Se firmarán en torno al mes de junio. Uno de ellos beneficiará al Suroccidente y otros dos a las Cuencas
21 nov 2019 . Actualizado a las 19:44 h.El consejero de Industria, Empleo, y Promoción Económica, Enrique Fernández, ha avanzado este jueves que los convenios de transición justa en Asturias podrían firmarse en torno al mes de junio del próximo año tras llevar a cabo un amplio proceso participativo para su elaboración.
En estos términos se ha expresado en una comparecencia en comisión parlamentaria, a petición del Partido Popular, donde el consejero ha explicado que, previsiblemente, uno de esos convenios para paliar los efectos de la descarbonización beneficiará al suroccidente y otros dos a la zona centro sur del Principado.
Fernández ha reafirmado el compromiso del Gobierno regional de no acometer una transición ecológica de forma «unilateral», «injusta» ni «acelerada» con el fin de que no implique un perjuicio a la actividad y el empleo de la región.
«Ya estamos pactando y estableciendo pautas y ya estamos peleando para que haya mecanismos de compensación suficientes. A esta administración no hay gran cosa que reprochable en este sentido», ha argumentado.
Fernández ha señalado que el Principado se ha puesto a trabajar «sin demora» para que esos posibles empleos que se pierdan como consecuencia de la descarbonización «sean compensados por otros alternativos».
Por otro lado, ha recordado que la comisión mixta creada para evaluar el impacto de la transición energética en Asturias, la primera que se ha constituido en España, se ha fijado un plazo de seis meses para presentar sus conclusiones.
Si bien ha descartado la participación de los grupos de la oposición en la mesa, de la que forman parte patronal asturiana, sindicatos, ayuntamientos y las administraciones central y autonómica, ha añadido que los partidos podrán realizar aportaciones posteriormente si consideran necesario.
Por otro lado, el consejero ha defendido la importancia de que Asturias siga siendo una comunidad generadora de energía, para lo cual el Principado está trabajando en la elaboración de un mapa que identifique los recursos con «potencial real» para la generación de renovables.
Durante el turno de preguntas, el parlamentario del PP Álvaro Queipo ha alertado acerca de que el proceso de transición se está ejecutando de una manera «hiperacelerada» y con inconcreciones, lo que deja en el aire en futuro de la región.
En la misma línea se ha pronunciado, la diputada de Ciudadanos, Susana Fernández, quien ha reprochado a las administraciones que deberían haber previsto «hace ya unos cuantos años» este proceso.
Por parte de Podemos, la diputada Lorena Gil ha rechazado las palabras del consejero alegando que la ausencia de la oposición se debe a que la comisión mixta tiene un carácter técnico, cuando, en su opinión, no cuenta con expertos.
En representación de Foro, Adrián Pumares ha esperado que las compensaciones que se destinen a estas comarcas no lleven el mismo camino que los fondos mineros, «que no sirvieron» para lo que estaban concebidos.
En este punto, el consejero ha apelado a aprender «de los errores del pasado» y a establecer mecanismos de supervisión, aunque ha señalado que no se pueden fijar cláusulas que «desincentiven» las inversiones que se acometan en estos territorios.
La portavoz de IU, Ángela Vallina, que ha lamentado la ausencia de la Universidad de Oviedo en la comisión mixta, ha atribuido a una decisión política del Gobierno de la Nación que se haya acometido una descarbonización «exprés».
Por último, el diputado de Vox Ignacio Blanco ha denunciado que el proceso de transición se está abordando de manera «injusta, descontrolada e impuesta» por el Gobierno de España y en el que Asturias será la región más afectada, según ha vaticinado.
En respuesta a una pregunta formulada por Podemos sobre actuaciones que se acometerán en la zona suroccidental asturiana, Fernández ha explicado que contará con ayudas de fondos mineros, de la Plataforma para las Regiones de Carbón en Transición y se beneficiará del plan de recuperación de las explotaciones mineras con vigencia hasta 2021.