social Independiente de Avilés (ASIA) y cuatro directivos de Aquagest.
La Fiscalía también dirige la acusación contra el exdirector para la zona norte, H.L. y otros tres directivos de Aquagest.
Según el relato fiscal, entre 2009 y 2011, Miguel Ángel Villalba, ideó junto a su hermana, la exconcejala Elena Villalba, y otro directivo de Aquagest, un plan destinado a obtener fondos de la mercantil con los que satisfacer sus necesidades personales y financiar al partido.
Esta actuación se realizaba, con la participación de otros dos acusados, según la versión fiscal, a cambio de la concesión de ciertos beneficios en forma de contratos con distintas administraciones públicas.
Para recibir los pagos, los hermanos constituyeron una comunidad de bienes, utilizando, según la Fiscalía, a personas interpuestas para ocultar su identidad y confeccionaron facturas por cuenta de terceros por servicios no prestados o por importes superiores a los debidos, para justificar el dinero recibido y darle apariencia de licitud.
Según la Fiscalía, esta adjudicación se hizo sin tener en cuenta el posible perjuicio económico para el municipio, al rechazar otras ofertas; según informó EFE.