Las defensas piden la nulidad del «caso Aquagest»

Los abogados denuncian la supuesta vulneración de derechos fundamentales

Juzgados de Avilés
Juzgados de Avilés

Las defensas han interesado la nulidad de actuaciones del caso Aquagest por la supuesta vulneración de derechos fundamentales en el juicio que ha comenzado este jueves por las presuntas irregularidades en la adjudicación de las piscinas de Corvera, pretensión a la que se han opuesto la Fiscalía y las acusaciones particulares.

El juicio ha comenzado con la primera de las dos sesiones reservadas para el planteamiento de las cuestiones previas ante la titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Avilés, que se ha celebrado en el salón de plenos del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) donde se desarrollarán las 29 sesiones programadas hasta el 20 de diciembre ante la falta de espacio en la sede judicial avilesina.

Una docena de acusados afronta penas de hasta siete años de prisión por su imputación, bien en calidad de autores o como cooperadores necesarios, en delitos de prevaricación administrativa, cohecho y falsedad en documento mercantil.

En esta primera jornada la letrada María Fuertes, que representa al principal acusado, el fundador y concejal de Asia en el Ayuntamiento de Avilés, Miguel Ángel Villalba, ha solicitado la nulidad del auto de entrada y registro domiciliario al considerar que adolecía de motivación y no cumplía los criterios de proporcionalidad y ha sostenido que la documentación requisada no iba rubricada, sellada ni firmada por el secretario judicial.

La abogada Ana García Boto, que defiende a la madre y hermana de Miguel Ángel Villalba, ha alegado falta de competencia del juzgado de lo Penal para llevar la causa ya que, según ha advertido, salvo la imputación de prevaricación, el resto de delitos son competencia del Tribunal del Jurado, por lo que ha reclamado piezas separadas.

Boto también ha demandado el archivo y sobreseimiento de la imputación sobre la madre de Villalba, E.M., alegando «demencia sobrevenida» y ha mantenido que, en los siete años de instrucción de la causa, ha sufrido un importante deterioro en su estado de salud.

La Fiscalía ha sugerido que sea reconocida por un forense y ha cuestionado que esa incapacidad sea total al figurar como regente de una cafetería.

La letrada también ha aducido vulneración del derecho a un proceso con garantías y sin dilaciones y ha solicitado la retirada de una de las acusaciones particulares, al estar personado un ciudadano chileno, F.A., al estimar que no se dan los requisitos exigidos «por su condición de extranjero».

El abogado José Carlos Fernández Blanco, que defiende al exalcalde de Corvera, Belarmino Moro, ha afirmado que la Fiscalía desconoce «qué es una administración local» porque, según su criterio, no ha habido un análisis jurídico penal y todos los actos realizados fueron «administrativos y válidos» porque concuerdan en la Ley de Contratos del Sector Público.

El letrado ha pedido que se retire la acusación y se decrete el sobreseimiento libre de Moro porque, según ha explicado, el Tribunal de Cuentas no vio perjuicio patrimonial alguno para el ayuntamiento y sólo ha habido una instrucción «administrativa, sin criba, ni ponderación» lo que le genera «una situación de indefensión».

La magistrada-juez ha pedido a una de las acusaciones particulares que revise su escrito de calificación, donde imputa a los acusados delitos contra la Hacienda Pública y contra los derechos de los trabajadores, porque conllevan penas de hasta seis años de prisión y, en caso de mantener su petición, sería competencia de la Audiencia Provincial a la vez que le ha puntualizado que aplica una normativa que entró en vigor con posterioridad a los hechos enjuiciados.

La Fiscalía, que se ha opuesto a todas las peticiones de los letrados, ha afirmado que no hay quiebra de defensa, ha considerado «suficiente» la motivación del auto de entrada y registro y ha mantenido que no hubo falta de diligencia en la investigación.

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