Luis Ángel Colunga: «Para los mineros polacos la reconversión asturiana es un ejemplo de éxito y un modelo a seguir, en cambio aquí se considera un fracaso

Luis Ángel Colunga (Avilés, 1961) es desde hace tres años y medio el secretario general adjunto de la IndustriAll Europa Trade Union, organización sindical europea que representa a más de siete millones de trabajadores de casi 200 sindicatos europeos y que tiene por objetivo «organizar y reforzar el poder colectivo de los trabajadores en Europa, defender sus derechos y promover sus objetivos comunes con respecto a las empresas y a los Estados». Conocedor de la situación de la industria a nivel global por su experiencia política, sindical y por su actual cargo, Colunga analiza en esta entrevista el devenir del sector en el ámbito estatal y regional, un sector afectado por las tensiones y las incertidumbres internacionales, con la particularidad de la descarbonización exprés que el gobierno de Pedro Sánchez está llevando a cabo en España.

-¿Cual es el objetivo de la organización sindical IndustriAll Europe Trade Union, de la que es vicesecretario general?

-El objetivo de industriAll European Trade Union es desarrollar puntos de vista y posiciones comunes con sus afiliados con el fin de elaborar estrategias eficaces para defender los intereses económicos, sociales y culturales de los trabajadores de estas industrias sobre la base de la solidaridad, el respeto mutuo y los principios comunes. El sindicato IndustriAll European Trade Union aboga por reformas sociales profundas, el refuerzo de la democracia y la promoción del progreso económico y social en Europa. Apoya una Europa integrada sin fronteras, con normas sociales comunes, un alto nivel de protección social y la participación de los trabajadores y los representantes sindicales. Se crea el sindicato IndustriAll European Trade Union para organizar y reforzar el poder colectivo de los trabajadores en Europa, defender sus derechos y promover sus objetivos comunes con respecto a las empresas y a los Estados. Con este fin, el sindicato industriAll European Trade Union trabaja para impulsar la coordinación y el desarrollo de la negociación colectiva, las relaciones laborales y las políticas sociales. Nuestro objetivo es ser un actor poderoso en el ámbito de la política europea frente a las empresas europeas, las industrias europeas, las asociaciones de empresarios y las instituciones europeas.

-Visto desde dentro y a tenor de los últimos acontecimientos, la industria española y, por ende, la asturiana, parecen vulnerables ¿cómo se ve desde la perspectiva europea?

-La economía de la UE está experimentando una ralentización económica, como reflejo de la disminución de la demanda mundial y de las incertidumbres debidas a las tensiones comerciales. Prevemos un crecimiento real del PIB del 1,3% en 2019 para la UE28 y del 1,2% en 2020. Como consecuencia de las tensiones comerciales, la producción manufacturera europea ha descendido en torno al 2% desde su máximo de hace dos años. Los riesgos sustanciales para las perspectivas económicas se concentran en la posibilidad de una escalada de las tensiones comerciales entre los EE.UU. y China y entre los EE.UU. y la UE, que repercutiría negativamente en las empresas, y a las incertidumbres que persisten en torno a un posible Brexit sin acuerdo. España, como miembro de la UE, está sujeta a esa ralentización, la desaceleración económica se nota en todos nuestros sectores manufactureros, el último informe mensual de la Encuesta de Coyuntura Industrial del MINCOTUR refleja un fuerte descenso del ICI (Indicador del Clima Industrial) sobre todo en cartera de pedidos y en expectativas de producción, con niveles no alcanzados desde finales de 2012. Asturias, con fuerte tradición industrial soporta esas tensiones, con empresas multinacionales y PYMES muy enfocadas a la exportación, además fuertemente afectadas por los objetivos de descarbonización de la UE y los altos precios de la energía, el cierre de las minas de carbón, las decisiones de prescindir de las centrales térmicas de carbón en un corto espacio de tiempo y los problemas de las empresas intensivas en uso de energía. No todas, AZSA es una agradable excepción, pero si las siderúrgicas y alumineras, Arcelormittal o exALCOA, hacen que la vulnerabilidad sea real. Pero esto es un problema que afecta a todos estos sectores en Europa, no es un caso específico de Asturias.

