Hacienda estrechará el cerco sobre asturianos que fingen vivir en Madrid para pagar menos impuestos

La asociación de inspectores reclama más control estatal y señala que la capital no colabora con la petición de datos de comunidades como el Principado

En los debates sobre el reparto de la carga de los impuestos, Asturias y Madrid se utilizan como modelos contrapuestos, al norte de la cordillera con tasas que gravan más a rentas altas en patrimonio o sucesiones; y en el centro de la meseta con amplias exenciones y bonificaciones. Los críticos con el modelo asturiano, dentro de la propia Asturias, advierten contra el éxodo fiscal de los más afortunados pero no hay una contabilización de estos casos. Con todo, haberla hayla, y tanto como para que el último congreso de asociación de inspectores de Hacienda del Estado (IHE) reclame específicamente al Estado más colaboración con comunidades como Asturias a la hora de controlar los cambios fraudulentos de domicilio para evitar pagar lo que corresponde dentro del Plan de Control Tributario.

El gobierno asturiano realiza de forma regular y anualmente estos controles sobre alteraciones ficticias del domicilio pero arrastra desde hace años la demanda de que los organismos del Ministerio de Hacienda crucen datos con los territorios para descubrir todos los fraudes. Una reivindicación que, afirman, será tenida en cuenta en la próxima organización de los departamentos. Ha sido también la demanda con la que cerró el cónclave del pasado mes de octubre la IHE, en un documento en el que, la primera de sus medidas (junto a controles internacioanales) se centra en el propio interior de España y en la falta de colaboración de la capital del Estado. «Para evitar la deslocalización de personas y patrimonios a nivel nacional, se propone potenciar en el Plan de control tributario de la AEAT de cada año programas específicos de actuación para evitar deslocalizaciones ficticias de personas físicas y jurídicas en otras Comunidades Autónomas; reza el documento.  

En el texto no se señala a ningún territorio en concreto, pero en las explicaciones dadas en aquellas jornadas por la presidenta de la asociación de inspectores, Berta Tomás Vidal, se apuntó directamente a algo más grave, la complicidad del gobierno de Madrid con los defraudadores frente a los requerimientos de otras comunidades. La Agencia Tributaria debe evitar engaños de esta clase, pero corresponde a los gobiernos autonómicos la competencia de control de algunos tributos cedidos como Patrimonio o Sucesiones y Donaciones, que han sido bonificados prácticamente al 100% en comunidades como Madrid y motivan buena parte de las falsas residencias fiscales. Además alertaron de falta de solidaridad de comunidades con impuestos bajos como Madrid, que no colaboran a la hora de denunciar y comunicar a las comunidades de origen las falsas deslocalizaciones que les llegan de otras regiones. «Es un fenómeno muy importante desde el punto de vista cuantitativo. Muchos contribuyentes deslocalizan su residencia para pagar menos impuestos en otras comunidades», denunció Tomás Vidal. Aunque los controles de cambios de domicilio ficticio se hacen en todas las comunidades sólo en las que hay menos bonificaciones, como es el caso de Asturias, se llevan a cabo efectivamente. En el caso de Madrid, sin que haya una presión de la administración central, no tienen incentivos para hacerlo porque está cobrando impuestos de un ciudadano más en el que en realidad luego no invierte gasto público.

En el caso de Asturias están exentos de pagar Sucesiones las herencias, para parientes directos, de menos de 300.000 euros, y existen numerosas bonificaciones, por ejemplo, para la empresa familiar. En Madrid la bonificación general del tributo es del 99% para todos los casos, de manera que una herencia alta, que supere el millón de euros, pagan mucho menos en la capital que en Madrid. Los defraudadores pueden similar el cambio de domicilio aunque, al menos en un caso de la década pasada, se comprobó que asistía regularmente a hospitales asturianos. 

En términos globales para el conjunto del Estado, el documento de los inspectores indica que los datos de 2018 de seguimiento por parte de la Unidad Central de Coordinación del Control de Patrimonios Relevantes ronda los 170.000 contribuyentes. «El trabajo de la nueva Unidad Central de Coordinación del Control de Patrimonios Relevantes, y el cada vez mejor análisis de la información, se está concretando en importantes avances en materia de detección de bienes y derechos ocultos y rentas no declaradas y en general, en la eficiencia de las inspecciones a grandes patrimonios, generando en 2018 deudas liquidadas por importe de más de 347 millones de euros en 494 expedientes».

Los inspectores proponen una definición de «gran patrimonio» o «patrimonio relevante» a partir de dos millones de euros. También han reclamado que se pueda pagar a confidentes, algo que ha tenido éxito en muchos países, o que se les permita realizar inspecciones de incógnito para poder empezas una investigación sin poner alerta al presunto defraudador. 

Entre otros puntos han destacado también que se debe observar el abuso de la contabilidad creativa en Sociedades para eludir el pago por patrimonio, los usos irregulares de las SICAV (con un uso fraudulento del verdadero número de participantes en el instrumento colectivo), endurecer el régimen sancionador para quienes ofrezcan y comercialicen productos de ingeniería fiscal ilícitos; así como mayores medidas en el ámbito internacional.

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