La compañía cree que el resultado ha sido un «desastre». Los sindicatos creen que las plantas asturianas están en desventaja frente a otras competidoras incluso del mismo grupo. El Gobierno regional muestra su preocupación
19 dic 2019 . Actualizado a las 16:39 h.La subasta de interrumpibilidad para el primer semestre de 2019 ha sido «un desastre» para ArcelorMittal, según han admitido fuentes de la empresa, que no ha podido cumplir con sus necesidades. Tanto los sindicatos de la compañía como el Gobierno regional han expresado su preocupación por el resultado de la subasta, que deja a las plantas asturianas en desventaja frente a otras competidoras incluso del mismo grupo.
En una primera reacción, el secretario general de UGT en ArcelorMittal en Gijón, José Manuel García, ha dicho que lo ocurrido es «un varapalo» para la empresa y puede tener «una repercusión grandísima», dado que las plantas se quedan en desventaja frente a otras competidoras incluso del mismo grupo.
Por su parte, el Gobierno regional ha reconocido que el planteamiento y el resultado de la subasta «no es una buena noticia» para la industria de la comunidad. La Consejería de Industria ha señalado que esta circunstancia hace «más necesario que nunca» la existencia de un Gobierno de la nación «plenamente operativo que apruebe a la mayor brevedad el estatuto de consumidores electrointensivos».
«Un estatuto que contemple las medidas oportunas para garantizar la competitividad, en un marco estable y predecible, de los suministros energéticos de nuestra industria», ha señalado.
Las subastas de potencia interrumpible para el primer semestre de 2020 organizadas esta semana por Red Eléctrica de España (REE) han asignado 1.000 megavatios (Mw) de potencia a treinta empresas por 4,38 millones de euros, según datos del gestor técnico del sistema. En las subastas, que han repartido 200 bloques de 5 megavatios, han participado 118 empresas y el precio medio de asignación se ha situado en 8.764 euros por megavatio y año.
ArcelorMittal considera que el resultado de la subasta del servicio de interrumpilidad eléctrica ha sido «un desastre». El Gobierno regional ha incidido en que, si bien es cierto que desde la Unión Europea se han manifestado algunos reparos al sistema de interrumpibilidad, «es necesario que las empresas que prestan un respaldo en la seguridad del sistema eléctrico deben tener una adecuada remuneración».
Unido a ello, ha explicado que el incremento en las compensaciones de costes de emisiones indirectas de CO2 «alivia en parte» el resultado de las subastas de interrumpibilidad, que para este año 2019 se incrementó en 81 millones hasta los 172,23 millones.
El Gobierno asturiano ha subrayado que sigue trabajando para maximizar el coste que se puede compensar a las empresas asturianas y que esta compensación sea el total de los costes indirectos. Para ello, ha recordado, se ha solicitado al Gobierno de España que comunique a la Unión Europea un aumento en la intensidad máxima de las compensaciones y una variación en los coeficientes de cálculo asignados a nuestro país.