-En su opinión, el Gobierno de España, ahora en funciones, ¿ha llevando a cabo una buena política industrial? La sensación es que España no protege a su industria como lo hacen otros países de la Unión.

-La Unión Europea tiene actualmente 28 estados miembros, con un peso de la industria en su PIB muy variado y con unas políticas industriales muy distintas, allí donde las haya. En mi experiencia en Bruselas, que no es muy larga (desde 2016) he tenido muchos contactos con varios gobiernos europeos y conocido su actuación en temas industriales, son especialmente activos los gobiernos de Alemania y Francia. Los ministros de Economía de estos países han elaborado un manifiesto de 14 puntos para una política industrial europea adaptada al siglo XXI. El gobierno español actual (en funciones) ha elaborado unas Directrices Generales de la nueva Política Industrial Española 2030. El fin último es mejorar la productividad y la competitividad internacional así como incrementar la aportación del sector industrial al PIB y al empleo nacionales y autonómicos; conciliar el progreso de la industria con la sostenibilidad y los objetivos de descarbonización de la economía; aprovechar el potencial de la digitalización como palanca competitiva; alinear esta política industrial con la impulsada desde la Unión Europea y desarrollar una política industrial que tenga en cuenta el papel y la contribución de la pequeña y mediana empresa. Creo que la ministra Reyes Maroto y su equipo han trabajado intensamente en la protección de los sectores industriales en conexión con los sindicatos españoles y con Industriall Europa, puedo dar fe de ello personalmente. No puedo decir lo mismo del gobierno anterior, especialmente de sus titulares los señores Soria y de Guindos. El primero tuvo como prioridad en política industrial la reducción del déficit público y el segundo nunca se ocupó de temas industriales pues la economía era su prioridad.

-Los trabajadores de empresas asturianas como Alcoa o Vesuvius han tenido que pelear con uñas y dientes ante la amenaza de cierre de sus factorías ¿cómo valora la gestión realizada por las administraciones estatal y regional para dar solución a esos conflictos? ¿Cree que hubo la máxima implicación?

-En ambos casos he tenido una participación activa, siempre por requerimiento de las organizaciones sindicales afiliadas a Industriall Europa (CCOO Industria y FICA-UGT), también creo que todas las administraciones políticas implicadas han estado involucradas en la búsqueda de una solución, tanto el gobierno central con varios ministerios implicados (Industria, Transición Ecológica y Trabajo, Migraciones  y Seguridad Social) las comunidades autónomas a través de sus consejerías de Industria, Economía y Empleo también han participado activamente y se han llegado a acuerdos avalados por los trabajadores, con soluciones distintas, más favorables en el caso de ALCOA y aún sin determinar en el caso de Vesuvius en el aspecto de búsqueda de una alternativa industrial. No obstante, hay mucha incertidumbre en ambos casos y creo que la participación activa de los gobiernos central y autonómicos debe de garantizar la actividad industrial a medio y largo plazo de Parter con la presentación de un plan industrial que garantice el máximo nivel de empleo en Avilés y A Coruña y buscar una nueva actividad industrial en Langreo que posibilite el máximo nivel de empleo para los trabajadores de Vesuvius. El trabajo de las “mesas técnicas” acordadas en ambos casos es fundamental y es el gobierno central quién debe garantizar el éxito de ambos casos, que no es otro que la continuidad de actividad industrial a largo plazo.

-Las multinacionales, como ArcelorMittal, aluden cada vez que toman medidas de ajuste a los elevados costes que supone producir en nuestro país por el precio de la electricidad y de los derechos de CO2, por ejemplo ¿qué medidas entiende que se deben tomar al respecto?

