UGT se defiende: «No hay delito, las pruebas periciales lo demuestran y está respaldado por la legislación»

El abogado del sindicato rechaza que la central haya desviado fondos públicos y asegura que son gastos «indirectos y asociados subvencionables»

Registro en la sede de UGT Asturias.Registro en la sede de UGT Asturias
Registro en la sede de UGT Asturias

Oviedo

El sindicato UGT Asturias ha rechazado que desviara parte de los fondos públicos recibidos para cursos de formación, entre los años 2010 y 2014, por un importe de más de 1,4 millones de euros, como sostiene Fiscalía, al tratarse de gastos «indirectos y asociados» subvencionables, según ha explicado el abogado defensor, Francisco Alonso.

Un juzgado de Oviedo investiga actualmente por esta causa al entonces secretario general, Justo García Braga, y a otros cinco trabajadores de la organización sindical. La Fiscalía estima que UGT y la fundación IFES desviaron parte de los fondos públicos que recibieron de las subvenciones del Principado, cofinanciadas con el Fondo Social Europeo, para financiar gastos estructurales del sindicato, fundamentalmente costes de su personal laboral, y capitalizar una sociedad vinculada para, a través de ella, cubrir pérdidas generadas en otras actividades.

El abogado de UGT, Francisco Alonso, ha señalado que en el escrito que la Fiscalía ha remitido al Juzgado de Instrucción de Oviedo hay «un error de partida», ya que a su juicio, hay un «empecinamiento» en decir que se desviaron fondos por unos gastos que no son de la subvención cuando, a su juicio, son «indirectos o asociados» y, por tanto, «subvencionables», informa EFE.

Alonso ha explicado que, para la acusación, los gastos asociados no son subvencionables y, sin embargo, él defiende que los decretos para las subvenciones que tienen ayudas comunitarias, entre los que cita la orden del Ministerio de Trabajo de 2008, establecen que los gastos asociados e indirectos «sí lo son». La discrepancia entre los informes emitidos por la Intervención de la Administración del Estado y la Agencia Estatal Tributaria y los peritos de parte es la conceptualización de esos gastos asociados ya que mientras los primeros entienden que no son subvencionables, los segundos se amparan en la legislación y la convocatoria que los regula que dice que sí lo son hasta un 20% aunque no sean gastos directos de la subvención.

Alonso ha comentado que en este caso se trata de gastos indirectos y asociados que tienen unos límites que están marcados por la propia convocatoria, que están en el 20 % durante los años 2010 y 2011 y del 10 % durante 2012 y 2013, más otro 5 % por gastos de evaluación que, según el letrado, también son indirectos. «No hay delito, las pruebas periciales lo demuestran y está respaldado por la legislación», ha reiterado el abogado. Alonso ha asegurado que incluso los gastos asociados de la subvención están por debajo del límite que tenían autorizados para gastar.

El abogado ilustra, como ejemplo, que si UGT tiene una oficina en una localidad determinada y los afiliados interesados en un curso de formación piden información al empleado que está en esas dependencias y esta persona no pertenece a los gastos de la subvención, pero tiene que coger el teléfono y atenderlos, ese es un gasto indirecto o asociado, siempre y cuando no supere el 20% de la subvención, por lo que, en su opinión, es «un gasto válido».

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