La Fiscalía pide cárcel para los responsables de una obra en la que un encofrador quedó semienterrado
ASTURIAS
El trabajador, de 42 años, sufre una incapacidad absoluta
16 oct 2019 . Actualizado a las 14:48 h.La Fiscalía solicita una pena individual de dos años de cárcel para los tres responsables de una obra debido a las graves lesiones causadas a un encofrador, que ha sufrido una incapacidad absoluta, tras quedar semienterrado en una zanja a dos metros de profundidad, en el tramo Otur-Villapedre de la Autovía del Cantábrico A-8, en el municipio de Valdés. Los acusados son el jefe de seguridad, la coordinadora de seguridad y el jefe de obra, que están imputados por su presunta autoría de un delito contra la vida y la salud de los trabajadores en concurso con un delito de lesiones por imprudencia grave.
La Fiscalía relata, en su escrito de calificación, que el Ministerio de Fomento había adjudicado las obras de construcción a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Villapedre-Ferrovial Agromán-Oca Construcciones y Proyectos. El 2 de abril de 2014, se realizaban, fuera de la calzada, unos trabajos de remate que consistían en la excavación de una zanja para colocar una tubería de drenaje, para sustituir los drenajes transversales dispuestos provisionalmente en los badenes de los caminos de servicio de la autovía por los definitivos.
En esos trabajos, un encofrador de la UTE Villapedre verificaba las cotas en el fondo de la zanja de un badén y, cuando se encontraba a dos metros de profundidad, se desprendió “súbitamente” de la pared un volumen de tierra, que cayó encima de él, según explica la Fiscalía en su escrito. El accidente se debió a que en la zanja donde trabajaba la víctima no se había aplicado un sistema de entibación, pese a que su profundidad era superior a 1,5 metros.
El trabajador, de 42 años, sufrió heridas de gravedad y, a causa del accidente, le han quedado importantes secuelas que han derivado en una incapacidad absoluta reconocida por la Seguridad Social. La Fiscalía mantiene que el jefe de obra de la UTE no se encontraba en el lugar el accidente pese a que debería haber comprobado y supervisado la ejecución de la zanja. La acusación atribuye a la coordinadora de seguridad de la obra la falta del “efectivo control” del cumplimiento de las medidas previstas en el Plan de Seguridad y Salud.
El jefe de seguridad está acusado por no haber observado las normas de prevención así como la situación de riesgo existente. La Fiscalía solicita que la víctima sea indemnizada de forma directa por parte de las aseguradoras de los acusados en 42.825 euros por las lesiones, 262.793 euros por las secuelas y en 60.000 euros por los daños morales. De estas cantidades responderían, de manera subsidiaria, la UTE e Hispánica de Prevención.