Un coronel asturiano denuncia un caso de acoso en una residencia militar en Madrid

El militar sufrió todo tipo de presiones para abandonar un alojamiento logístico. Tuvo que renunciar a 14.000 euros para agilizar la entrada en una vivienda alternativa. Un tribunal togado investiga la actuación del general director del centro y de otros dos mandos


No hubo desalojo pero sí mucha presión e, incluso, actuaciones que podrían entenderse como acoso y chantaje. Un tribunal togado ha abierto una investigación a raíz de una denuncia presentada por un coronel asturiano ya en la reserva contra un general director de un alojamiento logístico y contra otros dos mandos más. La instrucción está en una fase previa, con la apertura de diligencias, en la que se tomará declaración a las partes y en la que se analizará toda la documentación generada en el caso. El denunciante, según consta en el auto al que ha tenido acceso La Voz, no solo ha sufrido daños personales sino también monetarios, ya que ha tenido que renunciar a 14.000 euros.

Los hechos

El caso se remonta al pasado verano de 2019, en el que confluyeron para el coronel asturiano diversas situaciones profesionales y personales. Pasó a la reserva en el mes de junio, momento en el que residía en el alojamiento logístico militar de la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra, en Madrid. Al mismo tiempo, estaba inmerso en un proceso judicial para recuperar su única vivienda. Los tribunales ya le habían asignado en el mes de abril la titularidad pero todavía quedaban flecos procesales por resolver, como una impugnación de la tasación de costas cifrada en 14.000 euros. La normativa militar establece que una vez que pasas a la reserva no tienes derecho a utilizar los alojamientos del Ejército. Así que la situación era crítica. Tenía que dejar la habitación en la que había pasado los últimos años pero no tenía todavía a dónde ir.

El coronel asturiano trató de resolver esta encrucijada reclamando una prórroga en la residencia de la escuela, es decir, seguir en la misma habitación que estaba ocupando. Era cuestión de semanas que el proceso judicial para recuperar su vivienda se arreglara pero no podía ofrecer una fecha concreta, ya que en ese momento no se sabía. El auto del tribunal togado, fechado en el mes de noviembre, señala que el militar explicó su situación a «su cadena orgánica», desde el teniente general jefe de la Inspección General del Ejército, a la dirección de acuartelamiento y al director de la escuela. En principio, recibió el visto bueno de todos para continuar de manera temporal y excepcional en la residencia.

Cambio repentino

Esta situación cambió repentinamente. También el auto detalla que la presión ejercida posteriormente por el general director del alojamiento logístico, José María Millán Martínez, para que abandonara el centro fue de tal magnitud que el coronel asturiano desistió de esos 14.000 euros que le correspondían de la tasación de costas para agilizar la recuperación de su casa y así abandonar la habitación. Al resto de los denunciados, les considera colaboradores del acoso que sufrió durante semanas.  

En los meses de verano en los que sucedieron los hechos, la residencia disponía de unas 40 habitaciones libres y el brigada al que se pretendía asignar la habitación del coronel se encontraba en misión internacional. Es, además, habitual que militares de paso en Madrid soliciten este tipo de alojamientos en estas fechas, ya que suele haber disponibilidad y la escuela permite su uso tanto para los profesionales como para sus familias.

El parte

El denunciante presentó un recurso de alzada en su día por la comunicación defectuosa de la orden de abandonar el alojamiento. En una carta remitida por el padre del coronel asturiano al presidente de la Junta General del Principado, Marcelino Marcos Líndez, y a la que ha tenido acceso La Voz, relata alguno de los hechos de los que fue víctima su hijo tras presentar ese recurso. Explica que el general Millán dio al Jefe del Estado Mayor (JEME) un parte disciplinario por falta grave, como medida intimidatoria y de coacción, que podría haber derivado en dos meses de arresto, pero nunca inició un trámite ordinario de desahucio, como figura en las propias normas del alojamiento, para que resolviera un juez. El JEME llegó a justificar la decisión de Millán que ofreció parar ese parte si, finalmente, abandonaba la habitación. No lo entendió como un chantaje sino como «un intento de solución negociada» pese a que la ley disciplinaria de las Fuerzas Armadas no permite retirar un parte. Ese ofrecimiento no estaba al alcance del general Millán, salvo que estuviera en contacto con el asesor jurídico del Ejército.

El coronel tuvo que recurrir incluso al ministerio de Defensa. En concreto, remitió un escrito a finales de agosto que tampoco surtió efecto. La ministra no asumió esta competencia del JEME, a pesar del temor del coronel de que el asesor jurídico estuviera implicado. El JEME, de hecho, no vio ningún tipo de falta disciplinaria en la actuación del general durante todo el verano.

Primer caso de moobing

La presión no cesó hasta que el militar asturiano terminó saliendo de la habitación en la última semana de agosto, el mismo día que el juzgado le comunicó que era dueño de pleno derecho de su casa y que el procedimiento había concluido. Ahora será la justicia la que tenga que resolver si se produjo o no un caso de acoso profesional. ¿Qué pudo desencadenar toda esta situación? El padre del coronel asturiano, en un escrito dirigido nuevamente a Defensa, apunta alguna explicación. Recuerda que su hijo fue el primer militar en denunciar un caso de moobing dentro del Ejército español y que supuso el procesamiento del entonces coronel Luis Gómez Armero.   

Este nuevo caso coincide, precisamente, con la decisión del Ministerio Defensa, anunciada a finales de noviembre, de estudiar medidas adicionales de protección frente al posible acoso profesional en las Fuerzas Armadas. El movimiento de la administración ha desencadenado otro paso extra del coronel asturiano que ha pedido su amparo. Hasta que no exista un protocolo de actuación concreto, ha reclamado que se le aplique algunos de los protocolos vigentes, el que regula casos entre militares y civiles, el aplicable al personal de la Administración General del Estado (AGE) o aquel que se aplica por razón de género dentro del propio Ejército.

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