La emergencia industrial en Asturias une a partidos, empresas y trabajadores

Juan M. Arribas

ASTURIAS

ArcelorMittal
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El Principado exige a Pedro Sánchez las máximas compensaciones para la industria. La patronal avisa que los altos costes de la tarifa eléctrica puede afectar al empleo. Los sindicatos tildan de «salvajada» el resultado de la subasta eléctrica. IU y C's urgen medidas al Gobierno central

20 dic 2019 . Actualizado a las 16:59 h.

La situación de emergencia industrial que vive Asturias ha puesto de acuerdo a Gobierno, empresas, sindicatos y oposición. Todas las partes han reclamado compensaciones a la gran industria asturiana para abaratar la tarifa eléctrica que padecen, que llega a ser hasta un 30% superior al de sus competidores en Europa.  El Gobierno regional ha reclamado a Pedro Sánchez que las compensaciones suban hasta el tope máximo de la ayuda permitida. La patronal avisa que los altos costes pueden afectar al crecimiento de las empresas y al empleo que generan.

El Principado ha exigido al Ejecutivo central que las compensaciones por costes indirectos de CO2 suban hasta el tope máximo de la ayuda permitida, una medida que ven urgente. La directora general de Energía, Minería y Reactivación, Belarmina Díaz, ha mostrado la preocupación del Gobierno asturiano sobre una situación que «no admite más demora». «Urgimos al Gobierno central que adopte a la mayor brevedad posible y de forma prioritaria medidas para compensar a la industria por la situación por la que está pasando».

Trabajadores

Mientras, los sindicatos CCOO, UGT y USO en Asturias han tildado de salvajada y de desastre el resultado de las subastas de interrumpibilidad para el primer semestre del año celebradas esta semana y han pedido regular el sector para que pueda tener unos costes competitivos y garantizar el empleo, así como alcanzar un plan energético «serio».

El secretario general de la Federación de Industria de CCOO Asturias, Damián Manzano, ha afirmado que la subasta ha sido una «catástrofe absoluta» y ha defendido las movilizaciones convocadas para el 22 de enero en Madrid. A nivel regional ha criticado la «pasividad o falta de exigencia y compromiso» con la industria asturiana, que necesita que se adopten medidas y ha apelado a la responsabilidad de las empresas afectadas para que no tomen decisiones que afecten a los puestos de trabajo. El secretario general de Industria de UGT Asturias, Jenaro Martínez, ha considerado que el resultado de la subasta ha sido «un desastre», mientras que el secretario general de la federación de industria de USO Asturias, Juanjo Estrada, ha visto «obsceno» el sistema de subasta y en esta ocasión ha resultado «otra puñalada y otro palo en el camino».

Empresarios

Por su parte, el presidente la Federación de Empresarios del Metal y Afines de Asturias (Femetal), Guillermo Ulacia, ha advertido que el resultado de la subasta de interrumpibilidad  aumenta la vulnerabilidad de las empresas asturianas y ha advertido de que si continúa esta tendencia se pondrán en riesgo todos los planes de modernización de las empresas, así como su crecimiento y el empleo que generan.

Más del 60% de los costes eléctricos son costes regulados, ha señalado Ulacia, que ha considerado que si Europa pone condiciones para hacer subastas de interrumpibilidad habrá que explorar alternativas para que esos costes que soportan las industrias se actualicen y se pueda cerrar la diferencia de precios de electricidad que tiene la industria española con la de sus competidores de Francia o Alemania.

IU

La portavoz de IU en la Junta General, Ángela Vallina, ha calificado de «imperiosa» necesidad la aprobación del estatuto electrointensivo y ha acusado a las ministras para la Transición Ecológica y de Industria, Teresa Ribera y Reyes Maroto, de parecer «dos kamikazes» frente al sector industrial de Asturias. Vallina las ha responsabilizado de los efectos que tendrán sobre Asturias los resultados de la subasta de interrumpibilidad y de poner en marcha «unas políticas que atentan contra los sectores productivos asturianos». Ante esta situación, Ángela Vallina ha apuntado que «ahora es más necesario que nunca» que el Gobierno aclare cuáles van a ser las compensaciones de costes indirectos de CO2.

Ciudadanos

Ciudadanos ha planteado en el Congreso aumentar las compensaciones por emisiones de dióxido de carbono (CO2) para la gran industria como una de las posibles medidas. Asimismo, reclama establecer una tarifa eléctrica «predecible, estable y competitiva» para la industria, y se interesa por las medidas que incluirá el Estatuto Electrointensivo, pendiente aún de aprobar, para rebajar el coste de la factura eléctrica.