-Hay medidas que se deben de tomar en el ámbito de las competencias estatales y otras en el ámbito de las competencias de la Unión Europea. Estas medidas de apoyo político consistirían básicamente en revisar el tema eléctrico y los costes indirectos de CO2 con la implementación de un Estatuto de empresas electrointensivas. Apoyar ante la Comisión Europea las medidas para racionalizar el sistema de cuotas para la importación de productos siderúrgicos y el impuesto de frontera (tax border) para equilibrar el esfuerzo medioambiental y de reducción de CO2 de los productores europeos, éste último ya es un compromiso de la nueva Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

-Hace casi un año se cerraba en España la minería en pro de la transición energética que conllevará también el cierre de las térmicas ¿está de acuerdo con cómo se ha está llevando a cabo la transición energética?

-El Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para el periodo 2019-2027 es muy completo, pero debido a la interinidad del gobierno central y a la falta de responsabilidad social de las empresas eléctricas en general no se está cumpliendo lo relativo al acompañamiento de los cierres con el desarrollo sostenible ni a la justicia en la transición. Mi respuesta es totalmente negativa: no estoy de acuerdo en cómo se está llevando la transición y creo que recojo fielmente la opinión de CCOO-Industria y FICA-UGT en esta opinión.

-El hándicap es que se ha puesto en marcha una transición exprés cuando todavía no hay un plan para reindustrializar el país y regiones como Asturias ¿hay que preocuparse?

-La transición energética no es reciente, sí lo es cierre de la generación eléctrica de carbón, pero la reconversión de la minería comenzó hace muchos años y ya ha habido planes de reindustrialización, en algunos casos truncados por la crisis económica iniciada en el año 2008. Ahora hablamos de una descarbonización de la economía que afecta a casi todos los sectores industriales, el energético, el de las industrias electrointensivas, el automovilístico, el sector del transporte, etc. Todo ello combinado con un auge de la economía de terceros países que no están inmersos en la descarbonización, que no están en el Acuerdo de París y que compiten entonces con nosotros de forma desleal. Hay que articular medidas a nivel europeo e implementadas en los diversos estados de la UE que se focalicen especialmente en las regiones que como Asturias estarán más afectadas por esta transición. Es cierto que actualmente el cierre de instalaciones industriales tiene un calendario concreto y las medidas industrializadoras, que las hay, van más lentas y no cubren el hueco que dejan las actividades a extinguir. En ese sentido, si es preocupante esa dicotomía de rapidez de cierres y lentitud en medidas reindustrializadoras, tampoco ayuda la tardanza en el inicio de los trabajos de la nueva Comisión Europea, las elecciones fueron en mayo y aún no se ha cerrado la composición del colegio de comisarios europeos. Con respecto a España y ante la formación de un nuevo gobierno, es prioritaria la negociación de un Pacto de Estado por la Industria para impulsar la reindustrialización y la adaptación de nuestra industria a los retos de la globalización, descarbonización y la digitalización.

-¿Cómo se está haciendo a nivel europeo esa transición energética y la consiguiente reindustrialización?

-Como he mencionado anteriormente, la Unión Europea integra hoy 28 estados con una situación totalmente variada en cuanto a transición energética se refiere. Si pensamos en la situación de Noruega o Reino Unido, países productores de petróleo y gas que quieren ser neutrales en emisiones de carbono en un corto espacio de tiempo y los comparamos con países como Polonia, Rumanía o Bulgaria que aún son dependientes y defensores de la producción energética con carbón, tenemos que entender que las vías para afrontar esa transición son totalmente opuestas. La Comisión Europea quiere presentar en los próximos cien días un Green Deal (Acuerdo Verde) precisamente para garantizar una gestión sostenible de nuestro medio ambiente y aplicar políticas que aporten beneficios tangibles a nuestros ciudadanos, estas políticas también ayudarán a la UE a mantener su liderazgo internacional en cuestiones medioambientales y a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Una parte importante de este nuevo acuerdo será la definición de una nueva Política Industrial para Europa ligada a la economía circular y a la descarbonización de nuestra industria.

-¿Hay algún país o región que pueda servir de modelo a España y a Asturias?

-No podemos comparar Asturias con otras regiones europeas con un modelo que sólo mire las similitudes de nuestra estructura productiva sin analizar nuestra situación geográfica y demográfica. Los modelos exitosos de reconversión minera, por ejemplo, se dan en regiones como el Limburgo belga que tienen una gran masa de población alrededor, en un radio de 100 km habitan 30 millones de personas, con los mayores puertos de Europa muy cercanos y una gran concentración de industria alrededor. A pesar de esa ventaja demográfica e industrial creo que junto con algunas otras regiones de Alemania pueden ser el ejemplo a seguir. También creo que el Ministerio de Transición Ecológica debe de implementar el Acuerdo Marco para la Transición Justa firmado con los sindicatos priorizando las medidas de reactivación de las comarcas mineras: 2019-2027 en un marco de diálogo permanente y sostenible con los sindicatos y las estructuras políticas regionales y locales, no de forma unilateral. La implicación de los trabajadores y los ciudadanos en general es imprescindible.

No obstante, la presencia del Gobierno de Asturias y de los sindicatos minero-energético asturianos en las reuniones de la Plataforma de Regiones Mineras en Transición me hace pensar que ellos son buenos conocedores de las mejores prácticas pasadas y futuras que puedan servir como modelo.

-¿Cómo se valoran en Europa las políticas que están desarrollando en España y que tanto afectan a Asturias?

-Creo que hay una buena valoración de las políticas que se están desarrollando en España y en otras regiones europeas desde la óptica de Bruselas. Un problema desde mi percepción es que no existe esa buena valoración cuando acudes a los territorios afectados, no sólo en España, sino que lo mismo sucede en el resto. En la parte francófona de Bélgica (Wallonie) se sigue añorando su pasado minero y siderúrgico. Por poner un ejemplo, para los mineros polacos la reconversión minera y territorial asturiana es un ejemplo de éxito y un modelo a seguir, en cambio aquí, en Asturias, se considera que la reindustrialización ha sido un fracaso. Mi opinión es que en los procesos de reindustrialización nos hemos topado con la crisis económica iniciada en el 2008 y con la crisis de otros sectores industriales y económicos, como el de la construcción, el siderúrgico, bienes de equipo, energético, que han imposibilitado una recuperación basada en otros sectores (Ej: Venturo XXI, Alas Aluminium, Duro Felguera, Vesuvius).

-A su entender, ¿hacia dónde tiene que dirigir España y Asturias sus esfuerzos en materia industrial?

-Los retos de la industria son globales, ni siquiera son europeos, nacionales, regionales o locales. Una estrategia asturiana tiene que dar respuesta a los retos que he mencionado anteriormente: la globalización económica, la descarbonización y la digitalización. Hay veces que se cree que esos retos son temas de discusión política y económica de alto nivel que no nos afectan, pero no es así. Por ejemplo, la decisión de Donald Trump con su 212 Act sobre aranceles al acero y al aluminio importado hace que ahora ArcelorMittal tenga que paralizar temporalmente plantas de producción en toda Europa, incluida Asturias. La política industrial que se desarrolle en Asturias tiene que estar conectada y apoyada por una verdadera política industrial del gobierno central y alineada con los objetivos de la Unión Europea. En el año 2014 el Gobierno de Asturias presentó su Estrategia Industrial que planteaba el marco de actuación para configurar la política industrial en Asturias con el objetivo de recuperar la industria como motor de crecimiento y creador de empleo, con una mejora sustancial de la competitividad y un claro enfoque que priorizaba la innovación y la internacionalización. En mi opinión los cambios producidos en estos cinco años hacen que sobre la base de ese documento se debe de desarrollar una nueva estrategia, hace cinco años no trabajábamos sobre la hipótesis del cierre de las centrales térmicas de carbón, por poner un ejemplo, ó con la posibilidad de un cierre de Alcoa. La política industrial debe de ser pactada de forma inexorable con los agentes sociales y previamente debe de realizarse un análisis de la situación actual de la industria asturiana y los riesgos que afronta. Esa nueva política industrial tiene que hablar de financiación, descarbonización, cooperación de las grandes empresas, energía, movilidad, logística, conectividad, formación, pymes, igualdad, I+D+i, salud y seguridad, diálogo social, medio ambiente y sostenibilidad.

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